La semana pasada estuvo marcada por protestas a raíz de los impactos ambientales y de salud que siguen generando dos proyectos de gran importancia para el saneamiento básico de la ciudad: el relleno sanitario Doña Juana, en el sur, y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, en el occidente.
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Por un lado, el miércoles 21 de mayo, habitantes de los barrios Mochuelo Alto y Bajo, en Ciudad Bolívar, realizaron plantones y bloqueos para reiterar denuncias por malos olores, enfermedades respiratorias y dermatológicas y presencia de vectores, producto del manejo del relleno.
Por otro lado, el sábado 24 de mayo, vecinos y líderes ambientales y sociales aledaños a la PTAR Salitre, en Engativá, realizaron un plantón para reiterar lo que vienen denunciando hace años: emisión de gases tóxicos, malos olores, proliferación de vectores y los altos niveles de ruido, de la operación de la planta, que afecta la tranquilidad y la salud de miles de personas.
“Estamos acá para insistir en lo que venimos denunciando hace varios años: que el proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre, ni en su etapa de diseño (2014) ni en su entrega (2021), tuvo en cuenta el riesgo para la salud pública que genera su operación a los vecinos. Los interceptores de alcantarillado de la planta traen las aguas residuales de casi tres millones de personas y su proceso de tratamiento se realiza a menos de 200 metros de nuestras casas. Una clara muestra de la falta de empatía por quienes vivimos en la zona, incluso antes de que el proyecto fuese realidad”, reclamó Camilo Moreno, gestor ambiental de la zona.
La PTAR es el sitio donde se tratan todas las aguas negras que produce el norte de la capital, antes de verterlas al río Bogotá. Tras finalizar su construcción, varios pleitos judiciales, líos con las obras y problemas administrativos, la Corporación Autónoma Regional (CAR) le entregó, a finales de 2024, esta planta de saneamiento a la Empresa de Acueducto de Bogotá. Lo hizo cumpliendo una orden judicial, respaldada por la sentencia que ordena descontaminar el río Bogotá.
Con esta salvedad, el motivo del plantón que se vivió el sábado, además de las afectaciones, “es por el rechazo de la comunidad a las mesas de concertación que ofrece el Acueducto, las cuales, además, fueron solicitadas por la misma comunidad ante la falta de respuestas. ¿Por qué la rechazamos? Porque no hay garantías. Las autoridades hablan de mitigar y hacer planes de prevención a los malos olores y las emisiones de gases. Y mientras ellos hablan de ‘mitigar’, las emisiones nos continúan enfermando y envenenando lentamente. Simplemente, no debe haber emisiones”, advierte Moreno.
Advierten afectaciones a unas 25.000 personas
Si bien los malos olores, las emisiones de gases y los altos niveles de ruido afectan de manera directa a ciertos barrios aledaños a la PTAR Salitre, los denunciantes informan que la problemática se extiende a medida que el aire corre. La afectación podría llegar a unas 25.000 personas, entre residentes, trabajadores y población flotante.
“Los barrios más afectados son la Ciudadela Colsubsidio cuarto sector, Quintas de Santa Bárbara y El Cortijo, pero el rango de impacto se extiende a la jurisdicción de estos barrios. La zona afectada se encuentra entre la carrera 114 y el límite de la PTAR hasta el río Juan Amarillo y la calle 80. Incluso, vecinos del sector de Bolivia, en la carrera 102, dicen que hasta allá llega la fetidez”.
La situación ha llegado a tal punto que, dicen, las rejas de varios conjuntos se están “pudriendo” a raíz de las emisiones de del ácido.
Ácido sulfhídrico, enemigo silencioso
Si alguna vez ha pasado por puntos muy contaminados como el Salto del Tequendama, sin duda ha sentido su fetidez, por el ácido sulfhídrico (H2S) que es conocido por el olor a huevo podrido. Se produce naturalmente en la descomposición de materia orgánica, sobre todo en ambientes con alta concentración de humedad, como aguas estancadas o alcantarillas y en procesos industriales como la extracción de petróleo o gas.
