Bogotá

9 Sep 2016 - 5:12 p. m.

Motos eléctricas para Policía de Bogotá por fin serán sometidas a mantenimiento

Mientras los vehículos se deterioraban, el Distrito había intentado adjudicar el contrato de mantenimiento; no obstante, el proceso siempre era declarado desierto por falta de proponentes.

Redacción Bogotá

Días después de que se alertara desde el Concejo de Bogotá que 65 de las 100 motos eléctricas adquiridas para la Policía permanecen varadas y arrumadas en un parqueadero por falta de mantenimiento, este viernes la Administración Distrital anunció que finalmente logró contratar el servicio para ponerlas en funcionamiento. (Lea: Se prolonga agonía de motos eléctricas para la Policía de Bogotá)

Según el Fondo de Vigilancia y Seguridad, pese a que desde mediados de 2014 se había intentado adjudicar un contrato de mantenimiento para los vehículos –adquiridos en 2012 bajo la administración del exalcalde Gustavo Petro por valor de casi $4.300 millones– por fin se logró surtir el trámite a través de la figura de subasta inversa.

De acuerdo con el subgerente técnico del Fondo De Vigilancia, German Esteban, en el proceso participaron tres firmas de las cuales se escogió la que ofrecía mejores condiciones económicas y el cumplimiento de los requisitos técnicos.

“El mantenimiento será preventivo y correctivo, incluyendo la mano de obra con suministro de repuestos y los insumos nuevos para garantizar el funcionamiento de las motos”, explicó el funcionario, señalando que a partir de este viernes y hasta el 31 de diciembre, la empresa adjudicada empezará a programar el mantenimiento.

Por otro lado, la entidad precisó que son 65 y no 64 las motos fuera de servicio, y que cinco fueron declaradas siniestradas y están con control de la aseguradora. Las otras 35 están prestando su servicio normalmente.

“Con esta contratación se espera que en el menor tiempo posible la mayor cantidad de estas motos reciban revisión y mantenimiento, y empiecen a prestar el servicio necesario para el patrullajes en diferentes zonas de la ciudad”, agregó el subgerente técnico del Fondo De Vigilancia.

Pensadas como una alternativa ecológica y amigable con el medio ambiente, en 2012 la entonces administración Petro adquirió a través del Fondo de Vigilancia las 100 motos. La adquisición estuvo rodeada de cuestionamientos por sobrecostos, irregularidades en contratación y falta de mantenimiento.

Apenas este martes, el concejal Julio César Acosta (Cambio Radical), denunció que 48 de los vehículos permanecen arrumados en la estación de Policía de Kennedy, 16 más transitan de taller en taller a la espera de un repuesto desde hace varios meses e incluso, una fue declarada en pérdida total, luego de que se incineró a causa de un cortocircuito en el motor. Las 35 restantes que sí están en servicio, dijo el cabildante, presentan distintas fallas por lo que eventualmente, podrían quedar fuera de servicio en las próximas semanas.

“Estas motocicletas fueron compradas contra viento y marea por el Fondo de Vigilancia, a pesar de que en su momento la Policía, la Contraloría Distrital y hasta la Veeduría, señalaron que no era conveniente. La falta de garantía de repuestos, los altos costos de los mismos, fallas estructurales en el chasis y el peso de las baterías (más de 80 Kilos), fueron parte de las razones expuestas para rechazar la compra. Sin embargo, se hizo y hoy tenemos una montaña de chatarra eléctrica que difícilmente se podrá recuperar”, reclamó Acosta.

Desde el momento mismo de la adquisición de las motocicletas, se advirtieron posibles irregularidades en la compra. Este negocio, según la investigación, supuestamente violó la ley de contratación, ya que, en vez de abrir licitación, se hizo a través de contratación directa. De acuerdo con la Contraloría, se provocó un posible detrimento patrimonial cercano a los $1.200 millones.

Por estos hechos, sumado al manejo de la contratación que se vivió en el Fondo de Vigilancia y Seguridad, en marzo pasado fue capturado el exgerente de la entidad, César Augusto Manrique Soacha, a quien procesan por interés ilícito en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

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