Amplían plazo de consulta pública para la resolución sobre la sabana de Bogotá

Reunión entre la magistrada Nelly Villamizar, la Ministra de Ambiente, y los representantes de la Gobernación y los municipios.

Foto: Ministerio de Ambiente

En atención a la solicitud radicada por la Gobernación de Cundinamarca, y de varios actores de la sociedad civil, el Ministerio de Ambiente decidió ampliar el plazo de la consulta pública para el proyecto de resolución, con el que busca implementar lineamientos de organización ambiental en 35 municipios de la sabana de Bogotá.

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La decisión se comunicó tras una audiencia citada por el Tribunal de Cundinamarca, presidida por la magistrada Nelly Villamizar, y en la cual se citó tanto a la jefe de la cartera ambiental, Lena Estrada, como a los representantes de las unidades territoriales implicadas en el proyecto de resolución.

Durante dicha reunión, el Ministerio acordó, además de ampliar el plazo de la consulta más allá del 14 de marzo, la realización de mesas de diálogo en las que se incluirán, tanto a los actores institucionales, como de la comunidad en general.

Si bien, el Ministerio de Ambiente ha sido enfático en que socializó la futura resolución hasta en 30 espacios de diálogo y trabajo previos a la apertura de la consulta, los gobiernos municipales y del Distrito Capital afirman lo contrario. De ahí, que el punto sobre la concertación fue uno de los más protagonizó los reproches de quienes se oponen a la resolución.

De tal modo, que la ampliación del plazo es innegablemente un avance importante en la construcción del proyecto de resolución y la eventual conciliación de todos los puntos de vista que han surgido tras la publicación de los que serían los lineamientos de la directriz.

En el transcurso de estos espacios, los representantes de los municipios, la Gobernación y el Distrito, tendrán la oportunidad de plantear sus principales inquietudes y resolver las dudas en torno a la futura resolución. Varios de ellos, según se conoció en la opinión pública, esta semana, residen en los determinantes ambientales que plantearía la resolución, y su impacto en lo que ya se encuentra estipulado en los instrumentos de ordenamiento territorial (POT y PBOT).

El objetivo principal, de acuerdo con los actores implicados, no es otro que el de concertar un documento para detener el innegable impacto ecosistémico que ha padecido la sabana de Bogotá por la ampliación urbana desmedida, sin que ello implique la afectación a otras variables. Entre ellas, la movilidad, el acceso a la vivienda, y la puesta en marcha de proyectos estratégicos.

La resolución de MinAmbiente

Una directriz del Ministerio de Ambiente reactiva el choque entre el Distrito y la nación. Se trata de la reciente consulta pública por un proyecto de resolución que cambiaría el ordenamiento territorial de los municipios de la sabana de Bogotá. En ella se delimitan cinco zonas (recarga de acuíferos, bosques naturales andinos, bosques secos subxerofíticos, humedales y áreas de amenazas naturales) y las declara áreas de especial importancia ambiental, cobijando con medidas de protección a casi 581.000 hectáreas (ha), lo que obligaría a acogerse a nuevas reglas ambientales a cualquier iniciativa urbanística, minera o agrícola.

En este pleito hay una verdad irrefutable: el flujo migratorio desde la capital hacia los municipios vecinos generó una creciente demanda de vivienda, obras de urbanismo y zonas de producción, que vienen ejerciendo presión en los ecosistemas de una zona originalmente rural. Y esto se respalda en cifras: según Bogotá Cómo Vamos, entre 2005 y 2018 la población de estos municipios pasó del 47 % al 63 % y, según el DANE, la tasa de crecimiento poblacional aumentó 117 %.

En lo ambiental, cerca del 70 % de los humedales han sufrido alguna modificación por la expansión, y la conectividad hídrica se ha visto fragmentada un 85 %. Para completar, de 2000 a 2018 se perdieron 36.000 ha con potencial agrícola (casi el 10 % de la zona más fértil de la sabana) y el acceso al agua también se ha visto afectado: gran parte de los municipios reportan demandas muy altas, sobrepasando la oferta hídrica. De ahí, que nueve de las diez cuencas de la sabana se encuentren en riesgo.

Pero construir de manera desmedida en un territorio como la sabana, a través del relleno de humedales, también tiene sus consecuencias. 21.570 hectáreas están en zonas de alta amenaza por inundaciones y deslizamientos. De hecho, sucesos como el de hace unos años en Mosquera, en cercanías del humedal La Herrera, o las inundaciones en la autopista norte del año pasado, fungen como el ejemplo perfecto.

Aunque varios actores reconocen la importancia y el legado a la preservación de la resolución, una vez sea expedida, hay otros actores que han presentado sus reparos. Entre ellos, la Alcaldía de Bogotá y el gremio constructor, quienes aseguran que lo planteado en la resolución impactaría el desarrollo de nuevas unidades de vivienda y la realización de obras como la ampliación de la autopista norte, la Av. Boyacá; así como la PTAR Canoas.

Dichas críticas han sido desestimadas por expertos, quienes aseguran que la resolución no reemplazaría ni suprimiría lo estipulado en los POT Y PBOT de Bogotá y los 35 municipios, sino que daría nuevas directrices para la preservación de este ecosistema de interés nacional. No obstante, tanto el Distrito como los demás opositores, sostienen que existen puntos ambiguos en la norma que “les generan incertidumbre”.

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