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Así respondió la Policía a uno de los derechos de petición de Alejandro Torres, padre de Paula Torres, la joven transgénero que murió el pasado 5 de diciembre luego de haber sido capturada y trasladada a la UPJ de Puente Aranda. La solicitud alegaba que le permitieran ver los registros de las cámaras de seguridad que hay en el lugar, para comprobar que Paula si hubiera entrado sana y salva a la Unidad, a lo que la institución respondió que las cámaras no funcionan.
“No es la Policía Nacional la encargada del manejo de las cámaras donde funciona la Unidad Permanente de Justicia, no obstante se ofició al Fondo de Vigilancia y Seguridad del distrito con el fin de obtener respuesta e información relacionada con dichas cámaras ante lo cual sus directivas tuvieron a bien ordenar al señor RUGERO ENRIQUE LARA GONZALEZ Director de TIC’s de la mencionada entidad, hacer una revisión técnica a tales dispositivos, quien lamentablemente informa que las cámaras están fuera de servicio, motivo por el cual no es posible aportar registro fílmico”, reza el documento.
El Espectador pudo establecer que el funcionamiento de las cámaras allí instaladas depende de uno de los contratos del Fondo de Vigilancia y Seguridad con Infotic, la misma empresa que ha sido cuestionada por el contrato para realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del convenio que busca la modernización de la Línea 123. La empresa mantiene un viejo contrato con la administración pasada para un subsistema de videovigilancia, más exactamente para la integración de cámaras públicas y privadas.
Mery Gutiérrez, asesora jurídica del Fondo de Vigilancia, le aseguró a este diario que en dicho contrato, Infotic ha venido incumpliendo reiterativamente. “En este contrato en específico, que es la conexión del sistema de videovigilancia público y privado tuvimos que gestionar un requerimiento de incumplimiento para que pusieran las cámaras a funcionar, hoy la empresa asegura que ya se pueden visualizar al interior de la UPJ”. Dice Gutierrez, que el conflicto con Infotic ha sido “mayúsculo” por obligarlos a cumplir.
Según la funcionaria las cámaras de vigilancia de la UPJ de Puente Aranda empezaron a funcionar hasta el pasado viernes 18 de diciembre, razón por la que no existe ninguna evidencia que permita a la familia de Paula comprobar su ingreso a la Unidad el pasado sábado 5 de diciembre.
La petición de ver los videos la hizo su padre con fundamento en las múltiples dudas que rodean este caso. Como lo contó El Espectador la semana pasada, en el informe que dieron los agentes que capturaron a Paula, la joven fue trasladada en una patrulla a la UPJ a donde ingresó a las 9:50 de la noche, allí presuntamente fue registrada y llevada a una celda en la que posteriormente se habría intentado suicidar con el cordón del pantalón que llevaba puesto, según la versión de las autoridades.
Sin embargo su familia y amigos no creen lo que cuenta la Policía, pues aseguran que Paula no tenía razones para quitarse la vida. Además en el formato de ingreso a la UPJ que pudo conocer este diario, no está su firma ni los datos de contacto que son solicitados a quienes ingresan a estos establecimientos. Una de las principales preguntas que se hace la familia, es si en tan sólo 20 minutos fue posible que la registraran, le hicieran la valoración médica, la trasladaron a la celda, vieran el intento de suicidio y la sacaran al hospital a donde llegó sin vida.
Lo único que quieren por ahora es saber la verdad, por lo que algunas de sus esperanzas para esclarecer las extrañas circunstancias de la muerte de Paula, estaban puestas en poder confirmar que ella había entrado con vida a la UPJ por medio de los videos que estaban solicitando.
Tras la respuesta de la Policía y el Fondo de Vigilancia, no existe ninguna manera de saberlo, y en el caso de Paula, que perdió la vida mientras permanecía bajo custodia de la Policía, hay más preguntas que respuestas. Mientras su familia espera el dictamen de Medicina Legal, el CTI avanza en una investigación que permita establecer cómo y por qué murió Paula un día en el que celebraba un año más de vida.
Por ahora el General Humberto Guatibonza sostiene la versión inicial “el uniformado, que estaba de servicio, se dio cuenta de que la joven se había intentado ahorcar y en su afán por salvarle la vida, la subió a un vehículo de la institución y la llevó al hospital”, aseguró. La institución sostiene que no dará más declaraciones hasta que el CTI tenga los resultados de la investigación.