Nuevos choques por la PTAR Salitre

Metales pesados, desechos y excremento son los componentes que corren a diario por el río Bogotá sin un tratamiento eficiente, que disminuya su contaminación. Para ponerle freno a esta situación, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) informó que, a finales de mes, arrancan las obras para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, con la que se pretende limpiar en un 80 % el principal canal fluvial de la ciudad. Aunque la noticia es alentadora para muchos, cerca de 15.000 residentes de las zonas aledañas al proyecto se siguen oponiendo a su construcción, incluso preparan acciones legales para detenerla.

El consorcio Expansión PTAR Salitre (integrado por la firma griega Aktor, la española Aqualia y la colombiana Cass Constructores) será el encargado de las obras del megaproyecto que, según la CAR, beneficiará a más de 2,7 millones de bogotanos, pues servirá para descontaminar las aguas residuales que se producen entre las calles 26 y la 220.

El proyecto quedará en la salida de Bogotá por la calle 80, entre las localidades de Engativá y Suba. El sitio es un lugar rodeado por 35 hectáreas de bosque y más de 65 conjuntos residenciales, así como una zona de acuíferos que la comunidad y organizaciones ambientales han bautizado humedal El Cortijo, que pronto quedará sepultado.

La desaparición del espejo de agua, que se confirma al revisar los planos de la ampliación de la PTAR Salitre, fue la causa que desencadenó el rechazo de la comunidad al proyecto. Desde 2014, los vecinos emprendieron una lucha en contra de la CAR, con el argumento de la preservación del humedal. Giovanny López, representante del conjunto Alcaparros, manifiesta que los habitantes han cuidado la zona natural por más de 10 años y, aunque el Distrito no la ha reconocido, allí hay vida.

“Una prueba de ello es que la misma CAR contrató a la Asociación de Ornitología para hacer el inventario de las especies del lugar. Garzas, coquitos, monjitas bogotanas, atrapamoscas y chorlitos migratorios fueron algunas de las aves que se encontraron. Por esa razón, no vamos a permitir que se nos viole nuestro derecho a un ambiente sano”.

Al conflicto por el humedal se sumó uno que parece ser más grave. Los líderes de los barrios de la UPZ-72 (Ciudadela Colsubsidio, Cortijo, Bolivia, Bochica y Quintas de Santa Bárbara), que siempre han estado en desacuerdo con el proyecto, denunciaron ante el Banco Mundial (institución encargada de prestar el dinero para la obra) que la CAR permitió que organizaciones ambientales, que no representan a los residentes, avalaran la construcción de la PTAR.

Según los voceros, la CAR, en su afán de recibir el préstamo de la entidad y de cumplir con el requisito de dar a conocer a la comunidad el proyecto, invitó a la mesa de concertación (donde se discutieron las medidas de compensación ambiental) a varias ONG como Fundación Humedales Bogotá, Natural Planet y Asociación Ecovida, entre otras, que decían representar a los vecinos.

Para Juan Carlos Perafán, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal El Cortijo, esto fue una suplantación permitida por la entidad, porque la mayoría de los residentes de la UPZ-72 no apoya la construcción. “Siendo esto así, si hubieran invitado a los que representan a los vecinos, ellos habrían manifestado su rechazo al proyecto”.

Una de las pruebas para su afirmación consiste en que, mientras la CAR sólo cuenta con 347 firmas (entre ellas, varias de las ONG) que respaldan la obra, los vecinos han recogido casi 15.000 para oponerse, de los 25.000 residentes que viven cerca del sitio del proyecto. “No somos bobos. Esa planta, aparte de generarnos enfermedades por los fuertes químicos que usará para limpiar el río, también extenderá un olor putrefacto. Ya llevamos aguantando esa situación 16 años con la primera fase y no queremos más de eso. Si esto no fuera cierto, la CAR no estaría ofreciendo un parque metropolitano como compensación”.

Para ser escuchados, 30 representantes de 15 conjuntos, que llevan dos años luchando contra la obra, integraron, en julio, la Mesa Ciudadana Cortijo Tibaguya, para representar a los habitantes que se oponen a la PTAR. La comunidad ha interpuesto ante los jueces dos acciones populares contra la CAR, para pedir la protección de sus derechos a la vida, la salud y el ambiente sano, pero se las han rechazado por vicios de forma. Ahora, organizados, preparan una nueva acción legal para tratar de frenar la construcción.

