"No hay carrusel de nombramientos": contralor de Bogotá

Luego de que el concejal Jorge Torres de la Alianza Verde denunciara lo que denominó una “feria de nombramientos y despidos” en la Contraloría de Bogotá –orquestados por el saliente contralor Diego Ardila, quien este domingo concluye su periodo– el funcionario negó los señalamientos y sostuvo que no hay irregularidad alguna.

En diálogo con El Espectador Ardila desvirtuó que en la Contraloría se hayan realizado nombramientos irregulares, en particular de funcionarios directivos que pasaron a cargos de profesionales. Admitiendo que recientemente ha habido 'mucho tráfico de personas’ en la oficina de recursos humanos de la entidad, el contralor explicó que tal situación responde a la prórroga de encargos.

El contralor argumentó que mantiene los encargos de los funcionarios de carrera administrativa y que a la fecha, 135 funcionarios de carrera se encuentran encargados en cargos tanto directivos como profesionales.

“La Ley 909 de 2004 dice que se pueden hacer encargos hasta por seis mes y la semana antepasada se vencieron los encargos de 135 funcionarios. Ante eso optamos por no hacer encargos por otros seis meses, sino que –siendo rigurosos– los prorrogamos por un mes más a la espera de que el Concejo, de aquí a allá, tome una decisión sobre la persona que en definitiva me va a suceder y que mire a ver qué va a hacer con esas plazas”, manifestó Ardila.

El contralor distrital argumentó que a lo largo de 2015 y en lo corrido de este año, se sometieron a oferta pública 306 cargos en la entidad, los cuales fueron enviados a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que sea ella quien a través de un concurso, seleccione quién va a ocuparlos. Tal proceso, sostuvo Ardila, ya culminó.

“De mi parte no hay irregularidad alguna. No hay carrusel de nombramientos y lo único que se ha hecho es cumplir con la normatividad sobre el manejo de recursos humanos”, indicó el funcionario a este diario, declarando que a lo largo de su periodo ha hecho 425 encargos a funcionarios tanto de carrera como de libre nombramiento y remoción.

Los casos

El concejal sustenta sus señalamientos en varios casos que evidenciarían las irregularidades en materia de nombramientos. Entre otros, el concejal se refiere al de una funcionaria quien ingresó a la entidad como subdirectora (un cargo directivo), que renunció el 4 de febrero y se volvió a posesionar cuatro días después como profesional especializado en vacante definitiva.

“Tenemos varios casos documentados, pero hay tres que están plenamente respaldados por actas de posesión de personas que ocupaban cargos de libre nombramiento y ahora ocupan otros que estaban en vacancia definitiva. A estos casos se suma el de una señora que tomó la decisión de lanzarse de edil en Engativá y tras perder las elecciones fue incorporada nuevamente en la planta. Esto responde a intereses clientelistas y no a los que permitirían fortalecer el control fiscal por parte de la Contraloría”, precisó Torres.

Respecto al caso de la edil –identificada como Sandra Briggitte Cuartas– el contralor distrital declaró que hasta ahora tenía conocimiento del caso y afirmó que indagará si en efecto, labora en la entidad y en qué condición.

Por otro lado, Ardila se pronunció sobre lo dicho a la emisora W Radio por Stella González, una mujer que se identificó como integrante de un sindicato de la entidad y quien corroboró las supuestas irregularidades, y dijo que al parecer se trataría de una funcionaria que fue suplantada, por lo que sus declaraciones quedan desvirtuadas.

“Al parecer hubo una suplantación o falsedad de la persona que se presenta a la emisora. Aquí sí hay una funcionaria que se llama Stella Gonzalez, que pertenece a un sindicato y quien nos manifiesta que en ningún momento ha presentado esas denuncias y se ha comunicado con la W”, indicó.

Adicionalmente, la Contraloría aclaró que el pasado miércoles realizó notificaciones por la terminación y prórroga de los encargos de los funcionarios inscritos en carrera administrativa, hecho al que se refiere “equivocadamente” la denunciante como la “llegada masiva de personas”.

Sobre los nombramientos a los que se hace alusión en la entrevista, la Contraloría de Bogotá detalló el caso particular de tres funcionarias, indicando que hacían parte del cuerpo directivo “como resultado de su buen desempeño profesional y sus calidades técnicas en sus áreas de especialización”.

-En el caso de Alba Astrid Sarria, explica la Contraloría, ingresó a la entidad el 19 de julio de 2012 como supernumeraria en grado profesional especializado 07, y el 31 de diciembre de 2012 se vinculó con carácter provisional, a la planta global de la Contraloría, en el mismo cargo.

“Ella venía desempeñándose muy bien y el 22 de enero de 2014 tomó posesión como subdirectora técnica de la entidad, cargo que es de libre nombramiento y remoción. Pero el 8 de febrero de 2016 regresó a su cargo original como profesional especializado 222-07, empleo del cual era titular (…) esto permite aclarar que es una funcionaria con condición de antigüedad y no ingresó a la entidad como directiva”, precisó Ardila.

