Los “¿para dónde va?”, “allá no voy!”, “lo llevo, pero le vale más”, “bájese acá”, “si no le gusta el volumen de la música, bájese”, “no puedo correr la silla del conductor”, etc., etc. sumado a la utilización de vehículos inadecuados -aun cuando autorizados por la norma-, en su gran mayoría en mal estado, conducidos con agresividad sobre peatones y demás conductores de otros vehículos, son algunas de las muchísimas expresiones y conductas del gremio taxista que a la fecha aún no han querido reconocer y superar.
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Ni los grandes, ni los medianos, ni los pequeños empresarios del taxismo, ni las afiliadoras, ni los conductores se han ocupado de lo importante: prestar un servicio de calidad. Su afán es seguir ganando dinero y, para ello, optaron por tratar de desaparecer a los miles de conductores de vehículos de las plataformas digitales que sí prestan un buen servicio. Ahora, además, se amenazan impunemente a los usuarios que las utilizan.
A los amarillos nadie los quiere, por eso mismo los múltiples usuarios que utilizan el transporte alternativo lo seguirán haciendo, aun cuando éste sea más costoso. Por lo demás, los más de cien mil conductores de estos vehículos constituyen una fuerza trabajadora que no podrá desaparecerse como arbitrariamente pretenden los empresarios del taxismo, las ineficientes afiliadoras de taxis y los manipulados -por todos estos- conductores de taxis.
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Mientras los empresarios del sector -grandes, medianos y pequeños- manifiestan perder dinero por cuenta de la disminución del valor del “cupo” que pagaron por los taxis, nada dicen y menos hacen respecto de las precarias condiciones laborales de los conductores de taxis que resultan al parecer instrumentalizados por todos ellos para bloquear la ciudad y agredir a la ciudadanía con sus arbitrarias protestas. Para quienes no lo sepan aún, el denominado “cupo” no es un valor que el Estado cobre por estos, sino un sobreprecio especulativo que entre los mismos empresarios del sector se inventaron como parte del precio en la compra-venta de taxis.
La ruta correcta de los taxistas no está en procurar desaparecer la competencia -eso no ocurrirá-, la que con servicio ganó el favor de los usuarios, sino en reinventarse para prestar un servicio de calidad. Por su parte, la ruta correcta de las autoridades no es la de perseguir a ciento de miles de familias que reciben también su sustento -como los taxistas- de su trabajo por un servicio que la ciudadanía está dispuesta a seguir usando y pagando por encima de las amenazas de estos últimos, sino en nivelar reglamentariamente las exigencias de ley a unos y otros.
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Quienes prestan el servicio de transporte alternativo individual de pasajeros al igual que quienes prestan el servicio en taxis tienen derechos objeto de protección constitucional y, por tanto, están llamados a ser ponderados. No unos en detrimento de otros. La solución no la tienen los alcaldes y menos con medidas que procuran esto último, como lo exigen los taxistas. La solución real está en manos del gobierno nacional, llamado a regular el servicio exigiendo las mismas cargas para unos y otros.
En materia de servicio, y los servicios públicos se rigen por ello, queda demostrado que la competencia produce un. mejor servicio, entre tanto los servicios bajo monopolio terminan favoreciendo sin justificación a unos pocos que prestan un pésimo servicio.
La ciudadanía exige que prime la calidad del servicio sobre los multimillonarios intereses económicos de los empresarios del taxismo que prestan un deficiente servicio.
