A raíz del incremento realizado por el gobierno a los recursos que se entregan a las EPS por cada afiliado para financiar su atención en salud en 2024, se ha generado una encendida polémica en torno a si este es suficiente. El gobierno insiste que sí lo es negando que exista desfinanciamiento del sector, pero en vez de acudir a un ejercicio técnico con estas entidades, se ha dedicado a desprestigiarlas dando a entender que se quedan con la plata, sin que hasta el presente haya podido demostrarlo.
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Y peor aún, en un hecho insólito, ha acudido al sector judicial para que sea este quien determine que se hizo la plata y la repongan, es decir, que sea un juez, que no conoce de este tema, quien haga la tarea que según la Constitución le corresponde al gobierno.
No hay que hacer mucho esfuerzo para concluir que los recursos no son suficientes, cosa que no ha sucedido en ningún país del mundo por rico y desarrollado que sea. Es un fenómeno mundial que nada tiene que ver con que existan EPS o se roben la plata, y menos que se vaya a resolver con la reforma propuesta, que antes, por el contrario, tiene todos los elementos para concluir que se volverá peor la situación. Las razones para que los recursos disponibles sean siempre inferiores a las necesidades de la población en materia de salud, se debe sobre todo a su envejecimiento creciente y a la mayor complejidad y costo de las nuevas tecnologías que ello requiere.
Además, en una reciente publicación del mismo Ministerio de Salud (rueda de prensa 17/01/2024) con la que pretendía mostrar que no existía tal descuadre financiero en las EPS, terminó dándoles la razón. Como lo muestran en una gráfica, si bien es cierto que la frecuencia de uso promedio de servicios por cada afiliado se mantiene estable desde 2016 a 2022 (en 25,15 veces), el costo medio de cada una de ellas subió en un 157% al pasar de $260.263 a $668.734 mientras que en el mismo período la UPC creció un 64%. Adicionalmente, en ese mismo período los estados financieros de las EPS muestran un deterioro progresivo de su patrimonio porque vienen asumiendo de sus propios recursos el sobrecosto creciente de los servicios de salud al poner entre 3 a 4 puntos porcentuales por encima de los 92 que obligatoriamente deben destinar a pagar los servicios.
Esta es una polémica innecesaria y dañina para los servicios en la que a la postre quienes pagan las consecuencias son los millones de pacientes que ven deteriorados los servicios. El gobierno debería bajarle el tono a esta discusión y acudir al diálogo directo con las EPS y demás actores que ven con preocupación como un tema eminentemente técnico, se trasladó a los medios de comunicación y más recientemente a los estrados judiciales. Hay que recuperar la confianza en el sistema de salud para evitar que se siga deteriorando, es la gente la que sufre, no las empresas.
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