Ni la mitad del Concejo de Bogotá ha declarado si tiene impedimentos

En un anaquel de la estrecha oficina del secretario del Concejo de Bogotá reposa un mamotreto de pasta dura azul rey, hojas blancas y título sugerente impreso en letras doradas: Libro de los intereses privados de los concejales. Hasta el miércoles, cuando El Espectador llegó a consultarlo, el peso del texto no se compadecía con su contenido: sólo 20 de los 45 concejales habían cumplido con la obligación de contestar, a mano, el cuestionario de dos páginas que indaga por sus negocios, los de sus familias y, al fin de cuentas, por sus impedimentos.

El libro es público. Lo dice la ley. Pero la visita estuvo llena de requisitos que rayaron en el misterio: que envíe un correo solicitando la consulta; que puede ojearlo y tomar notas, pero no fotos; que debe estar acompañado de un funcionario mientras lo revisa; que entienda que es información sensible para los concejales. Un extraño recelo después de que hace dos años la Secretaría de Transparencia de la Presidencia resaltó al Concejo como uno de los cuatro del país (junto con Barranquilla, Popayán y Villavicencio) que mantenían el documento colgado en su página web para que cualquiera lo consultara. Ese rastro digital hoy no existe.

Los concejales, desde 1994, tienen la obligación de manifestar sus posibles conflictos de intereses a la hora de tratar un tema y, por lo tanto, declararse impedidos para votar. La Ley 136 de ese año también establece que “los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales consignarán la información de su actividad económica privada. Dicho registro será de público conocimiento. Cualquiera que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la corporación, podrá recusarlo ante ella”.

Hasta el miércoles, las únicas bancadas que habían llenado el formato eran el MIRA (Jairo Cardozo y Gloria Díaz) y el Centro Democrático (Diego Devia, Andrés Forero, Ángela Garzón, Diego Molano, Daniel Palacios y Javier Santiesteban), y las de un solo concejal: Libres (Emel Rojas), Progresistas (Hollman Morris) y la ASI (Juan Carlos Flórez).

De los demás partidos, lo habían hecho: de Cambio Radical, José David Castellanos, Rolando González y Pedro Julián López; del Polo, Nelson Castro, Celio Nieves y Manuel Sarmiento; de los conservadores, Nelson Cubides, que llenó el formato pero no lo firmó; del Liberal, Jorge Durán, y de Alianza Verde, Jorge Torres. Ninguno de la U ni el de Opción Ciudadana habían cumplido.

La importancia de hacerlo radica en que, como lo dice la norma, los concejales deben dejar claro que al votar no obran en beneficio propio. Y más allá de eso: así proyectan un poco de transparencia en un oficio tan desprestigiado como la política. Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, agrega que es un requisito preventivo que sirve como instrumento de información para ciudadanos y autoridades, así que los concejales, y políticos en general, no deben creer que se trata de autoincriminarse.

¿Quiénes son los impedidos?

Los primeros impedimentos en el Concejo que se posesionó este año se conocieron en mayo, durante la discusión del Plan de Desarrollo. Diego Molano, del Centro Democrático, era accionista minoritario de la ETB, incluida en el proyecto por la solicitud que hizo el alcalde Enrique Peñalosa para que lo autorizaran a venderla. El vocero del partido uribista lo manifestó y pidió inicialmente que le aceptaran un impedimento parcial, aunque al final decidió vender su participación para votar con tranquilidad. El oficio en el que manifestó su impedimento lo anexó al Libro de intereses privados de los concejales. También lo hizo Ángela Garzón, del mismo partido, porque, según se lee, la cónyuge de su padre, el exvicepresidente Angelino Garzón, también es accionista minoritaria de la empresa.

Al consultar el libro el miércoles se leía que otro concejal uribista, Javier Santiesteban, manifiestó impedimentos para votar proyectos sobre educación privada (es dueño de colegios), transporte especial (es socio de una empresa de ese sector) y la reserva Thomas van der Hammen (no precisa la razón).

El único de otro partido que había dado a conocer un posible conflicto de intereses hasta ese día era Jorge Torres, de la Alianza Verde. En abril envió un oficio, anexado al libro, para que el Concejo estudie si está impedido en caso de que la discusión sobre la reserva llegue al recinto, pues lo financió Arquitectura y Concreto, constructora dueña de predios en la Van der Hammen.

