Entre 2019 y 2023, Bogotá enfrentó una transformación estructural del clima social, convirtiéndose en una ciudad donde sus habitantes descreen de leyes y normas, no existe un estándar cívico y cualquier actor particular se siente con derecho a constreñir a sus conciudadanos y paralizar sus vidas.
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Lo que en principio estuvo escondido detrás del descontento y la frustración generados por la suma de catástrofes individuales generadas por la pandemia, hoy claramente se deja ver como el aprovechamiento por intereses particulares del debilitamiento de la gestión comunitaria y las capacidades para garantizar el orden y la vigencia de la ley.
La gestión comunitaria, entendida como el trabajo de las autoridades locales para impulsar una idea compartida de ciudad a partir de la integración del mayor número de ciudadanos en torno a sus necesidades, intereses y expectativas (crear tejido social), no un esfuerzo simplista de ampliar la oferta de programas asistenciales.
Las capacidades para gestionar el orden y promover la ley, comprendidas como la disponibilidad de servicios de seguridad, convivencia y justicia, con capacidad de anticipar, prevenir y atender de manera oportuna los factores de riesgo y conflictividad que hoy con facilidad se tornan en eventos que colapsan la ciudad.
No es desconsiderado ni atrevido indicar que los desafíos disruptivos que la sociedad ha enfrentado en los últimos cinco años han sido instrumentalizados por fuerzas políticas para promover el desorden y la destrucción en la ciudad. Ejemplo de esto fue la transformación del Paro Nacional de 2019 en un escenario de destrucción urbana, violencia social y desafío institucional.
Desde noviembre de 2018 hasta la fecha, la ciudad ha asistido a la transformación de estos eventos extraordinarios en componentes ordinarios de la vida capitalina.
Solo en el mes de octubre de 2023 se han registrado al menos 23 hechos que han derivado en destrucción de bienes públicos, riesgos a la integridad física de los ciudadanos, pérdidas económicas y colapso de la ciudad. Todos definidos bajo una misma premisa: intereses particulares que buscan sobreponerse sobre los intereses generales por la vía de la fuerza.
Grupos de taxistas, motociclistas, indígenas, estudiantes, funcionarios públicos y comerciantes informales son algunos de los grupos que han convertido el bloqueo urbano, la usurpación del espacio público y el ejercicio de la violencia física y psicológica como instrumentos naturales para la gestión de sus intereses.
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Aunque este no es un tema de discusión nuevo en Bogotá es necesario volver sobre este, dado que se percibe un aumento del riesgo de conflictividad social por cuenta del incremento de factores de frustración ciudadana y de su potencial aprovechamiento para generar ingobernabilidad por parte de fuerzas políticas.
La anterior afirmación no requiere de una bola de cristal. Tan solo una observación cuidadosa de las tensiones entre el gobierno nacional y el gobierno distrital sobre la agenda de ciudad permite ver la magnitud de las apuestas por el control de la capital y el costo en conflictividad social que puede significar su frustración.
Como la mejor forma de gestionar escenarios críticos es imaginarlos en sus características más retadoras, el nuevo alcalde debe plantearse desde el mismo momento de su elección una estrategia integral para la gestión exitosa de un clima social conflictivo.
Esto significa, en primer lugar, evaluar las capacidades del conjunto del gobierno distrital para identificar de manera temprana factores críticos o frustraciones ciudadanas con potencialidad de derivar en escenarios funcionales para generar ingobernabilidad.
En este sentido, la selección y estructuración de los gobiernos locales representa una acción clave, dado que el conocimiento que estos tengan del clima social en los barrios es materia fundamental para la recuperación de la confianza y la cohesión entre los bogotanos. Dos antídotos necesarios contra criminales, agitadores y politiqueros.
En este mismo sentido, el nuevo gobierno debe muy rápidamente evaluar el estado y alcance de los sistemas de información y respuesta a las necesidades y demandas de los ciudadanos. Recuperar la comunicación efectiva entre los bogotanos y la administración distrital es una necesidad urgente.
En la dimensión territorial, el empalme de gobierno debe hacer un enfoque en el conocimiento de las dinámicas territoriales de conflictividad social, con miras a definir acciones focales prioritarias para la superación de problemas y condiciones que facilitan las acciones de los desestabilizadores.
Asociado a lo anterior, está la dimensión de las capacidades. El desequilibrio territorial en servicios de seguridad, convivencia y justicia, así como un pie de fuerza cuyo déficit, empeorará la demanda del nuevo alcalde la definición de un esquema de respuesta realista y efectivo para anticiparse al caos en la ciudad.
Todas las anteriores estructuradas bajo una conversación sincera que concientice a los bogotanos sobre el daño que causa la imposición por la fuerza de intereses particulares y los efectos en la vida personal del bloqueo permanente e impune a la ciudad.
Recuperar el respeto y el reconocimiento mutuo a los derechos individuales es el punto de partida para la transformación de un clima social de confrontación en una alianza ciudadana por el bienestar y desarrollo.
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