Obra del edificio de la Policía de Bogotá: “elefante blanco” que sigue tragando recursos

La Policía Metropolitana de Bogotá seguirá esperando que le entreguen su nueva sede. Aunque la Alcaldía quiere culminar los trabajos, apenas adelantan estudios para saber qué y dónde se debe hacer, con el fin de reactivar las obras. Por eso la construcción, contratada a finales de 2010 (administración de Samuel Moreno), que debía estar lista en diciembre de 2012 (gobierno de Gustavo Petro), cuyo contrato ha tenido casi 50 prórrogas y está suspendido desde finales de 2014, sigue sin una fecha clara de entrega.

La polémica obra se puede apreciar en la carrera 56 con calle 22, en el barrio Salitre Sur. Los diseños indican que en diciembre debía estar funcionando allí un edificio de 20 metros de ancho por 128 de largo, 39.000 m2 de área construida, seis pisos y un sótano. Sin embargo, todo empezó a fallar cuando, durante la construcción, aparecieron grietas en los hundimientos de los pisos. Esto encendió las alarmas, pues quedaba en duda la estabilidad de la estructura, que albergaría a la Policía de la capital. El proyecto finalmente fue suspendido.

Para reactivar la obra, la Secretaría de Seguridad, en la actual administración, contrató a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para evaluar las condiciones de la estructura. Aunque siempre existió la duda de si era mejor demoler y volver a empezar, la conclusión fue que, aunque hay trabajos mal hechos, lo construido se puede salvar con un reforzamiento estructural. ¿Su costo? Todo dependerá de otro estudio que costará $800 millones y definirá el tipo de reforzamiento que requiere el edificio. (Lea:Investigación por obra de comando de policía, en veremos)

Años de tropiezos

Como muchos contratos de la época del “carrusel”, el de la construcción de la sede de la Policía de Bogotá está lleno de dudas, irregularidades y omisiones. El panorama actual es el esqueleto de un “elefante blanco” gigante en continuo deterioro, que sigue generando gastos y cuya salvación costará otros miles de millones. Lo peor: las alertas se encendieron a tiempo y no se actuó con celeridad.

A finales de 2010 se adjudicó la obra a la firma Castell Camel S.A.S., con un plazo de 15 meses y $43.794 millones de presupuesto. Se le entregó al constructor el 50 % como anticipo. La ejecución comenzó el 28 de diciembre de 2010 y casi desde ese día hubo inconvenientes.

Lo primero que llamó la atención fue que recién firmado el contrato, y pese a las alertas del interventor, el Distrito autorizó al constructor para que subcontratara trabajos que requerían personal, maquinaria, equipos y actividades especializadas. Pasados unos meses empezaron los reclamos de los subcontratistas por los incumplimientos de la constructora.

El archivo de la obra, conocido por El Espectador, enumera todas las advertencias de los interventores, que no auguraba un buen final para este proyecto, en el que la ciudad ha gastado al menos $40.000 millones, y contando. Por ejemplo: el interventor no recibió obras por problemas de calidad; encontró obras inconclusas, otras que no estaban previstas ni autorizadas y unas que ni se hicieron. Con la llegada de Gustavo Petro el panorama siguió igual. En su mandato, el contrato estuvo entre prórrogas y suspensiones.

Lo más paradójico es que el constructor ya recibió casi todo el dinero. La administración de Samuel Moreno y Clara López le hizo 13 desembolsos por casi $29.000 millones. La de Petro, nueve, que sumaron $3.800 millones.

¿Cómo está hoy?

En el estudio contratado por la administración Peñalosa los ingenieros estudiaron las condiciones actuales de las obras. Revisaron las placas de concreto de los entrepisos donde se presentaron los hundimientos, así como los muros, los cimientos y las columnas. Aunque indicaron que, en general, cumplen condiciones mínimas, descubrieron que en algunas zonas no se garantiza la mínima seguridad de la estructura.

Encontraron, por ejemplo, sobrecargas en algunas columnas, muros que se construyeron sin tener en cuenta los planos y sin el refuerzo suficiente, una estructura metálica diferente a la indicada en los diseños y elementos como antepechos, muros divisorios y muros de fachada en condición riesgosa. La conclusión general es que se encontraron elementos estructurales que incumplen las normas de construcción y de sismorresistencia.

Por esta razón, los ingenieros recomendaron hacer un reforzamiento estructural que corrija los problemas. “Debe ser un análisis integral de todas las estructuras, realizado y firmado por un ingeniero estructural con experiencia suficiente”. Además, “dada la importancia y magnitud de la edificación, se recomienda realizar un estudio sísmico local para establecer las condiciones particulares del sitio del proyecto”. Y concluye: “Una vez se tenga el diseño del reforzamiento, se deberá evaluar de manera técnica y económica la construcción de las soluciones para corregir los problemas”.

Luego de conocer el informe, la Secretaría de Seguridad señaló que evalúan el paso a seguir. Como primera medida extendió la suspensión del contrato de obra hasta el 1° de febrero de 2017. En este tiempo se llevarán a cabo mesas de trabajo con acompañamiento de la Procuraduría. Lo único claro, por ahora, es que la Policía tendrá que esperar al menos un año más para estrenar sede en Bogotá.

