Una de las principales piedras en el zapato de la seguridad en Bogotá, que reúne y dinamiza delitos graves como el tráfico de estupefacientes, el homicidio o la extorsión, son los puntos de expendio y consumo de narcóticos, conocidos popularmente como ollas, las cuales se enquistaron en varios puntos de la ciudad y hoy forman parte del paisaje de muchos barrios, en donde su presencia ya hace parte de la cotidianidad.
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Para hacerle frente de una manera más decidida y contundente a esta problemática de décadas, en el Concejo de Bogotá se presentó un proyecto que busca formular y cimentar lineamientos y estrategias enfocadas a identificar, mitigar y combatir las ollas de microtráfico en Bogotá.
¿De qué se trata?
El proyecto de acuerdo, presentado por el concejal Julián Espinosa, de la Alianza Verde, que ya pasó en primer debate, busca “identificar zonas, generar acciones y mitigar los impactos sociales, urbanísticos, de seguridad, convivencia y salud pública asociados al expendio de estupefacientes en áreas específicas de Bogotá”, según confirmó el cabildante en diálogo con El Espectador.
Según la Encuesta Multipropósito (EM) que realizó el DANE en 2021, y que se realiza cada cuatro años, se estima que más de 600.000 bogotanos y bogotanas reportaron residir en áreas cercanas a puntos de expendio y consumo de estupefacientes, conocidos popularmente como ‘ollas’.
Con esa cifra en mente, el proyecto de acuerdo propone cinco lineamientos claves para la identificación de zonas o puntos críticos, generar planes de mitigación y realizar los respectivos seguimientos para generar un impacto real en términos de reducción de mercados locales de estupefacientes y sus problemáticas conexas.
Recolección de información
Como se mencionó anteriormente, la EM del 2021 (que es el registro oficial más reciente), señaló que 600.000 de los encuestados viven cerca de una olla del microtráfico. La cifra señala, además de la magnitud del problema, la urgente necesidad de fortalecer las estrategias de prevención en las zonas impactadas. “Por la incidencia que estos sitios de expendio tienen en el paisaje barrial de varias localidades, dentro del proyecto, de acuerdo el tema de recolección de información incluye necesariamente a la ciudadanía”, señala el autor del proyecto.
Así las cosas, la Secretaría de Seguridad, en coordinación con la Policía, de aprobarse el proyecto, tendrán que garantizar que los procesos de inteligencia y de investigación exhaustiva se realicen en los puntos donde la comunidad denuncie la presencia de una olla.
No obstante, este punto tiene un detalle no menor al que hay que ponerle la lupa y es la presunta connivencia y complicidad de algunos miembros de las autoridades con las bandas que dinamizan el tráfico. “Hemos recibido denuncia que personas que aseguran que después de poner en conocimiento de las autoridades la presencia de una olla en su entorno barrial, empiezan a recibir amenazas o ataques deliberados a manera de retaliación”, señala el concejal Espinoza.
En ese sentido, la relación de algunos miembros de la fuerza pública con actores dinamizadores del tráfico en ciertas zonas de Bogotá es una realidad, razón por la cual los procesos de recolección de información serán manejados “por el más alto nivel”, es decir, la Sijin y la Dijin, que garanticen que esa información no quede sectorizada, sino que se trabaje a nivel macro y, sobre todo, que no se filtre y que los focos de complicidad entre la institución y las bandas se erradiquen de manera definitiva.
Lectura dinámica e identificación de impactos
Finalizada la etapa de recolección de información, la Secretaría de Seguridad tendrá que analizar y definir las dinámicas en que funcional los expendios, además de las fuentes de riesgo y los impactos que se genera en la comunidad aledaña.
Formulación de modelos territoriales
Las dinámicas de cada expendio dependen de las circunstancias del sector en el que se encuentren, y de esas especificidades se desprende su organización y las maneras en que operan en cada territorio, por eso es vital la identificación detallada y para eso el proyecto propone la creación de modelos de intervención territoriales.
“Un modelo territorial se basa en la creación de polígonos en los cuales se debe decantar que en ese polígono hay una ella y cuál es el impacto comercial de lo que significa eso. Por ejemplo: si se identifica una olla en una cuadra en donde también hay un sitio de expendio de licores, es probable, y es lo que nos ha informado la comunidad, que ese sitio sea uno de los canales de comercialización, y en ese sentido esos polígonos deben tener atención no solamente sobre la olla sino sobre las esquinas y los sitios que pueden servir como canal de comercio.
