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Luego de una jornada de vigilancia e inspección a dos obras en Ciudad Bolívar, la Contraloría de Bogotá anunció la apertura de una actuación de control fiscal sobre el proyecto del salón comunal Juan Pablo II y el Colegio Distrital San Francisco - Sede B, cuya obra inconclusa y sobrecostos, alertó al ente de control.
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Sobre el salón comunal del barrio Juan Pablo II recaen alertas relacionadas con la ejecución de recursos públicos que podrían configurar un presunto detrimento patrimonial cercano a los COP 800 millones.
Según informó Juan Camilo Zuluaga Morillo, contralor de Bogotá, la ciudadanía expuso diversas preocupaciones frente a la ejecución y funcionamiento de este y más proyectos de la localidad.
#BOGOTÁ| Contraloría abrirá actuaciones de control fiscal frente a recursos invertidos en dos proyectos de infraestructura en la localidad de Ciudad Bolívar. El organismo de control iniciará una actuación sobre el salón comunal Juan Pablo II y sobre la obra del Colegio Distrital… pic.twitter.com/cn5iY2xFHj
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 17, 2026
Por ejemplo, entre ellos destaca la obra del Colegio Distrital San Francisco - Sede B, que ya se encontraba en la lupa del organismo de control, y cuyo valor supera los COP 21 mil millones, cifra que contempla una posible adición por COP 2.200 millones.
A pesar de que el colegio tenía fecha de entrega para principios de 2023, registra un retraso de tres años y una suspensión por incumplimiento del primer contratista. Esto originó no solo un nuevo proceso contractual para finalizar la obra (que actualmente se encuentra en ejecución), sino un hallazgo fiscal por más de COP 1.200 millones. “Ante esta situación, la entidad que abrirá, igualmente, una nueva actuación de control fiscal”, mencionó la Contraloría.
Las inspecciones y visitas de control contaron también con el acompañamiento de Verónica Peláez Gutiérrez, auxiliar de contraloría, y la veedora distrital, Adriana Herrera Beltrán. “El control fiscal no puede quedarse en los escritorios ni limitarse a informes técnicos o expedientes. Debe conectarse con la realidad de las comunidades y llegar a las localidades”, agregó el contralor.
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