¿Y los demás? Después de la visita fueron avisados y algunos corrieron a buscar las páginas que les corresponden. Al preguntarle a Roberto Hinestrosa, de Cambio Radical y presidente del Concejo, creyó que se le estaba pidiendo la declaración de bienes, pero al aclararle que se trataba del Libro de intereses privados, dijo que no lo conocía. El viernes en la mañana Jorge Lozada, del mismo partido, le dijo a este diario que pediría el libro en la Secretaría para responder el cuestionario. Al final de la tarde, David Ballén, de la U, respondió: “No nos habían avisado, y como uno es nuevo... pero ya lo llené. No tengo ningún impedimento”. Su compañero de bancada, Rubén Torrado, dijo: “No recuerdo si lo he firmado; es que lo hice en el período pasado. El caso es que no soy empresario ni tengo ningún familiar que tenga negocios. No tengo por qué declararme impedido”.

Álvaro Argote, del Polo, manifestó: “Me informaron de Secretaría General que está pendiente esa diligencia, y por supuesto debo hacerla. Pensé que ya lo había hecho, pero para el lunes estará resuelto. Además, porque para los proyectos económicos que venimos decidiendo en estos días es condición no estar inhabilitados por ningún conflicto de intereses y yo he solicitado esto en los debates”. Germán García, liberal, contestó: “Para ser concejal declaré, ante la notaría que me posesionó, que no tengo impedimentos. Así lo ordena la ley. Los documentos están listos para hacerlo en el Concejo”.

En medio de esos apuros terminó una semana difícil para el Concejo, marcada por el alboroto que generó la inspección judicial que adelantó la Fiscalía para investigar si, tras una denuncia penal, los 28 concejales que aprobaron las vigencias futuras para el metro cometieron un delito al darle el sí a ese proyecto, al parecer, sin los estudios que exige la ley.

Firmar el libro y declarar sus impedimentos, en caso de que los tengan, sería un paso para evitar más suspicacias.

En un anaquel de la estrecha oficina del secretario del Concejo de Bogotá reposa un mamotreto de pasta dura azul rey, hojas blancas y título sugerente impreso en letras doradas: Libro de los intereses privados de los concejales. Hasta el miércoles, cuando El Espectador llegó a consultarlo, el peso del texto no se compadecía con su contenido: sólo 20 de los 45 concejales habían cumplido con la obligación de contestar, a mano, el cuestionario de dos páginas que indaga por sus negocios, los de sus familias y, al fin de cuentas, por sus impedimentos.

El libro es público. Lo dice la ley. Pero la visita estuvo llena de requisitos que rayaron en el misterio: que envíe un correo solicitando la consulta; que puede ojearlo y tomar notas, pero no fotos; que debe estar acompañado de un funcionario mientras lo revisa; que entienda que es información sensible para los concejales. Un extraño recelo después de que hace dos años la Secretaría de Transparencia de la Presidencia resaltó al Concejo como uno de los cuatro del país (junto con Barranquilla, Popayán y Villavicencio) que mantenían el documento colgado en su página web para que cualquiera lo consultara. Ese rastro digital hoy no existe.

Los concejales, desde 1994, tienen la obligación de manifestar sus posibles conflictos de intereses a la hora de tratar un tema y, por lo tanto, declararse impedidos para votar. La Ley 136 de ese año también establece que “los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales consignarán la información de su actividad económica privada. Dicho registro será de público conocimiento. Cualquiera que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la corporación, podrá recusarlo ante ella”.

Hasta el miércoles, las únicas bancadas que habían llenado el formato eran el MIRA (Jairo Cardozo y Gloria Díaz) y el Centro Democrático (Diego Devia, Andrés Forero, Ángela Garzón, Diego Molano, Daniel Palacios y Javier Santiesteban), y las de un solo concejal: Libres (Emel Rojas), Progresistas (Hollman Morris) y la ASI (Juan Carlos Flórez).