Transformación de entornos y desarrollo de capacidades
Es este punto se plantea que la administración Distrital pueda disponer parte de sus capacidades en las cercanías de estos lugares, es decir, que exista una presencia continua que bloquee el desarrollo comercial que las bandas de microtráfico. “Es un hecho que muchas de las ollas están ubicadas estratégicamente cerca de entornos escolares o de parques que faciliten su comercio, de ahí la importancia de que la fuerza pública garantice que, por ejemplo, cuando se desmantela una olla no se vuelva a establecer a dos casas de donde estaba, o que se cambien las piezas más bajas de la cadena de poder, pero los verdaderos responsables continúen delinquiendo”.
Seguimiento
Finalmente, “La Secretaría Distrital de Seguridad, en articulación con la Policía Nacional y en el marco de sus competencias; verificarán la implementación de las acciones para la mitigación de los factores identificados. De ser necesario, formularán y presentarán recomendaciones a las autoridades correspondientes para que se presenten nuevas estrategias que permitan dar cumplimiento a los criterios de monitoreo y seguimiento establecidos previamente”, se lee en el documento de la normativa del proyecto.
“Hay que atacar a los jefes de las mafias”
Para Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, propuestas como esta “sin duda son importantes, porque se trata de garantizar la seguridad de las personas, ¿quién no está de acuerdo con que se saquen las ollas de sus barrios o sus entornos más cotidianos? Sin embargo, se trata de estructuras de tercer y cuarto nivel, y entonces la pregunta es, ¿cuándo iremos tras los jefes de las mafias, los que dan las órdenes y los que siguen impunes?”, señala.
Atacar estructuras de grupos como Los Satanás, los Camilos o al Tren de Aragua, recalca Acero, “contribuye y ataca una parte del problema, pero las grandes estructuras permanecen. Hay que tener en cuenta que Bogotá es un epicentro del tráfico de droga, porque es un centro importante de consumo, pero también es un gran centro de distribución y en ese sentido, es importante que la lucha sea contra el narcotráfico, porque el microtráfico es una de sus formas de distribución, pero no la única”, señala Acero.
Actualmente, el enfoque contra el narcotráfico en Bogoá se basa en tres líneas de investigación: “una dedicada solo a la marihuana, otra al bazuco y otra a la cocaína. Este año (con corte mayo) hemos incautado más de 2,5 toneladas de marihuana, un 73 % más que lo incautado a la fecha en 2023. Para cada una tenemos dos enfoques: uno que analiza los contextos locales y de microtráfico, en la que hablamos de los expendedores, barrios, parques y zonas donde se mueve la droga. Adyacente, hay otra línea concentrada en los proveedores, identificando de dónde viene y quiénes son. Tenemos un grupo especializado en trazar los insumos de las drogas sintéticas, que las fabrican en cocinas clandestinas”, señalo en una entrevista con este medio en el mes de mayo, el mayor Yilmar Joaquín López, jefe de la línea investigativa contra el tráfico de estupefacientes de Bogotá.
Según López, “la cocaína, principalmente, de Putumayo y Meta. Hace poco incautamos 390 kilos de marihuana proveniente de Cauca. Nuestro trabajo es llegar a los proveedores que mueven esa droga en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy y Rafael Uribe Uribe, y otras ollas en Bogotá. Hay más de 370 ollas, sin embargo, hemos atacado más de 175 este 2024″.
¿Connivencia de las autoridades?
Un punto clave para que la estrategia funcione con resultados certeros tiene que ver con garantizar que la información que la comunidad le da a las autoridades no se filtre, pues como señala el concejal Espinosa, “hay evidencia de que la ciudadanía pone la denuncia con el policía que está de turno en el CAI y al otro día la banda criminal se entera y entonces vienen las retaliaciones o las amenazas. Cortar esa complicidad es fundamental”, señala el concejal.
Pese a que la existencia de las ollas es un secreto a voces desde hace décadas y forman parte de la cotidianidad de muchos barrios de la ciudad, no hay un antecedente de una política pública o una estrategia diseñada específicamente para combatir el fenómeno a nivel local y hacerle un seguimiento exhaustivo.
Y en ese sentido, estrategias como la que reseña esta página son fundamentales para establecer un ambiente de cero tolerancia con la formación de ollas y con la pasividad e incluso la complicidad de algunos miembros de la fuerza pública, tal y como ocurrió en octubre de 2022 en el CAI Caldas, ubicado en Corabastos, cuyo comandante para la fecha, Víctor Manuel Flechas, fue capturado por, presuntamente, tener nexos y facilitar el accionar criminal de la temida banda transnacional conocida como el Tren de Aragua, uno de los principales dinamizadores del microtráfico en el sector de María Paz y Patio Bonito, precisamente, dos puntos críticos en cuanto a presencia de ollas y narcotráfico se refiere.
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