La reciente intervención realizada por un candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá en el humedal Juan Amarillo abrió una controversia con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), que cuestionó la acción por considerar que vulneró las normas que regulan el manejo de áreas protegidas en Bogotá y puso en riesgo a las personas que acompañaron la jornada. Para el Distrito, se trató de una actividad peligrosa y de una instrumentalización política de los humedales.
En contexto: Humedal Córdoba: cada vez más contaminado y en riesgo de perder espejos de agua
El candidato involucrado es Nicolás de Francisco, que aspira llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá e ingresó, según cuenta, con un grupo de vecinos a las aguas del humedal Juan Amarillo para retirar residuos, problemática evidente en la zona y que se replica en varios ecosistemas de la ciudad. Durante la actividad, el candidato sostuvo que la jornada buscaba visibilizar el deterioro del ecosistema y la falta de control institucional. Advierte que los desechos acumulados serían evidencia de un espacio público abandonado, expuesto a problemáticas como el microtráfico, la delincuencia y la ausencia de presencia estatal efectiva.
En declaraciones grabadas desde el lugar, el candidato afirmó que los humedales, al ser cuerpos de agua urbanos, deberían cumplir una función de disfrute ciudadano, educación ambiental y apropiación comunitaria, y no convertirse en zonas asociadas al miedo o al abandono. También señaló que las entidades distritales responsables de su protección tendrían que asumir esa tarea con acciones permanentes y no esporádicas.
La respuesta de la Secretaría de Ambiente
Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá, rechazó la intervención y recordó que el ingreso a los espejos de agua del humedal está restringido. La funcionaria sostuvo que la actividad se realizó sin autorización, en una de las zonas más profundas del ecosistema, y que quienes participaron fueron expuestos, incluso, a riesgos de ahogamiento. Además, señaló que el candidato habría desatendido las indicaciones de los vigilantes del área y que los residuos extraídos fueron dejados posteriormente en el espacio público.
En su pronunciamiento, insistió en que no toda iniciativa que se presente como ambiental es válida si desconoce las normas diseñadas para la protección de los ecosistemas. En ese sentido, cuestionó lo que calificó como una “instrumentalización política” de los humedales, al tratarse de áreas protegidas con manejo técnico específico.
Soto señaló, además, que realizan de manera periódica jornadas de limpieza en los humedales de la ciudad en coordinación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con personal capacitado y equipos especializados, precisamente para evitar riesgos humanos y daños ambientales.
El grave deterioro de los humedales en los últimos 50 años
En este contexto, vale resaltar que el episodio deja en evidencia un problema de fondo que trasciende la controversia puntual por una campaña política. Un estudio académico reciente advierte que más del 35 % de los humedales de Bogotá han desaparecido en los últimos 50 años, afectados por contaminación, construcciones ilegales y una débil capacidad de control ambiental. La investigación Humedales de Bogotá, sostenibilidad y ciencia ciudadana, liderada por el docente Ramón Gabriel Aguilar, del Politécnico Grancolombiano, señala que incluso ecosistemas reconocidos por la Convención Ramsar enfrentan presiones constantes que ponen en riesgo su función ecológica y su supervivencia.
El informe recuerda que estos cuerpos de agua no son solo paisajes urbanos: regulan el clima, almacenan y purifican el agua, mitigan inundaciones y albergan especies emblemáticas de la sabana, además de cumplir un papel clave en la adaptación al cambio climático. Sin embargo, su deterioro ha avanzado en paralelo a la expansión urbana y a campañas de protección que, aunque frecuentes en el discurso público, han sido intermitentes y, en muchos casos, y durante años, ineficaces en la práctica.
En ese contexto, la discusión sobre el humedal Juan Amarillo pone de relieve la obligación de cuidar estos ecosistemas más allá del rédito político, tanto de quienes buscan capitalizar su defensa como de las instituciones que, pese a contar con un marco normativo robusto, no siempre logran traducirlo en resultados visibles y sostenidos.
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Por Redacción Bogotá