-Sobre la funcionaria María Teresa Moreno el contralor explicó que ingresó a la entidad el 12 de noviembre de 2013 como profesional especializado 07 en carácter provisional. Luego, en julio de 2014, se nombró como gerente de la planta de la Contraloría y el 16 de septiembre se encargó como asesor 2. No obstante, el pasado 8 de febrero regresó a su cargo original como profesional especializado 222-07, empleo del cual era titular.

“Ella es una abogada penalista que sabe de casación penal y es la persona que viene asistiendo a las audiencias sobre el carrusel de la contratación, contrario a lo que dice el concejal quien señala que ella no hace nada. Representar a la entidad y a las víctimas el único y exclusivo trabajo de Morena, labor que se realiza a cabalidad”, agregó el funcionario.

-Ardila se refirió además a la situación de la funcionaria Ximena Gaitán Betancourt, explicando que ingresó a la entidad el 15 de enero de 2008 como profesional de la planta de la Contraloría. “El 26 de enero de 2015 fue nombrada como gerente y el 29 de julio de 2015 encargada como subdirectora técnica. Finalmente el 8 de febrero regresó a su cargo titular de profesional de la Contraloría”.

-Sobre la salida de las funcionarias Dicci Jasveidy Martínez y Carmen Maribel Bojacá Ardila precisó que no fueron declaradas insubsistentes sino que fueron desvinculadas de la entidad, ya que la Contraloría cuenta con nombramientos provisionales en los cuales ellas se encontraban y que están sujetos a los encargos de los funcionarios de carrera.

Una vez finalizó ese encargo –explicó el contralor– todos los funcionarios regresaron a su cargo original y esa provisionalidad con la que ellas contaban finalizó, ya que en la entidad no pueden existir dos funcionarios en un mismo cargo.

“Sí las declaré insubsistentes y por supuesto que lo tenía que hacer. Era el cumplimiento de mi deber y se debían ir de la entidad (…) nos llegó el listado de la Comisión Nacional del Servicio Civil diciendo que teníamos que proveer esos cargos porque ya se surtió el concurso y nos correspondió proceder de conformidad y posesionar a quienes ganaron”, sostuvo el funcionario.

“La ley que reglamenta esos concursos dice que a partir del momento en que se me notifica que han sido enviados los listados debo proceder dentro de los 10 días siguientes a librar los nombramientos so pena, ahí sí, de estar incurso en una irregularidad y a un proceso sancionatorio disciplinario”, agregó.

Luego de que el concejal Jorge Torres de la Alianza Verde denunciara lo que denominó una “feria de nombramientos y despidos” en la Contraloría de Bogotá –orquestados por el saliente contralor Diego Ardila, quien este domingo concluye su periodo– el funcionario negó los señalamientos y sostuvo que no hay irregularidad alguna.

En diálogo con El Espectador Ardila desvirtuó que en la Contraloría se hayan realizado nombramientos irregulares, en particular de funcionarios directivos que pasaron a cargos de profesionales. Admitiendo que recientemente ha habido 'mucho tráfico de personas’ en la oficina de recursos humanos de la entidad, el contralor explicó que tal situación responde a la prórroga de encargos.

El contralor argumentó que mantiene los encargos de los funcionarios de carrera administrativa y que a la fecha, 135 funcionarios de carrera se encuentran encargados en cargos tanto directivos como profesionales.

“La Ley 909 de 2004 dice que se pueden hacer encargos hasta por seis mes y la semana antepasada se vencieron los encargos de 135 funcionarios. Ante eso optamos por no hacer encargos por otros seis meses, sino que –siendo rigurosos– los prorrogamos por un mes más a la espera de que el Concejo, de aquí a allá, tome una decisión sobre la persona que en definitiva me va a suceder y que mire a ver qué va a hacer con esas plazas”, manifestó Ardila.

El contralor distrital argumentó que a lo largo de 2015 y en lo corrido de este año, se sometieron a oferta pública 306 cargos en la entidad, los cuales fueron enviados a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que sea ella quien a través de un concurso, seleccione quién va a ocuparlos. Tal proceso, sostuvo Ardila, ya culminó.

“De mi parte no hay irregularidad alguna. No hay carrusel de nombramientos y lo único que se ha hecho es cumplir con la normatividad sobre el manejo de recursos humanos”, indicó el funcionario a este diario, declarando que a lo largo de su periodo ha hecho 425 encargos a funcionarios tanto de carrera como de libre nombramiento y remoción.

Los casos

El concejal sustenta sus señalamientos en varios casos que evidenciarían las irregularidades en materia de nombramientos. Entre otros, el concejal se refiere al de una funcionaria quien ingresó a la entidad como subdirectora (un cargo directivo), que renunció el 4 de febrero y se volvió a posesionar cuatro días después como profesional especializado en vacante definitiva.

