“No hay riesgo de que los niños se queden sin comida”

El próximo 4 de mayo la Secretaría de Educación adjudicará un contrato por $175.700 millones para garantizar que 672.000 estudiantes consuman a diario su refrigerio en los colegios públicos de Bogotá. Se trata del proceso más gordo que maneja esa dependencia, pero desde que se abrió la convocatoria, a comienzos de marzo, allí han recibido presiones “para hacer renunciar a funcionarios clave, para favorecer intereses de algunos contratistas”, denunció el secretario Óscar Sánchez.

El funcionario también dio a conocer este lunes que, ante algunas medidas que ha tomado su despacho, las empresas interesadas han manifestado su inconformidad, por lo que “existe el riesgo” de que el proceso se caiga. Sin embargo, aseguró que el Distrito está lo suficientemente blindado como para evitar que los estudiantes sufran las consecuencias. “Aquí no hay riesgo de que los niños se queden sin comida”, aseguró.

Hasta ahora se han presentado incidentes que incluso rayan en lo penal: “Unos de los hechos más recientes”, indicó Sánchez en un comunicado, “han sido los reiterados anónimos de los que ha sido víctima la directora de contratos de la Secretaría, Lissete Murcia Rincón, quien el pasado 12 de marzo instauró ante la Fiscalía General de la Nación, denuncia penal en contra de personas indeterminadas, por el presunto delito de calumnia agravada, en atención a todas las presiones recibidas”.

La denuncia del secretario apunta a que un grupo de empresas se estaría poniendo de acuerdo para participar no solo en este, sino en anteriores contratos de suministro de refrigerios, en condiciones que violarían la libre competencia, pues al parecer han impedido que se amplíe el número de oferentes y han tratado de que la Secretaría adjudique los contratos “al mayor precio posible”, a pesar de que debería ser al contrario.

Es necesario explicar que, aunque se trata de un solo proceso contractual, la Secretaría dividirá la adjudicación en 28 contratos dependiendo de las localidades y de la jornada en las que se distribuyen los refrigerios, entre otros factores. Por eso el ganador no será uno solo, sino varios. La última vez los grupos fueron 16, que dieron pie a igual número de contratos adjudicados a 10 oferentes. El incremento de 16 a 28, que implica que más empresas puedan participar, ha sido una de las medidas “más atacadas en la presente subasta”.

De todas formas, según Sánchez, cada vez hay menos riesgo de que se queden cortos para el suministro, debido a la participación de nuevas empresas a las que han invitado y a que “diferentes agencias estatales como Colombia Compra Eficiente ayudarán a blindar el proceso y a suscribir convenios que permitan garantizar un suministro adecuado”.

En el Distrito, a pesar de la gravedad de las denuncias, han optado por no dar nombres de las personas ni de las empresas que estarían involucradas en las presiones y en la conformación del presunto cartel. Le están dejando la tarea de investigar a las autoridades. El Espectador consultó en la Superintendencia de Industria y Comercio, encargada de velar por la protección de la libre competencia y que ha denunciado en los últimos tiempos carteles como el de los pañales, el de los cuadernos y el del papel higiénico, pero indicaron que aún no se pronunciarán oficialmente sobre este caso.

El próximo 4 de mayo la Secretaría de Educación adjudicará un contrato por $175.700 millones para garantizar que 672.000 estudiantes consuman a diario su refrigerio en los colegios públicos de Bogotá. Se trata del proceso más gordo que maneja esa dependencia, pero desde que se abrió la convocatoria, a comienzos de marzo, allí han recibido presiones “para hacer renunciar a funcionarios clave, para favorecer intereses de algunos contratistas”, denunció el secretario Óscar Sánchez.

El funcionario también dio a conocer este lunes que, ante algunas medidas que ha tomado su despacho, las empresas interesadas han manifestado su inconformidad, por lo que “existe el riesgo” de que el proceso se caiga. Sin embargo, aseguró que el Distrito está lo suficientemente blindado como para evitar que los estudiantes sufran las consecuencias. “Aquí no hay riesgo de que los niños se queden sin comida”, aseguró.

Hasta ahora se han presentado incidentes que incluso rayan en lo penal: “Unos de los hechos más recientes”, indicó Sánchez en un comunicado, “han sido los reiterados anónimos de los que ha sido víctima la directora de contratos de la Secretaría, Lissete Murcia Rincón, quien el pasado 12 de marzo instauró ante la Fiscalía General de la Nación, denuncia penal en contra de personas indeterminadas, por el presunto delito de calumnia agravada, en atención a todas las presiones recibidas”.

La denuncia del secretario apunta a que un grupo de empresas se estaría poniendo de acuerdo para participar no solo en este, sino en anteriores contratos de suministro de refrigerios, en condiciones que violarían la libre competencia, pues al parecer han impedido que se amplíe el número de oferentes y han tratado de que la Secretaría adjudique los contratos “al mayor precio posible”, a pesar de que debería ser al contrario.

Es necesario explicar que, aunque se trata de un solo proceso contractual, la Secretaría dividirá la adjudicación en 28 contratos dependiendo de las localidades y de la jornada en las que se distribuyen los refrigerios, entre otros factores. Por eso el ganador no será uno solo, sino varios. La última vez los grupos fueron 16, que dieron pie a igual número de contratos adjudicados a 10 oferentes. El incremento de 16 a 28, que implica que más empresas puedan participar, ha sido una de las medidas “más atacadas en la presente subasta”.

De todas formas, según Sánchez, cada vez hay menos riesgo de que se queden cortos para el suministro, debido a la participación de nuevas empresas a las que han invitado y a que “diferentes agencias estatales como Colombia Compra Eficiente ayudarán a blindar el proceso y a suscribir convenios que permitan garantizar un suministro adecuado”.

En el Distrito, a pesar de la gravedad de las denuncias, han optado por no dar nombres de las personas ni de las empresas que estarían involucradas en las presiones y en la conformación del presunto cartel. Le están dejando la tarea de investigar a las autoridades. El Espectador consultó en la Superintendencia de Industria y Comercio, encargada de velar por la protección de la libre competencia y que ha denunciado en los últimos tiempos carteles como el de los pañales, el de los cuadernos y el del papel higiénico, pero indicaron que aún no se pronunciarán oficialmente sobre este caso.