Muerte de recluso en La Picota: ¿evidencia de presuntos excesos y malos tratos? 

Foto de referencia / Archivo

Una gorra. Ese habría sido el detonante de una fatal disputa que el pasado martes sacudió los pasillos del patio 14 de la cárcel La Picota, en el suroriente de Bogotá. El saldo: un recluso muerto, quien –denuncian allegados, organizaciones e incluso, los mismos reos– habría perdido la vida a manos de los guardias del centro penitenciario. Hoy, pasados cuatro días, no dejan de ser inciertas las circunstancias de la muerte. Mientras el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) asegura que ya investiga lo sucedido y señala como causa del fallecimiento un paro cardíaco, la familia lo atribuye a una golpiza propinada por los custodios. En paralelo, colectivos de derechos humanos y organizaciones que trabajan por las condiciones de los reclusos alertan que la muerte es apenas una muestra de presuntos abusos y atropellos al interior de las cárceles. 

La víctima es Deivis Eduardo Ruíz Torres, un hombre de 28 años que, desde noviembre de 2015, estaba recluido por un homicidio perpetrado en Cartagena. Las versiones iniciales indican que, sobre las 11:00 de la mañana del martes 27 de marzo, el interno habría solicitado ser trasladado al área de sanidad, al parecer, por una taquicardia grave, aunque su familia desmiente algún problema cardíaco. 

(Lea: Investigan posible participación de guardias del Inpec en muerte de interno en La Picota)

“A él lo ‘levantaron a palo’ hasta causarle la muerte por el simple hecho de quitarle una gorra. Por eso, empezaron a ‘corretiarlo’ y le daban palo. Mi hermano pedía auxilio, clamaba que no lo mataran. Les insistía que no había hecho nada. Pero le cayeron como ocho guardias. Le dieron y le dieron hasta que lo mataron. Luego, lo dejaron tirado como un perro”, reclamó Tatiana Ruíz, hermana del fallecido. El Inpec, por su parte, indica que el interno actuó de forma alterada y agresiva al no ser atendido de forma oportuna, por lo que tuvo que ser “reducido por los guardias”. 

La versión de la familia es respaldada por la Fundación Emanuel, que vela por la protección de los derechos humanos de presos y sus familias. Según relatos conocidos por la organización, Deivis llevaba una gorra y uno de los superiores le dijo que tenía que quitársela. “Al oponerse se desencadenó todo”. Liliana Rodríguez, directora de la Fundación, afirma que el comportamiento del recluso pudo darse debido a que permanece privado de la libertad. “Hay que tener en cuenta que la reacción de una persona dentro de un centro penitenciario es diferente a la de alguien en libertad. Un recluso ante un padecimiento puede sentir desasosiego, muerte súbita o desespero”, explica. 

Tras ser reducido por los guardias, el interno fue trasladado al área de sanidad, donde fue atendido por los médicos del penal. Ante su estado de salud fue llevado a la unidad de urgencias del hospital El Tunal. La familia denuncia que pasaron varias horas antes de ser conducido a este centro médico. “A Deivis lo llevan al hospital porque los otros internos se sublevaron, comenzaron a decir que lo sacaran y no lo dejaran morir. A mí lo que me dijeron en Medicina Legal es que llegó al hospital sin signos vitales”, sostuvo Tatiana Ruíz. “Él estaba todo ‘moreteado’. Murió por los golpes y el dictamen saldrá hasta dentro de dos meses. Él no sufría ninguna enfermedad, eso es lo que están diciendo los guardias para cambiar los hechos y enredar la investigación”.

Uno de los reclusos que habría presenciado los hechos asegura que su compañero fue perseguido por varios patios y una vez fue alcanzado por los guardias lo agredieron con sevicia. “Él corrió y lo alcanzaron en el patio 4. Se agarró de las rejas pidiendo auxilio y que no lo maltrataran más, pero recibió golpes de los dragoneantes (…) Nuestro clamor es que pare el maltrato y la humillación. Las torturas deben parar”, declaró el reo, quien dijo que su versión puede ser corroborada por medio de las cámaras de seguridad del centro penitenciario, aunque teme que los videos terminen ‘embolatados’.

¿Caso aislado o situación reiterada?

La Fundación Emanuel no ha sido la única que ha puesto el foco en este caso. El Movimiento Nacional Carcelario y colectivos de derechos humanos como el Equipo Jurídico Pueblos también coinciden en que el fallecimiento pone en evidencia las arbitrariedades y excesos que se viven tras las rejas.

Según el Equipo Jurídico Pueblos, se trata de un caso de tortura y homicidio agravado. Por ello, elevaron un llamado a la Dirección General del Inpec para que recopile y conserve cualquier tipo de evidencia que permita esclarecer los hechos. Adicionalmente, que se revelen los nombres de los uniformados implicados y se detalle si han sido denunciados por situaciones similares. A la Fiscalía y a la Procuraduría les piden abrir investigaciones penales y disciplinarias por lo sucedido. 

“Lamentablemente, las investigaciones por hechos de tortura, malos tratos, abuso de autoridad y otras formas de violación de derechos humanos que se cometen contra la población reclusa o sus familiares en Colombia, se caracterizan porque en ellas concurren toda suerte de mecanismos de impunidad. Por ello, esperamos que esa no sea de nuevo la respuesta a este caso”, advirtió el colectivo.

El Movimiento Nacional Carcelario no dudó en calificar el procedimiento de los guardias como “brutal y salvaje” e indicó que arremetieron contra Deivis a punta de “todo tipo de golpes con garrotes, puños y patadas”. Denunció además que la muerte pretende ser legalizada a causa de un coma inducido por diabetes, una enfermedad “que nunca ha padecido”.

“Declaramos nuestra consternación y frustración ante la muerte del interno y sobre todo, ante la injusticia imperante en todos los rincones de las cárceles y penitenciarias del país. Como este caso, se pueden visibilizar centenares que engrosan el número de muertos, producto de la desidia y salvajes tratos que recibimos como el pan diario en estos lugares olvidados”, afirmó el Movimiento. 

La directora de la Fundación Emanuel agrega otra arista al caso. De acuerdo con su versión, el grupo de guardias encargado de custodiar a Deivis Ruíz y a otros internos el pasado martes ya ha estado implicado en otros casos de presunto abuso de autoridad. “En noviembre del año pasado sucedió lo mismo con un interno en el patio 4 que era vigilado por el mismo grupo y con el mismo sargento a cargo. En esa oportunidad, al recluso le laceraron su cara y cuerpo. Aunque hay denuncias, no ha pasado nada”, precisó. 

Mientras el Inpec avanza con las indagaciones del caso y trata de esclarecer lo ocurrido, la familia del interno clama justicia y exige que quienes serían responsables, paguen por su muerte. “A mi hermano no tenían que maltratarlo por quitarle una gorra y llevarlo hasta la muerte”, concluye Tatiana Ruíz. 

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