De los demás partidos, lo habían hecho: de Cambio Radical, José David Castellanos, Rolando González y Pedro Julián López; del Polo, Nelson Castro, Celio Nieves y Manuel Sarmiento; de los conservadores, Nelson Cubides, que llenó el formato pero no lo firmó; del Liberal, Jorge Durán, y de Alianza Verde, Jorge Torres. Ninguno de la U ni el de Opción Ciudadana habían cumplido.

La importancia de hacerlo radica en que, como lo dice la norma, los concejales deben dejar claro que al votar no obran en beneficio propio. Y más allá de eso: así proyectan un poco de transparencia en un oficio tan desprestigiado como la política. Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, agrega que es un requisito preventivo que sirve como instrumento de información para ciudadanos y autoridades, así que los concejales, y políticos en general, no deben creer que se trata de autoincriminarse.

¿Quiénes son los impedidos?

Los primeros impedimentos en el Concejo que se posesionó este año se conocieron en mayo, durante la discusión del Plan de Desarrollo. Diego Molano, del Centro Democrático, era accionista minoritario de la ETB, incluida en el proyecto por la solicitud que hizo el alcalde Enrique Peñalosa para que lo autorizaran a venderla. El vocero del partido uribista lo manifestó y pidió inicialmente que le aceptaran un impedimento parcial, aunque al final decidió vender su participación para votar con tranquilidad. El oficio en el que manifestó su impedimento lo anexó al Libro de intereses privados de los concejales. También lo hizo Ángela Garzón, del mismo partido, porque, según se lee, la cónyuge de su padre, el exvicepresidente Angelino Garzón, también es accionista minoritaria de la empresa.

Al consultar el libro el miércoles se leía que otro concejal uribista, Javier Santiesteban, manifiestó impedimentos para votar proyectos sobre educación privada (es dueño de colegios), transporte especial (es socio de una empresa de ese sector) y la reserva Thomas van der Hammen (no precisa la razón).

El único de otro partido que había dado a conocer un posible conflicto de intereses hasta ese día era Jorge Torres, de la Alianza Verde. En abril envió un oficio, anexado al libro, para que el Concejo estudie si está impedido en caso de que la discusión sobre la reserva llegue al recinto, pues lo financió Arquitectura y Concreto, constructora dueña de predios en la Van der Hammen.

¿Y los demás? Después de la visita fueron avisados y algunos corrieron a buscar las páginas que les corresponden. Al preguntarle a Roberto Hinestrosa, de Cambio Radical y presidente del Concejo, creyó que se le estaba pidiendo la declaración de bienes, pero al aclararle que se trataba del Libro de intereses privados, dijo que no lo conocía. El viernes en la mañana Jorge Lozada, del mismo partido, le dijo a este diario que pediría el libro en la Secretaría para responder el cuestionario. Al final de la tarde, David Ballén, de la U, respondió: “No nos habían avisado, y como uno es nuevo... pero ya lo llené. No tengo ningún impedimento”. Su compañero de bancada, Rubén Torrado, dijo: “No recuerdo si lo he firmado; es que lo hice en el período pasado. El caso es que no soy empresario ni tengo ningún familiar que tenga negocios. No tengo por qué declararme impedido”.

Álvaro Argote, del Polo, manifestó: “Me informaron de Secretaría General que está pendiente esa diligencia, y por supuesto debo hacerla. Pensé que ya lo había hecho, pero para el lunes estará resuelto. Además, porque para los proyectos económicos que venimos decidiendo en estos días es condición no estar inhabilitados por ningún conflicto de intereses y yo he solicitado esto en los debates”. Germán García, liberal, contestó: “Para ser concejal declaré, ante la notaría que me posesionó, que no tengo impedimentos. Así lo ordena la ley. Los documentos están listos para hacerlo en el Concejo”.

En medio de esos apuros terminó una semana difícil para el Concejo, marcada por el alboroto que generó la inspección judicial que adelantó la Fiscalía para investigar si, tras una denuncia penal, los 28 concejales que aprobaron las vigencias futuras para el metro cometieron un delito al darle el sí a ese proyecto, al parecer, sin los estudios que exige la ley.

Firmar el libro y declarar sus impedimentos, en caso de que los tengan, sería un paso para evitar más suspicacias.