La CAR responde

Ante el movimiento que se gesta entre los vecinos, la CAR intenta aclarar la controversia. El director general de la Corporación, Néstor Franco, de entrada acepta que el humedal El Cortijo desaparecerá, pero no de forma injustificada, sino por una razón clara: en el sitio donde está funcionó, hace 30 años, el basurero, razón por la cual, debajo del espejo de agua hay materiales peligrosos. Señala que, a largo plazo, de mantener el humedal, las especies podrán morir por la contaminación. “Sin embargo, nos comprometimos a reemplazar este espacio por un humedal artificial de 12 hectáreas, alimentado por el agua tratada de la PTAR”, agregó.

Frente a la denuncia de posible suplantación de la comunidad en la divulgación de la obra, el director desmiente a los líderes e insiste en que algunos vecinos sí participaron en las reuniones. La evidencia está en un informe de la entidad, en el que reposan 347 firmas, que comprueban la asistencia de algunos residentes. Aunque la cifra es baja, comparada con las firmas que han recogido los opositores a la PTAR, Franco dice que con ellas se puede verificar que no solo las fundaciones estuvieron en la mesa de concertación.

Asimismo, en los informes aparece que, en reiteradas ocasiones, invitaron a los representantes de la comunidad para hablar sobre la ampliación y las medidas de compensación, pero ellos se negaron. “Solamente asistieron a la primera reunión. Después de rechazar el proyecto, nunca más volvieron”, afirma Norma Carmona, profesional social de la CAR.

A su vez, la Corporación resalta que los residentes no deben preocuparse por el tema de los malos olores o posibles enfermedades, ya que uno de los compromisos con el Banco Mundial es usar la misma tecnología de las plantas de aguas residuales de los Estados Unidos, las cuales están a una calle de distancia de los barrios y no les han generado daños.

Para el director de la CAR, detrás de la oposición a la ampliación de la PTAR hay desinformación, que está siendo aprovechada por personas con intereses políticos. “Entre los voceros, hay algunos que en 2014 hicieron campaña electoral montados en el caballito de rechazar la PTAR Salitre. Esto hace que la gente crea en sus razones, aunque no sean ciertas”, concluyó Franco.

La controversia se mantiene. Ahora solo resta esperar si las nuevas acciones de la comunidad ante los jueces surten efecto. De lo contrario, la ampliación de la PTAR Salitre será una realidad que empezará a finales de este mes.

Metales pesados, desechos y excremento son los componentes que corren a diario por el río Bogotá sin un tratamiento eficiente, que disminuya su contaminación. Para ponerle freno a esta situación, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) informó que, a finales de mes, arrancan las obras para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, con la que se pretende limpiar en un 80 % el principal canal fluvial de la ciudad. Aunque la noticia es alentadora para muchos, cerca de 15.000 residentes de las zonas aledañas al proyecto se siguen oponiendo a su construcción, incluso preparan acciones legales para detenerla.

El consorcio Expansión PTAR Salitre (integrado por la firma griega Aktor, la española Aqualia y la colombiana Cass Constructores) será el encargado de las obras del megaproyecto que, según la CAR, beneficiará a más de 2,7 millones de bogotanos, pues servirá para descontaminar las aguas residuales que se producen entre las calles 26 y la 220.

El proyecto quedará en la salida de Bogotá por la calle 80, entre las localidades de Engativá y Suba. El sitio es un lugar rodeado por 35 hectáreas de bosque y más de 65 conjuntos residenciales, así como una zona de acuíferos que la comunidad y organizaciones ambientales han bautizado humedal El Cortijo, que pronto quedará sepultado.

La desaparición del espejo de agua, que se confirma al revisar los planos de la ampliación de la PTAR Salitre, fue la causa que desencadenó el rechazo de la comunidad al proyecto. Desde 2014, los vecinos emprendieron una lucha en contra de la CAR, con el argumento de la preservación del humedal. Giovanny López, representante del conjunto Alcaparros, manifiesta que los habitantes han cuidado la zona natural por más de 10 años y, aunque el Distrito no la ha reconocido, allí hay vida.

“Una prueba de ello es que la misma CAR contrató a la Asociación de Ornitología para hacer el inventario de las especies del lugar. Garzas, coquitos, monjitas bogotanas, atrapamoscas y chorlitos migratorios fueron algunas de las aves que se encontraron. Por esa razón, no vamos a permitir que se nos viole nuestro derecho a un ambiente sano”.

