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Tras la notificación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de dejar en firme la suspensión del polémico proyecto de resolución por el futuro ambiental de Sabana de Bogotá, el Ministerio de Ambiente anunció este viernes que interpondrá una acción de tutela contra esta decisión.
La cartera ministerial argumentó que se desconocieron “las 43 mesas de trabajo realizadas en el proceso de participación y coordinación con gremios, sociedad civil, municipios, sector productivo, academia y otros actores, en el marco del diagnóstico y la formulación del proyecto”.
En contraste, indicaron que acatan la decisión y en cumplimiento de la orden judicial, fortalecerán los espacios de diálogo y participación con los distintos actores institucionales y la ciudadanía de la Sabana de Bogotá. “Entendemos las preocupaciones del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pero es fundamental que avancemos con responsabilidad. No se trata de frenar el desarrollo, sino de garantizar que se haga de manera sostenible, con base en la evidencia científica y el interés común”, afirmó la ministra de Ambiente, Lena Estrada.
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Por ello, la entidad insistió en que “la prioridad del Gobierno Nacional es la protección de los ecosistemas”, en una “región clave para la regulación del agua y la biodiversidad, que requiere lineamientos claros para enfrentar la vulnerabilidad climática”, concluyeron.
Cabe recordar que el pasado 14 de marzo, la magistrada del Tribunal de Cundinamarca, Nelly Villamizar, acogió la solicitud del Acueducto de imponer una medida cautelar contra el proyecto de resolución, hasta tanto los documentos y pruebas técnicas sean revisadas por las entidades que “no tuvieron la posibilidad de controvertir y contradecirlos”, indicó durante la audiencia a la que asistió el alcalde Galán; el gobernador, Jorge Rey; la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada; y demás funcionarios.
La resolución de MinAmbiente
Una directriz del Ministerio de Ambiente reactivó el choque entre el Distrito y la nación. Se trata de la reciente consulta pública por un proyecto de resolución que cambiaría el ordenamiento territorial de los municipios de la sabana de Bogotá. En ella se delimitan cinco zonas (recarga de acuíferos, bosques naturales andinos, bosques secos subxerofíticos, humedales y áreas de amenazas naturales) y las declara áreas de especial importancia ambiental, cobijando con medidas de protección a casi 581.000 hectáreas (ha), lo que obligaría a acogerse a nuevas reglas ambientales a cualquier iniciativa urbanística, minera o agrícola.
En este pleito hay una verdad irrefutable: el flujo migratorio desde la capital hacia los municipios vecinos generó una creciente demanda de vivienda, obras de urbanismo y zonas de producción, que vienen ejerciendo presión en los ecosistemas de una zona originalmente rural. Y esto se respalda en cifras: según Bogotá Cómo Vamos, entre 2005 y 2018 la población de estos municipios pasó del 47 % al 63 % y, según el DANE, la tasa de crecimiento poblacional aumentó 117 %.
En lo ambiental, cerca del 70 % de los humedales han sufrido alguna modificación por la expansión, y la conectividad hídrica se ha visto fragmentada un 85 %. Para completar, de 2000 a 2018 se perdieron 36.000 ha con potencial agrícola (casi el 10 % de la zona más fértil de la sabana) y el acceso al agua también se ha visto afectado: gran parte de los municipios reportan demandas muy altas, sobrepasando la oferta hídrica. De ahí, que nueve de las diez cuencas de la sabana se encuentren en riesgo.
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Pero construir de manera desmedida en un territorio como la sabana, a través del relleno de humedales, también tiene sus consecuencias. 21.570 hectáreas están en zonas de alta amenaza por inundaciones y deslizamientos. De hecho, sucesos como el de hace unos años en Mosquera, en cercanías del humedal La Herrera, o las inundaciones en la autopista norte del año pasado, fungen como el ejemplo perfecto.
Aunque varios actores reconocen la importancia y el legado a la preservación de la resolución, una vez sea expedida, hay otros actores que han presentado sus reparos. Entre ellos, la Alcaldía de Bogotá y el gremio constructor, quienes aseguran que lo planteado en la resolución impactaría el desarrollo de nuevas unidades de vivienda y la realización de obras como la ampliación de la autopista norte, la Av. Boyacá; así como la PTAR Canoas.
Dichas críticas han sido desestimadas por expertos, quienes aseguran que la resolución no reemplazaría ni suprimiría lo estipulado en los POT Y PBOT de Bogotá y los 35 municipios, sino que daría nuevas directrices para la preservación de este ecosistema de interés nacional. No obstante, tanto el Distrito como los demás opositores, sostienen que existen puntos ambiguos en la norma que “les generan incertidumbre”.
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Por Redacción Bogotá
