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La ley de garantías por el proceso electoral de este año hizo que la Unidad de Víctimas olvidara renovar el contrato con un albergue en el que se alojan 59 familias de la comunidad Emberá. Al menos esa es la conclusión de la Personería de Bogotá sobre lo ocurrido con 257 personas del pueblo indígena, que aguardan por el posible desalojo del hogar “La Maloka”, ubicado en el barrio Villa Javier de la localidad de San Cristóbal, que es el único techo que tiene esta población desplazada por la guerra.
En estos momentos, el reloj corre en contra de una salida para que los indígenas Emberá no sean desalojados del albergue. Con el operador de la maloka se llegó a un acuerdo para que las familias pasaran allí las noche del jueves y del viernes. No obstante, por ahora es una incógnita si los indígenas pasarán la noche del sábado bajo techo porque apenas se está estructurando la renovación del contrato. Estos acuerdos preocupan a la Personería, que los consideró “informales”.
“Sigue latente la situación de un posible desalojo en la maloka y preocupan los acuerdos informales que se están haciendo por esta dejación de la Unidad Nacional de Víctimas. Hubo imprevisión y falta de planeación, a todo el mundo se le olvidó”, indicó la personera distrital, Carmen Teresa Castañeda sobre el contrato suscrito para atender y albergar a la población indígena, y que venció el pasado 30 de junio.
Además del acuerdo para el alojamiento de las dos noches, la personera hizo referencia al convenio de auxilio para las familias indígenas (en las que hay 180 niños) para que afronten esta situación. Aunque la Unidad de Víctimas anunció que iba a otorgar un subsidio mensual por entre $600 mil y un millón de pesos a cada familia, Castañeda, quien visitó el miércoles la maloka, aseguró que a cada núcleo solo le dieron $420 mil para todo el mes.
“Les dieron aproximadamente $80 mil por persona para vivir un mes. La pregunta que nos hacemos es '¿qué va a pasar con esta población?'”, cuestionó la personera, quien además aseguró que, como tampoco tenían alimentación, gran parte del dinero que les dieron ya lo invirtieron en comida. “Ellos pasaron muchos días sin alimento y apenas les dieron esos $420 mil salieron a comprar comidas que, además, no son saludables. En muy poco tiempo se van a quedar sin ese auxilio y no van a tener para dormir ni para comer”
Finalmente, la personera celebró que el Ministerio Público decidiera asumir la investigación del caso, y aseguró que en poco tiempo habrá resultados y el asunto estará solucionado. “La procuraduría está tomando cartas en el asunto. Sabemos que la acción será efectiva y en muy poco tiempo estará conjurado este problema”.
Los afectados por esta situación no ocultan su preocupación pues, si no hay solución, el viernes en la mañana deberán desalojar el hogar. “La situación está muy complicada. Si no hay respuesta, mañana a las 10 de la mañana nos toca irnos. Hay niños sufriendo y con hambre y pedimos que nos resuelvan la situación porque ni siquiera sabemos si nos van a reubicar”, indicó uno de los líderes de la comunidad indígena en diálogo con RCN Radio. El líder advirtió además que, si no son reubicados, el viernes pasarán la noche en un parque aledaño.
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Por Redacción Bogotá - Bogota@elespectador.com
