Desde el 13 de diciembre de 2011, el entonces secretario de Salud, Jorge Bernal, denunció irregularidades con el consorcio Unión Temporal, cuyo contrato por $67.000 millones incluía la operación de 70 vehículos de emergencia del total de 90 que funcionan en la ciudad. Las inconsistencias reveladas por la entidad Distrital fueron la ausencia de ambulancias de reposición, la falta de insumos en los vehículos, la contratación de personal no apto y la carencia de garantías en la recepción de anticipos.
Una de las personas afectadas por las presuntas inconsistencias del consorcio Unión Temporal, fue la señora Blanca Morales, quien estuvo en la audiencia realizada en la Secretaría de Salud. Ella cuenta que el 5 de noviembre de 2011 su esposo, Juan Antonio Vera de 61 años, sufrió un infarto mientras trabajaba en una fábrica del barrio San José en el centro de la ciudad. Luego de que el señor Vera despertó, en compañía de un familiar suyo, solicitó un servicio de ambulancia, pero una vez fue transportado en el vehículo, no recibió el suministro de oxígeno pese a que él manifestó que se sentía ahogado y no podía respirar bien, como explica la señora Morales. Tiempo después, el señor Vera falleció en el Hospital San José.
Para la señora Morales es paradójico que en la audiencia pública con los representantes de la Unión Temporal, éstos hubieran explicado que las condiciones de las ambulancias a su cargo fueron las adecuadas y contaron con los equipos y provisiones necesarias. Incluso, como resalta Morales, el consorcio indicó que en varias ocasiones los vehículos contaban con suministros de oxígeno más altos que los obligatorios. Los abogados de la empresa, también aclararon que varias de las auditorías realizadas por la Secretaría de Salud, se hicieron luego de que las ambulancias habían atendido servicios y por esta razón, no se encontraban los insumos completos.
Después de esta audiencia, la Secretaría de Salud revisará los documentos entregados por Unión Temporal y el 7 de febrero realizará una primera fase de respuesta en la que determinará si finalmente se sanciona o no al consorcio.
Por Redacción Bogotá
