Vendedores informales adelantan un ‘Plantón indefinido’ en contra del nuevo decreto que expidió la Alcaldía de Bogotá. Mientras las entidades de la administración encargadas de socializar el decreto dicen que buscan entregar una ciudad más accesible, sin atentar contra el derecho al trabajo de más de 19.000 vendedores, algunos integrantes del gremio perciben las nuevas reglas del juego como una afrenta a su sustento.
Le puede interesar: El corredor de la Séptima arranca obras con 1.000 talas y dudas sobre la restauración
De acuerdo con la Alcaldía, el decreto, firmado el pasado 14 de abril, tuvo en cuenta más de 55 mesas con vendedores informales y nació producto de una petición generalizada de los bogotanos: la de poner orden al espacio público.
En esa línea, el nuevo decreto de espacio público plantea definir zonas en las que se prohibirá o autorizarán ventas informales. También se establecen medidas como la reubicación en espacios autorizados, la limitación del uso de pipetas de gas, el acceso a programas de formación y reconversión laboral, así como la vinculación a la oferta institucional del Instituto para la Economía Social (IPES) y otras entidades del Distrito.
“No hay opciones”
Pero para algunos vendedores el decreto pone en riesgo el sustento de miles de familias que viven de las ventas informales. Solo el IPES ha caracterizado más de 19.000 vendedores, pero el histórico habla de 95.000 personas dedicadas a esta labor.
Si bien el decreto abre puerta a alternativas para quienes deban salir del espacio público en ciertas zonas, los vendedores dicen que “no hemos conocido las opciones. Nos van a prohibir las pipetas de gas y no sabemos si nos dejarán alguna alternativa”, señaló una lideresa a El Espectador.
La falta de participación es otra crítica a la que se suma una buena parte del gremio. “Vemos que el decreto es sencillamente para desalojarnos sin tener en cuenta la realidad de muchas familias, por ello estamos marchando hoy”, agregó la lideresa.
Alcaldía defiende el decreto
El Distrito asegura que la aplicación del decreto busca armonizar el derecho al trabajo y al espacio público. Este contempla la verificación de condiciones en terreno, la caracterización de los vendedores por parte del IPES, la oferta de alternativas institucionales y, en última instancia, la aplicación de procedimientos policivos en los casos en que no se cumplan las disposiciones.
En materia de seguridad, el decreto fija reglas que la administración califica como “no negociables”. Entre ellas, mantener despejados los hidrantes con un mínimo de 1,5 metros, restringir el uso de pipetas de gas (permitidas solo con autorización y nuevo permiso) y prohibir estructuras que generen riesgos.
El documento también establece un listado de actividades prohibidas por razones de salud, seguridad y convivencia. Entre estas se encuentran el uso de menores de edad en ventas informales, la realización de tatuajes o procedimientos similares en espacio público, la venta o manipulación de sustancias peligrosas o ilegales, la comercialización de alimentos sin condiciones sanitarias, el uso no autorizado de elementos inflamables, la contaminación ambiental y la venta de armas.
Finalmente, el decreto introduce la obligatoriedad del registro de los vendedores informales ante el IPES. Esta inscripción tiene como fin la caracterización y el acceso a programas institucionales.
Aunque las nuevas reglas son contundentes, el Distrito aún tiene seis meses para definir las zonas en las que se permitirán las ventas. Entre tanto, la incertidumbre de miles de vendedores continúa imperando y la movilización continúa hasta que los gremios inconformes, establezcan un nuevo diálogo con el Distrito.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Redacción Bogotá