“Tenemos varios casos documentados, pero hay tres que están plenamente respaldados por actas de posesión de personas que ocupaban cargos de libre nombramiento y ahora ocupan otros que estaban en vacancia definitiva. A estos casos se suma el de una señora que tomó la decisión de lanzarse de edil en Engativá y tras perder las elecciones fue incorporada nuevamente en la planta. Esto responde a intereses clientelistas y no a los que permitirían fortalecer el control fiscal por parte de la Contraloría”, precisó Torres.

Respecto al caso de la edil –identificada como Sandra Briggitte Cuartas– el contralor distrital declaró que hasta ahora tenía conocimiento del caso y afirmó que indagará si en efecto, labora en la entidad y en qué condición.

Por otro lado, Ardila se pronunció sobre lo dicho a la emisora W Radio por Stella González, una mujer que se identificó como integrante de un sindicato de la entidad y quien corroboró las supuestas irregularidades, y dijo que al parecer se trataría de una funcionaria que fue suplantada, por lo que sus declaraciones quedan desvirtuadas.

“Al parecer hubo una suplantación o falsedad de la persona que se presenta a la emisora. Aquí sí hay una funcionaria que se llama Stella Gonzalez, que pertenece a un sindicato y quien nos manifiesta que en ningún momento ha presentado esas denuncias y se ha comunicado con la W”, indicó.

Adicionalmente, la Contraloría aclaró que el pasado miércoles realizó notificaciones por la terminación y prórroga de los encargos de los funcionarios inscritos en carrera administrativa, hecho al que se refiere “equivocadamente” la denunciante como la “llegada masiva de personas”.

Sobre los nombramientos a los que se hace alusión en la entrevista, la Contraloría de Bogotá detalló el caso particular de tres funcionarias, indicando que hacían parte del cuerpo directivo “como resultado de su buen desempeño profesional y sus calidades técnicas en sus áreas de especialización”.

-En el caso de Alba Astrid Sarria, explica la Contraloría, ingresó a la entidad el 19 de julio de 2012 como supernumeraria en grado profesional especializado 07, y el 31 de diciembre de 2012 se vinculó con carácter provisional, a la planta global de la Contraloría, en el mismo cargo.

“Ella venía desempeñándose muy bien y el 22 de enero de 2014 tomó posesión como subdirectora técnica de la entidad, cargo que es de libre nombramiento y remoción. Pero el 8 de febrero de 2016 regresó a su cargo original como profesional especializado 222-07, empleo del cual era titular (…) esto permite aclarar que es una funcionaria con condición de antigüedad y no ingresó a la entidad como directiva”, precisó Ardila.

-Sobre la funcionaria María Teresa Moreno el contralor explicó que ingresó a la entidad el 12 de noviembre de 2013 como profesional especializado 07 en carácter provisional. Luego, en julio de 2014, se nombró como gerente de la planta de la Contraloría y el 16 de septiembre se encargó como asesor 2. No obstante, el pasado 8 de febrero regresó a su cargo original como profesional especializado 222-07, empleo del cual era titular.

“Ella es una abogada penalista que sabe de casación penal y es la persona que viene asistiendo a las audiencias sobre el carrusel de la contratación, contrario a lo que dice el concejal quien señala que ella no hace nada. Representar a la entidad y a las víctimas el único y exclusivo trabajo de Morena, labor que se realiza a cabalidad”, agregó el funcionario.

-Ardila se refirió además a la situación de la funcionaria Ximena Gaitán Betancourt, explicando que ingresó a la entidad el 15 de enero de 2008 como profesional de la planta de la Contraloría. “El 26 de enero de 2015 fue nombrada como gerente y el 29 de julio de 2015 encargada como subdirectora técnica. Finalmente el 8 de febrero regresó a su cargo titular de profesional de la Contraloría”.

-Sobre la salida de las funcionarias Dicci Jasveidy Martínez y Carmen Maribel Bojacá Ardila precisó que no fueron declaradas insubsistentes sino que fueron desvinculadas de la entidad, ya que la Contraloría cuenta con nombramientos provisionales en los cuales ellas se encontraban y que están sujetos a los encargos de los funcionarios de carrera.

Una vez finalizó ese encargo –explicó el contralor– todos los funcionarios regresaron a su cargo original y esa provisionalidad con la que ellas contaban finalizó, ya que en la entidad no pueden existir dos funcionarios en un mismo cargo.

“Sí las declaré insubsistentes y por supuesto que lo tenía que hacer. Era el cumplimiento de mi deber y se debían ir de la entidad (…) nos llegó el listado de la Comisión Nacional del Servicio Civil diciendo que teníamos que proveer esos cargos porque ya se surtió el concurso y nos correspondió proceder de conformidad y posesionar a quienes ganaron”, sostuvo el funcionario.

“La ley que reglamenta esos concursos dice que a partir del momento en que se me notifica que han sido enviados los listados debo proceder dentro de los 10 días siguientes a librar los nombramientos so pena, ahí sí, de estar incurso en una irregularidad y a un proceso sancionatorio disciplinario”, agregó.