Al conflicto por el humedal se sumó uno que parece ser más grave. Los líderes de los barrios de la UPZ-72 (Ciudadela Colsubsidio, Cortijo, Bolivia, Bochica y Quintas de Santa Bárbara), que siempre han estado en desacuerdo con el proyecto, denunciaron ante el Banco Mundial (institución encargada de prestar el dinero para la obra) que la CAR permitió que organizaciones ambientales, que no representan a los residentes, avalaran la construcción de la PTAR.

Según los voceros, la CAR, en su afán de recibir el préstamo de la entidad y de cumplir con el requisito de dar a conocer a la comunidad el proyecto, invitó a la mesa de concertación (donde se discutieron las medidas de compensación ambiental) a varias ONG como Fundación Humedales Bogotá, Natural Planet y Asociación Ecovida, entre otras, que decían representar a los vecinos.

Para Juan Carlos Perafán, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal El Cortijo, esto fue una suplantación permitida por la entidad, porque la mayoría de los residentes de la UPZ-72 no apoya la construcción. “Siendo esto así, si hubieran invitado a los que representan a los vecinos, ellos habrían manifestado su rechazo al proyecto”.

Una de las pruebas para su afirmación consiste en que, mientras la CAR sólo cuenta con 347 firmas (entre ellas, varias de las ONG) que respaldan la obra, los vecinos han recogido casi 15.000 para oponerse, de los 25.000 residentes que viven cerca del sitio del proyecto. “No somos bobos. Esa planta, aparte de generarnos enfermedades por los fuertes químicos que usará para limpiar el río, también extenderá un olor putrefacto. Ya llevamos aguantando esa situación 16 años con la primera fase y no queremos más de eso. Si esto no fuera cierto, la CAR no estaría ofreciendo un parque metropolitano como compensación”.

Para ser escuchados, 30 representantes de 15 conjuntos, que llevan dos años luchando contra la obra, integraron, en julio, la Mesa Ciudadana Cortijo Tibaguya, para representar a los habitantes que se oponen a la PTAR. La comunidad ha interpuesto ante los jueces dos acciones populares contra la CAR, para pedir la protección de sus derechos a la vida, la salud y el ambiente sano, pero se las han rechazado por vicios de forma. Ahora, organizados, preparan una nueva acción legal para tratar de frenar la construcción.

La CAR responde

Ante el movimiento que se gesta entre los vecinos, la CAR intenta aclarar la controversia. El director general de la Corporación, Néstor Franco, de entrada acepta que el humedal El Cortijo desaparecerá, pero no de forma injustificada, sino por una razón clara: en el sitio donde está funcionó, hace 30 años, el basurero, razón por la cual, debajo del espejo de agua hay materiales peligrosos. Señala que, a largo plazo, de mantener el humedal, las especies podrán morir por la contaminación. “Sin embargo, nos comprometimos a reemplazar este espacio por un humedal artificial de 12 hectáreas, alimentado por el agua tratada de la PTAR”, agregó.

Frente a la denuncia de posible suplantación de la comunidad en la divulgación de la obra, el director desmiente a los líderes e insiste en que algunos vecinos sí participaron en las reuniones. La evidencia está en un informe de la entidad, en el que reposan 347 firmas, que comprueban la asistencia de algunos residentes. Aunque la cifra es baja, comparada con las firmas que han recogido los opositores a la PTAR, Franco dice que con ellas se puede verificar que no solo las fundaciones estuvieron en la mesa de concertación.

Asimismo, en los informes aparece que, en reiteradas ocasiones, invitaron a los representantes de la comunidad para hablar sobre la ampliación y las medidas de compensación, pero ellos se negaron. “Solamente asistieron a la primera reunión. Después de rechazar el proyecto, nunca más volvieron”, afirma Norma Carmona, profesional social de la CAR.

A su vez, la Corporación resalta que los residentes no deben preocuparse por el tema de los malos olores o posibles enfermedades, ya que uno de los compromisos con el Banco Mundial es usar la misma tecnología de las plantas de aguas residuales de los Estados Unidos, las cuales están a una calle de distancia de los barrios y no les han generado daños.

Para el director de la CAR, detrás de la oposición a la ampliación de la PTAR hay desinformación, que está siendo aprovechada por personas con intereses políticos. “Entre los voceros, hay algunos que en 2014 hicieron campaña electoral montados en el caballito de rechazar la PTAR Salitre. Esto hace que la gente crea en sus razones, aunque no sean ciertas”, concluyó Franco.

La controversia se mantiene. Ahora solo resta esperar si las nuevas acciones de la comunidad ante los jueces surten efecto. De lo contrario, la ampliación de la PTAR Salitre será una realidad que empezará a finales de este mes.