Los vecinos de las obras de la calle 169B entre el canal Córdoba y la Avenida Boyacá, en el norte de Bogotá, denunciaron este miércoles que hay sobrecostos en la construcción, debido a que los trabajos de reconstrucción y rehabilitación en la calle 169B, fueron proyectados para 14 meses y se demoraron más de dos años. Asimismo, los vecinos aseguraron que las obras tuvieron tres interrupciones y el Distrito la habría entregado incompleta en tres tramos.
Según las denuncias, la obra fue aprobada con un presupuesto total de $20.935’306.687 para ser entregada en enero de 2015; sin embargo, la entrega fue hecha en septiembre y tuvo un costo total de $36.700 millones. De esta forma, las obras habrían tenido un sobrecosto superior a los $16.000 millones por encima del valor inicial.
“Debían reconstruir después del semáforo pasando por el Colegio San Tarcisio, una esquina sobre la carrera 58, la futura Avenida Las Villas, y de ahí bajar por la 169B frente al supermercado y no lo hicieron; tampoco el tramo frente al gimnasio, ni los andenes de la parte sur de la calle 170”, aseguró en diálogo con Caracol Radio el presidente de la Comisión de Movilidad de la localidad de Suba, Alberto Gaona.
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), se manifestó al respecto asegurando que los trabajos que fueron contemplados en ese sector y que estuvieron a cargo del Distrito, y culpó a privados de las denuncias que hace la comunidad, pues aseguran que dichas obras se cumplieron en su totalidad.
“La obra quedó totalmente habilitada hace más o menos un mes y la situación está asociada a un predio de un gimnasio que no pudo hacer la entrega anticipada, no tiene licencia de construcción y no pudimos llegar a un acuerdo”, aseguró a su turno la directora técnica de construcciones del IDU, Carolina Barbantti.
De igual forma, la directora técnica de construcciones del IDU indicó que se requirieron adiciones por unos 11.000 millones de pesos en el contrato para adelantar las obras, explicando así el aumento en el costo de los trabajos, que fue de cerca de 31.000 millones.
“Ellos (los privados) ahora tienen una obligación con cargas urbanísticas que están relacionadas con un tramo de una calzada, espacio público y un parque. Ellos están en trámites y no podemos meternos en ese tema”, concluyó la funcionaria.
Por Redacción Bogotá
