No tengo memoria de que algún presidente, le planteara, con tanta claridad, a la comunidad internacional la necesidad de cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas, como Gustavo Petro. En su discurso de posesión señaló: “Es hora de una nueva Convención Internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, durante estos 40 años, y que deja 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados.”
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Estoy totalmente de acuerdo con su posición y lo apoyo. Por eso quiero contribuir al debate.
Una cosa es reglamentar el consumo recreativo de la marihuana, otra cosa es saber qué hacer con drogas como el bazuco, la cocaína, la heroína y la gran variedad de drogas sintéticas. Una cosa es reglamentar la producción, cultivo y transformación del cannabis, otra cosa es tener claro cómo enfrentar las dinámicas económicas y sociales de un negocio cuya rentabilidad trasciende fronteras y continentes.
El narcotráfico ha dejado de ser un negocio exclusivo de países emergentes. En Europa a los pequeños laboratorios en República Checa, se suman unos más sofisticados en Países Bajos y Bélgica. La creciente demanda también ha generado un aumento de la violencia entre competidores por el control del mercado. Solo en Países Bajos, famoso por su política de no penalizar el consumo, en 2020 se registraron “más de 50 bombas relacionadas con luchas entre grupos del crimen organizado”. Las mafias que manejan varios cientos miles de millones de dólares al año no se quedarán de brazos cruzados.
Hecha la ley, hecha la trampa. Los opiáceos, legales, producidos por multinacionales, legales, que les dejan multimillonarias ganancias, legales, han ocasionado la muerte a más de 400 mil personas en Estados Unidos por sobredosis. Como bien lo investigó Juan Carlos Flórez en su libro “Los que sobran”, importantes farmacéuticas construyeron una lucrativa estrategia sobre dos pilares. Por un lado, comercializaron un medicamento altamente adictivo, elaborado y comercializado legalmente, impulsado con tarjetas de descuento para los supuestos pacientes y millonarias bonificaciones a médicos para promover su consumo. Por el otro, pusieron en marcha una agresiva campaña de blanqueamiento de conciencia, entregando millonarias sumas a la cultura y la educación. Solo una familia, parte del letal negocio, entregó, entre 2013 y 2018, USD 63 millones a universidades de élite.
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Una cosa es una familia con recursos para tratar el consumo problemático de drogas. Otra cosa es esa misma situación para una familia de bajos ingresos. Mientras que la primera puede pagar atención y cuidado en un instituto, la segunda tendrá que hacer maromas para pilotear la difícil situación en el seno del hogar o echarlo de la casa a su propia suerte. Sin un amplio programa público de atención a las personas que quieren dejar de consumir, no se superará el drama social que afecta a hogares en todos los rincones del país. No se puede desconocer que somos un país productor/consumidor.
La idea del cambio estructural en la lucha contra las drogas es buena. El desafío es que funcione. Requerirá de mucho diálogo y pedagogía, de una institucionalidad fuerte, de un sólido trabajo multidisciplinar, de construir una red de países y ciudades aliadas en prevención, atención y lavado de activos.
