“El presidente Gustavo Petro nos convocó y aquí estamos, y no nos vamos hasta hablar con él”. Estas son las palabras que repitieron este martes líderes indígenas que dirigen las movilizaciones en Bogotá. 800 miembros de pueblos del Cauca y Nariño se instalaron en la Plaza de Bolívar la noche del lunes 31 de marzo. Esa misma noche el Distrito ofreció el parque El Renacimiento para su estadía, pero la comunidad la rechazó, pues no piensan alejarse un centímetro del palacio de Nariño hasta ser escuchados.
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“Llegamos el lunes, provenientes de Consacá, ya estábamos perdidos. Este es un municipio que queda a 50 kilómetros de San Juan de Pasto. Vinimos en una chiva de 30 personas”, dijo a este periódico José Manuel Castillo Tovar, de 41 años. Añade que esta es una “juntanza” con los pueblos del Cauca y de Nariño: “somos 6 pueblos, más de 23 cabildos, directamente a hablar con el presidente, quien hizo una invitación pública, alzando el bastón de mando de las comunidades, acá estamos y queremos que nos escuchen”, agregó refiriéndose a la última alocución del presidente en la Plaza de Bolívar.
El grupo de José Manuel Castillo, representa a más de 1.600 personas y así sucede con cada cabildo que llega a la capital en busca de respuestas. De su parte, el Distrito capital quedó nuevamente envuelto en un conflicto que trasciende los gobiernos. En esta nueva presencia indígena, la permanencia de los pueblos en las inmediaciones de la presidencia y de la alcaldía no sería garantista. El líder señaló a El Espectador: “estamos desde ayer y nadie se ha preocupado de que necesitamos baños, habiendo niños y adultos mayores, no es justo con nuestras comunidades”, añadió.
Edwin Andrés Chavez Rivera, consejero mayor de las comunidades indígenas de Nariño, dijo: “somos la Confederación de Territorios y Naciones de Colombia, comunidades como comunidades Nasa, Pastos, Quillacinga, Misak, con la finalidad de lograr un decreto de orden presidencial para que tengamos una política pública, ya que no pertenecemos a ninguna organización nacional y no estamos en ninguna mesa de concertación o reconocidos como pueblos originarios, así como él convoca a las reformas, que nos escuche a nosotros”, señaló a este diario.
Según otras fuentes, entre las instituciones del entorno hay una preocupación por la toma del espacio público alrededor de la Plaza de Bolívar. Además del uso de 12 cilindros de gas en la plaza, que ya implica un riesgo para zonas como el Palacio de Justicia, el Congreso, la Alcaldía y la misma Presidencia, “se verían afectado distintos puntos de comercio y la ciudadanía que se desplaza por la zona”, señalaron.
Indican además que a este grupo lo patrocina AISO -Autoridades Indígenas del Suroccidente- que, entre otros, agrupa comunidades Quillacinga, Pastos y Awá de Nariño, grupos que buscan separarse de organizaciones como el CRIC u ONIC. Así mismo se encuentra un grupo de indígenas Misak de La María, de Piendamó, Cauca.
¿Qué buscan dialogar con el presidente?
“Queremos preguntarle por qué se sienta con otras comunidades y no con nosotros, queremos expresarle que tenemos muchos obstáculos con todos los ministerios”, añadió Castillo. Argumenta el líder que su comunidad no ha podido acceder a unas certificaciones de los censos realizados en las comunidades y que les permiten acceder a educación y otros servicios. El líder sostiene que el gobernador de turno, queda con dos meses para ejecutar el presupuesto debido a los interrumpidos procesos de denuncia esta comunidad.
“Atendiendo el principio de corresponsabilidad”, señaló el Ministerio del Interior, “está trabajando de manera concertada con los pueblos indígenas para garantizar su atención integral y organizar la logística de su estadía en la capital del país. Sin embargo, es la Alcaldía Mayor de Bogotá quien debe adelantar las acciones pertinentes para disponer un lugar en el que estas comunidades puedan permanecer en condiciones dignas”, fue lo que sostuvo la cartera ministerial sobre este nuevo conflicto.
Como voceros del Gobierno, el Ministerio del Interior añadió en un comunicado que “hay una mala interpretación de que como es una situación de orden nacional quien define todo es el Gobierno. Sin embargo, quien tiene el manejo constitucional del orden público y de velar por las garantías de seguridad de las personas que están en la ciudad es el Distrito”, dijo el ente sobre la situación que se vive en el centro dela capital.
“De tal manera que, la alcaldía debe disponer el espacio físico y el Gobierno nacional se encarga de las condiciones logísticas, como su alimentación, baños y demás”, enfatizó el viceministro Rondón.
Sobre lo que solicitan las comunidades, indicó: “el Ministerio del Interior seguirá propiciando escenarios de diálogo para que los pueblos indígenas puedan resolver sus conflictos internos, además de trabajar en la revisión objetiva de sus censos y registros de nuevas autoridades u organizaciones. No obstante, insta a estas comunidades para que fortalezca sus principios de gobierno propio, ya que estás divisiones ponen en juego su autonomía y ancestralidad”.
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, repuntó que las comunidades anunciaron que realizarán más bloqueos en la ciudad. “Esta situación compromete entornos críticos para el Distrito, la Rama Judicial, el Congreso y la misma Presidencia, así como a la ciudadanía que se desplaza por estas zonas. Esperamos que las conversaciones que se lleven a cabo con el Gobierno nacional se den pronto y que se lleguen a unos acuerdos que sean útiles para todos”.
Los pueblos presentes se niegan a retirarse hasta que el presidente los escuche, no obstante, la voluntad del Gobierno parece limitada y habrá que esperar si esta nueva movilización consigue despertar la atención del presidente quien, en un nuevo pulso político, se vuelve a medir con las comunidades indígenas.
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Por Juan Camilo Parra