La Policía Metropolitana de Bogotá seguirá esperando que le entreguen su nueva sede. Aunque la Alcaldía quiere culminar los trabajos, apenas adelantan estudios para saber qué y dónde se debe hacer, con el fin de reactivar las obras. Por eso la construcción, contratada a finales de 2010 (administración de Samuel Moreno), que debía estar lista en diciembre de 2012 (gobierno de Gustavo Petro), cuyo contrato ha tenido casi 50 prórrogas y está suspendido desde finales de 2014, sigue sin una fecha clara de entrega.

La polémica obra se puede apreciar en la carrera 56 con calle 22, en el barrio Salitre Sur. Los diseños indican que en diciembre debía estar funcionando allí un edificio de 20 metros de ancho por 128 de largo, 39.000 m2 de área construida, seis pisos y un sótano. Sin embargo, todo empezó a fallar cuando, durante la construcción, aparecieron grietas en los hundimientos de los pisos. Esto encendió las alarmas, pues quedaba en duda la estabilidad de la estructura, que albergaría a la Policía de la capital. El proyecto finalmente fue suspendido.

Para reactivar la obra, la Secretaría de Seguridad, en la actual administración, contrató a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para evaluar las condiciones de la estructura. Aunque siempre existió la duda de si era mejor demoler y volver a empezar, la conclusión fue que, aunque hay trabajos mal hechos, lo construido se puede salvar con un reforzamiento estructural. ¿Su costo? Todo dependerá de otro estudio que costará $800 millones y definirá el tipo de reforzamiento que requiere el edificio. (Lea:Investigación por obra de comando de policía, en veremos)

Años de tropiezos

Como muchos contratos de la época del “carrusel”, el de la construcción de la sede de la Policía de Bogotá está lleno de dudas, irregularidades y omisiones. El panorama actual es el esqueleto de un “elefante blanco” gigante en continuo deterioro, que sigue generando gastos y cuya salvación costará otros miles de millones. Lo peor: las alertas se encendieron a tiempo y no se actuó con celeridad.

A finales de 2010 se adjudicó la obra a la firma Castell Camel S.A.S., con un plazo de 15 meses y $43.794 millones de presupuesto. Se le entregó al constructor el 50 % como anticipo. La ejecución comenzó el 28 de diciembre de 2010 y casi desde ese día hubo inconvenientes.

Lo primero que llamó la atención fue que recién firmado el contrato, y pese a las alertas del interventor, el Distrito autorizó al constructor para que subcontratara trabajos que requerían personal, maquinaria, equipos y actividades especializadas. Pasados unos meses empezaron los reclamos de los subcontratistas por los incumplimientos de la constructora.

El archivo de la obra, conocido por El Espectador, enumera todas las advertencias de los interventores, que no auguraba un buen final para este proyecto, en el que la ciudad ha gastado al menos $40.000 millones, y contando. Por ejemplo: el interventor no recibió obras por problemas de calidad; encontró obras inconclusas, otras que no estaban previstas ni autorizadas y unas que ni se hicieron. Con la llegada de Gustavo Petro el panorama siguió igual. En su mandato, el contrato estuvo entre prórrogas y suspensiones.

Lo más paradójico es que el constructor ya recibió casi todo el dinero. La administración de Samuel Moreno y Clara López le hizo 13 desembolsos por casi $29.000 millones. La de Petro, nueve, que sumaron $3.800 millones.

¿Cómo está hoy?

En el estudio contratado por la administración Peñalosa los ingenieros estudiaron las condiciones actuales de las obras. Revisaron las placas de concreto de los entrepisos donde se presentaron los hundimientos, así como los muros, los cimientos y las columnas. Aunque indicaron que, en general, cumplen condiciones mínimas, descubrieron que en algunas zonas no se garantiza la mínima seguridad de la estructura.

Encontraron, por ejemplo, sobrecargas en algunas columnas, muros que se construyeron sin tener en cuenta los planos y sin el refuerzo suficiente, una estructura metálica diferente a la indicada en los diseños y elementos como antepechos, muros divisorios y muros de fachada en condición riesgosa. La conclusión general es que se encontraron elementos estructurales que incumplen las normas de construcción y de sismorresistencia.

Por esta razón, los ingenieros recomendaron hacer un reforzamiento estructural que corrija los problemas. “Debe ser un análisis integral de todas las estructuras, realizado y firmado por un ingeniero estructural con experiencia suficiente”. Además, “dada la importancia y magnitud de la edificación, se recomienda realizar un estudio sísmico local para establecer las condiciones particulares del sitio del proyecto”. Y concluye: “Una vez se tenga el diseño del reforzamiento, se deberá evaluar de manera técnica y económica la construcción de las soluciones para corregir los problemas”.

Luego de conocer el informe, la Secretaría de Seguridad señaló que evalúan el paso a seguir. Como primera medida extendió la suspensión del contrato de obra hasta el 1° de febrero de 2017. En este tiempo se llevarán a cabo mesas de trabajo con acompañamiento de la Procuraduría. Lo único claro, por ahora, es que la Policía tendrá que esperar al menos un año más para estrenar sede en Bogotá.