Las condiciones de habitabilidad a un costado del Parque Nacional, para más de 1.190 indígenas, continúan en deterioro, informó la Secretaría General. La entidad alertó de varias situaciones de conflictividad que se viven en inmediaciones del parque y solicitaron intervención del Gobierno.
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De acuerdo con Miguel Silva Moyano, secretario General, en las últimas horas se presentó “un intento de aumentar la ocupación en el Parque Nacional por parte de miembros de la comunidad Emberá”. En vista de un posible aumento de la población asentada en condiciones inciertas, el funcionario insistió en que el espacio público “no cuenta con las condiciones adecuadas para que ellos puedan permanecer”.
“Venimos trabajando fuertemente con el Gobierno Nacional para lograr el retorno definitivo de estas personas a sus territorios, pero mientras tanto es necesario insistir en un llamado a la Policía Metropolitana de Bogotá, la Policía al ICBF, a que acompañen los equipos que están en el Parque Nacional”, señaló el secretario.
Aseguró, además, que los equipos del Distrito han recibido amenazas de agresión física por parte de algunos “liderazgos negativos dentro de la comunidad”. La preocupación de la administración reside ahora en las condiciones de permanencia y el supuesto “uso de niños y niñas para impedir la actuación de las autoridades y facilitar la ocupación indebida del espacio público”.
“Reiteramos el llamado importante para que la Policía Metropolitana actúe, para que el ICBF actúe en el restablecimiento de los derechos, proteja a los niños y a las niñas y también, por supuesto, al Ministerio Público a que nos acompañe para que todas estas acciones se hagan en el marco del respeto por los derechos humanos”, insistió Moyano.
Regreso digno
Con el nuevo asentamiento en el Parque Nacional, la Unidad de Víctimas ha tenido que apretar los tiempos para avanzar en un proceso de retorno de 1.192 indígenas, que así lo desean. En mayo, la exdirectora general (e) de la Unidad de Víctimas, Gloria Cuartas, fijó un plazo de máximo de cuatro meses, para que esta comunidad retorne bajo garantías de voluntariedad, seguridad y dignidad, como demanda la Resolución 027.
“Las comunidades aseguran que quieren regresar a sus territorios, pero es importante conocer las necesidades, para tener una oferta institucional oportuna y garantizar el acompañamiento”, sentenció Jonathan Forero, coordinador del Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para las Víctimas.
¿Qué exige la comunidad embera al Gobierno?
Ariel Queragama, líder indígena asentado en Bogotá, ha dicho en otros escenarios que las principales solicitudes de las autoridades tradicionales es que los retornos tengan una oferta económica y social, que involucre a toda la comunidad, para garantizar la permanencia en el tiempo de sus proyectos de vida. “Queremos que estos procesos avancen y que las instituciones se comprometan”, dijo.
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Por Redacción Bogotá
