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9 Dec 2021 - 2:00 a. m.

¿Obstinación o conciliación? Los camino para el POT en Bogotá

A partir de hoy queda en manos de Claudia López aprobar o no por decreto el proyecto. Varios sectores le han pedido volver a presentarlo en el Concejo, pero en la balanza están los riesgos de discutirlo en plena temporada electoral.
Mónica Rivera Rueda

Mónica Rivera Rueda

Periodista Bogotá
Cláudia López
Cláudia López
Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

“Lo primero que le pido al señor alcalde Enrique Peñalosa es que descarte la posibilidad de expedir ese POT por decreto (...). Tiene la posibilidad legal de aprobarlo, pero no tiene la legitimidad política ni social para hacerlo”. Esta fue una de las primeras cosas que dijo Claudia López tras ser electa alcaldesa de la ciudad en 2019, ante la inminente posibilidad de que el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del exmandatario quedara para aprobación por decreto. En el último minuto, el cabildo lo tumbó y le dio la posibilidad a ella de volver a presentarlo.

Pero hoy, la Claudia del pasado parece hablarle a la Claudia del presente. Ayer se cumplió el plazo de 90 días que tenía el Concejo para debatir el POT de la alcaldesa, pero más de 60 recusaciones e impedimentos, que fueron apareciendo en el camino, impidieron el inicio de la votación del articulado en la Comisión del Plan y frustraron la última opción a la que acudieron los concejales esta semana para hundirlo.

Más allá de las maniobras empleadas como estrategia política para dilatar el proceso (que debe ser motivo de debate y ajustes), en juego está el futuro del POT y de la ciudad, pues a partir de hoy queda en manos de la alcaldesa López decidir si lo aprueba por decreto o escucha las múltiples voces, que han ido ganando adeptos, que le piden volver a presentar el proyecto ante el cabildo el próximo año, para discutirlo con más tiempo.

Hay varios argumentos. Por un lado, advierten el incumplimiento de los acuerdos logrados en los últimos tres meses, que no entrarían en el documento original, ya que la ley dice que el decreto se debe firmar sobre el proyecto que se radicó en la corporación. Por el otro lado, se mantienen los cuestionamientos sobre la participación ciudadana, por lo que varios sectores piden que se dé la posibilidad de ampliar el debate.

Ante esto, el martes, en la plenaria del Concejo, 11 de los 15 concejales de la Comisión del Plan señalaron que votarían en contra el proyecto, para evitar que fuera aprobado por decreto. A ellos se unieron la mayoría de las bancadas (excepto algunas figuras de la Alianza Verde), que ayer, en la elección de la mesa directiva del próximo año, pusieron carteles en sus curules en los que pedían que no se aprobara el POT por decreto.

Ante la controversia, la Alcaldía ha preferido guardar silencio. A los cuestionamientos sobre qué camino tomará (aprobar o no por decreto), la alcaldesa López se limitó a decir: “Esperaremos que se cumplan los plazos”. Pero, sin importar cuál sea el camino, implica complejos retos y consecuencias.

Uno es aprobar por decreto. Para tratar de incluir los acuerdos hechos en la accidentada etapa de discusión, se ha planteado aprobar la ponencia conciliada en el Concejo. Pero no está fácil, pues solo se lograron unificar dos de las tres ponencias, ya que no se logró un acuerdo con Nelson Cubides sobre el futuro de la ALO.

Sumado a esto, se acogerían a un artículo de la ley que fija los lineamientos de la participación democrática (1757 de 2015) que dice que en los cabildos abiertos “si las respuestas de los funcionarios incluyen compromisos decisorios, estos serán obligatorios y las autoridades deberán proceder a su ejecución, previo cumplimiento de las normas constitucionales y legales”.

Lo malo es que nunca se ha hecho algo similar en la ciudad y expertos temen que hacerlo genere vicios de procedimiento, lo que abriría la puerta a que un juez tumbara el POT, sin contar las nuevas demandas que ya se prevén contra el articulado. De ahí que el camino que queda sería aprobar el documento original que se radicó ante el Concejo, sin modificaciones.

Pero si la alcaldesa se muestra conciliadora y hace caso al llamado de varios sectores de radicar el próximo año de nuevo el proyecto, también tendrá sus retos. No solo el que la discusión se daría en plena jornada electoral (en la que muchos buscan sacar provecho), sino que la presidencia de la Comisión del Plan en el Concejo quedará en manos de Colombia Humana, que se ha mostrado en oposición. Por otro lado, la mandataria quedaría con menos tiempo para aplicar su POT o, por lo menos, para dejar en marcha sus proyectos estructurantes.

Al respecto, Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, cree que la aprobación por decreto es la opción con la que todos pierden. “Es un documento incompleto; débilmente estructurado; con propuestas incoherentes, que no reflejan los objetivos ampliamente defendidos por la propia alcaldesa en los últimos meses”. Y cree que el documento concertado puede ser una buena opción, pero teme que no se tenga un buen sustento jurídico para defender esta opción.

Por su parte, Ómar Oróstegui indica que lo más complejo de aprobar el proyecto por decreto es la incertidumbre frente a las demandas que se generarán alrededor. “Lo va a aprobar por decreto. Ella siempre tuvo la posibilidad de retirarlo hasta que se presentaran las ponencias y no lo hizo. Ha sido muy enfática en decir que la eligieron por su POT y la otra es que actualmente no tiene ejecutoria. Esto generará más tensiones que soluciones”.

Lo que le preocupa a Mario Noriega es que la decisión perjudicaría a la ciudad, pues, mientras se toman decisiones judiciales de fondo, se alcanzará a aprobar una gran cantidad de planes de renovación. Resalta, además, que hasta el momento no se ha hablado de cómo podría cambiar la valorización en la ciudad con el aumento de las densidades en construcción.

“Este POT deja varias lecciones. Primero, que se presentó como un documento elaboradísimo, pero resultó una farsa, porque técnicamente no se vio. En cuanto al manejo político, tanto de la alcaldesa como de la administración, fueron desastrosos. Desde el Concejo se aprovecharon para, por ejemplo, mejorar lo que pidió Camacol, pero poco de lo demás”, indicó Noriega.

Lo cierto es que la decisión está en manos del Distrito, que debe poner en la balanza el tipo de relación que quiere mantener en los próximos dos años con el Concejo, pero sobre todo priorizar a la ciudad con respecto a lo que requiere en cuanto a su principal norma urbanística.

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