Según la OMS, este ácido, incluso en concentraciones bajas, genera problemas de salud como migrañas, náuseas, mareos, tos, vómitos, irritación de ojos, nariz y garganta. En casos de exposición continua, puede generar daños nerviosos y respiratorios.
“Lamentablemente, para nosotros ya es una costumbre lidiar con ese olor. Aparece a cualquier hora del día. Pero lo más grave es que cuando no se percibe, la situación incluso puede ser más peor. El olor a huevo podrido se percibe con concentraciones de 2 ppm (parte por millón), pero a partir de las 5 ppm, este gas produce un efecto narcotizante en las vías respiratorias y ya no se percibe. Es decir, hemos llegado a un punto en el que es preferible sentir el mal olor que no sentirlo, porque si no se siente hay más concentración y es más tóxico”. También señala que la insonorización no es la adecuada. “El ruido se genera porque hay varios motores prendidos a toda hora, ventilando la piscina de floculación. Esos ventiladores tienen unas astas enormes y cuando se prenden se genera una especie de pitido ensordecedor, con el que nos han obligado a convivir”.
Estos líos influyen en la desvalorización de los predios. La gente que llega a vivir a la zona se va a los pocos meses, los costos de los arriendos disminuyen y los predios, año tras año, se desvalorizan.
¿Qué dice el Acueducto?
En primera instancia, dicen que la planta cumple con los criterios de sostenibilidad y control ambiental. “Cuenta con una franja de árboles nativos, con más de 20 años de establecimiento, que funciona como barrera natural para mitigar la dispersión de olores y ruidos hacia las zonas residenciales cercanas”, indica la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Y asegura que se han instalado compuertas para confinar y controlar las emisiones de gases del tratamiento de aguas residuales. Esto, junto con otras medidas técnicas, permiten reducir de forma significativa la liberación de compuestos al ambiente. Aseguran también que las mediciones de emisiones se realizan periódicamente a través de laboratorios acreditados por el IDEAM, y los resultados son revisados y validados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y cuando se detectan desviaciones, se implementan acciones inmediatas, para proteger la salud y el bienestar de la población vecina.
En cuanto a los niveles de ruido, el Acueducto avanza en la insonorización de las tuberías en la zona de los sopladores (o ventiladores), cuya operación es ininterrumpida. Esta medida “permite reducir significativamente tanto la transmisión de vibraciones como el nivel de presión sonora, mejorando las condiciones acústicas al interior de la planta y disminuyendo la propagación del ruido hacia el entorno residencial”, afirma la entidad. Además, indicó, que priorizan el uso de equipos y se limitan a aquellos cuyo funcionamiento resulta imprescindible.
Pero, el tire y afloje sigue, pues la comunidad argumenta que la emisión de gases, el punto crucial, continúa sin resolverse. “Ellos dicen que se atienen a la norma, pero no tenemos una garantía. Es un hecho que esas emisiones son tóxicas, pero solo se habla de una mitigación justificada en sistemas de supresión de olores y ruidos que nunca fueron determinantes en el diseño inicial ni fueron entregados por el contratista. Esto deja claro que la salud de nosotros, los residentes cercanos, no es un punto fundamental. Es fácil justificar las emisiones cuando no se vive al lado de ellas”.
Entre tanto, las emisiones continúan; quienes arriendan se van espantados por los olores y ruidos; quienes se quedan siguen respirando, aire contaminado, y la planta continúa sus labores. Señala la comunidad que las vías legales son el próximo paso. “Nos cansamos de mesas de trabajo, en las que nunca pasa nada. Es necesario que la norma de emisiones se discuta a fondo. No puede ser que estemos condenados a vivir en esas condiciones que, además, de indignas e incómodas, resultan malsanas. Que prime el interés de la gente por encima de los intereses políticos y económicos. Eso es lo que pedimos”.
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