Tras una visita de inspección a la estación de Policía en el municipio de Funza, Cundinamarca, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado expresando su “más profunda indignación, consternación y tristeza por la tragedia ocurrida el pasado 16 de septiembre”.
Sobre las 7 de la noche, según el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, general (R) Luis Fernando Navarro, inició el incendio “originada por los mismos reclusos” cuando, al parecer, uno de ellos prendió fuego a uno de los colchones. El saldo, hasta ahora, son de siete privados de la libertad fallecidos y cinco más con pronóstico reservado. ¿Cómo accedieron a un objeto para iniciar el fuego? Es una de las preguntas que quedan.
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Para la Defensoría del Pueblo, este caso “no puede ser tratado de manera aislada” y refleja, una vez más, “las fallas estructurales que persisten en los centros de detención transitoria y que deben ser enfrentadas con determinación”. “Es una señal de alarma que exige respuestas inmediatas, firmes y coordinadas por parte del Estado colombiano, frente a una vulneración sistemática de derechos humanos que la Corte Constitucional ha reconocido respecto de las 22.978 personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria”, agregaron.
La entidad encargada de defender y proteger los derechos humanos, recordó también que “la dignidad humana es un derecho inviolable que no se suspende en contextos de detención” y el deber que tiene el Estado de proteger la vida de las personas que tiene bajo su custodia. “Ninguna persona bajo custodia debe morir ni ser sometida a condiciones que pongan en riesgo su vida, su integridad o su dignidad”.
Por otro lado, hizo un llamado ante lo que afirmó han sido “omisiones por parte de entidades territoriales para construir establecimientos de reclusión, celebrar convenios con el INPEC para el traslado oportuno de personas privadas de la libertad y garantizar condiciones mínimas de dignidad en los centros de detención transitoria”, bajo un contexto de “hacinamiento y condiciones indignas que hoy ponen en riesgo la vida e integridad de miles de personas, y que derivaron en tragedias como la ocurrida en Funza”.
Por último, la Defensoría del Pueblo indicó que desplegaron acciones de acompañamiento humanitario y jurídico a los familiares de las víctimas y a las personas privadas de la libertad sobrevivientes. “Estamos verificando el estado físico y emocional de quienes permanecen detenidos y participaremos activamente en la coordinación interinstitucional convocada por la Procuraduría General de la Nación, con el fin de garantizar que la respuesta del Estado esté centrada en la protección y la dignidad humana”, concluyeron.
La causa de muerte de los siete presos en Funza
De acuerdo con el Hospital San Rafael de Facatativá, los siete privados de la libertad bajo custodia de la Policía de Funza, no fallecieron por quemaduras, sino por inhalación de humo que derivó en lesiones internas e intoxicación.
Hasta el momento los fallecidos han sido identificados como Juan Felipe Beltrán de 24 años, Edgar Darío Cárdenas Martínez, de 53 años; José Fernando Rodríguez Lesmes, de 48 años; Arcadio Antivia Velásquez, de 44; Sergio Humberto Zarta Barrero, de 29; Javith Blanquicet Bocanegra, de 22, y Andrés Alberto Organista Ibáñez, de 36.
Otros cinco reclusos permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos y algunos han mostrado leves signos de mejoría. La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil, informó que el miércoles ingresaron tres policías y cuatro bomberos al Hospital municipal. Dos de los patrulleros fueron dados de alta y uno fue trasladado al Hospital de la Policía.
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“Iniciamos un proceso de acompañamiento psicosocial a las familias de las víctimas. En este momento no hay personas privadas de la libertad en la estación de Policía y nos informan que así será por lo pronto”. La Fiscalía ya investiga la tragedia.
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Por Redacción Bogotá
