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El debate sobre el lucro en salud resurge en Colombia con la reforma que propone reemplazar el aseguramiento por pagos estatales directos a los prestadores. El argumento oficial sostiene que las aseguradoras son “intermediarias financieras de un recurso público que convierten la salud en una mercancía sin agregarle valor al servicio”, calificando de “inmorales” las utilidades que generan.
En primer lugar, afirmar que el aseguramiento no agrega valor desconoce el papel fundamental que esta herramienta de solidaridad social ha desempeñado durante siglos en la gestión de riesgos técnicos y financieros. Son funciones esenciales para garantizar sostenibilidad y equidad, que no deben confundirse con el rol financiador del Estado, quien por el solo hecho de proveer los recursos no lo convierte en asegurador.
En segundo lugar, señalar que el aseguramiento convierte la salud en mercancía ignora las razones históricas que señalan la inconveniencia de que lo sea. Tal como advirtió Kenneth Arrow en 1963, la salud está atravesada por incertidumbre, asimetría de información, externalidades y fallas de mercado que impiden que la oferta y la demanda determinen un acceso justo y eficiente. De ahí la importancia de la regulación estatal y de mecanismos solidarios como el aseguramiento que distribuyen riesgos protegiendo a los más vulnerables.
En tercer lugar, estatizar no garantiza mayor equidad ni mejores resultados. Por el contrario, puede derivar en sobrecostos, desabastecimiento, deterioro en la calidad y menoscabo de la libertad de elección. La experiencia demuestra que la ausencia de lucro no equivale a ausencia de intereses o que en el gobierno estos no existan: hospitales y entidades públicas han quebrado tras ser capturados por redes de clientelismo que los usan para su propio beneficio, para quienes el problema no parecería ser el lucro, sino quién se apropia de él.
En lugar de eliminar el modelo de aseguramiento público-privado colombiano, la discusión debería centrarse en cómo fortalecer la supervisión, aumentar la transparencia y corregir los incentivos perversos. Este ha demostrado ser un instrumento eficaz para mejorar el acceso, la equidad y controlar costos ubicando este sistema entre los más eficientes y solidarios del mundo.
La evidencia internacional lo respalda. Países como Alemania, Países Bajos o Francia integran seguros públicos y privados sin por ello renunciar a principios de equidad y universalidad. Incluso sistemas estatales como el NHS británico han incorporado mecanismos de competencia gestionada con actores privados para controlar costos y mejorar su desempeño (Saltman & Busse, 2002).
Proponer un esquema centralizado de pagos estatales a prestadores sin aseguramiento, reemplaza un sistema perfectible por uno altamente vulnerable a la politización, escenario que el país ya vivió. El reciente sistema de salud del magisterio que adoptó este diseño, confirma su inconveniencia: en menos de dos años duplicó sus costos empeorando el acceso y la calidad del servicio.
Satanizar el mercado y deificar al Estado revive un falso dilema ya superado. Es una visión ideológica que desconoce la realidad del sistema colombiano, donde como, por ejemplo, en Bogotá, el 80% del aseguramiento y la prestación son privados. Reformar sí, pero sobre la base de la evidencia, no de prejuicios ni dogmas.
