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A comienzos del siglo XX el Paseo Bolívar, en la falda de los Cerros Orientales, vecino del caso histórico de la ciudad, se convirtió tal vez en el principal símbolo de la informalidad en Bogotá. Sus ranchos y chozas, sumados a los problemas de salubridad, eran percibidos por la élite de la época como obstáculo para modernización de la ciudad.
Lo que, consciente o inconscientemente ignoraron, era que no solo la oferta de vivienda en la ciudad era inferior a la demanda, sino que, además, muchas de las personas que vivían en la ciudad o que estaban migrando hacia ella, no tenían los recursos para adquirir una formalmente.
Aunque hacia 1938, se terminó la compra y demolición de las casas de la zona, y muchos de sus habitantes fueron reubicados en el barrio Centenario, eso no resolvió los problemas de vivienda de una Bogotá en pleno crecimiento.
La anexión de Bosa, Usaquén, Engativá, Suba, Fontibón y Usme en 1954 incorporó terrenos en donde se venían desarrollando, con o sin autorización, vivienda obrera y urbanizaciones en antiguas haciendas de los municipios vecinos.
Las décadas siguientes han sido años en donde el estado corre detrás de la informalidad, al tiempo que intenta, por un lado, impulsar programas de vivienda; y por el otro, legalizar cientos de barrios. Claro, es posible que se haya desacelerado, pero no ha desaparecido. Hoy se calcula que el 30 por ciento del área urbana de nuestra ciudad es origen informal y que este sector aporta al año casi la mitad de las viviendas que se ofrecen.
¿Qué hacer entonces? Hace unos días, en una conversación con Adriana Hurtado y Wilben Palacios, dos urbanistas que desde diferentes perspectivas han trabajado estos temas, planteamos al menos tres elementos a tener en cuenta para el futuro de estas políticas en Bogotá.
Primero, que, a pesar de los programas públicos de acceso a la vivienda, los sectores más vulnerables enfrentan desafíos que dificultan que tengan una vivienda formal. El desempleo, el bajo nivel de ingresos, la falta de historia crediticia o estar reportado en centrales de riesgo son algunos factores comunes. Si eso no cambia, los resultados serán limitados porque la informalidad seguirá siendo el camino más sencillo y directo para satisfacer una necesidad.
Segundo, no podemos seguir construyendo vivienda para las poblaciones más vulnerables en la periferia de Bogotá. Por eso, el reto principal que tenemos es cómo lograr que el precio de la tierra no castigue el precio de la vivienda, porque en últimas es lo que incrementa el valor final que pagan las familias para cuando compran una casa. Esto facilitaría que las personas de menos recursos se ubiquen en zonas más próximas a los servicios que necesita y no estén condenados a los extramuros.
Tercero, como ciudad - incluidos los constructores- tenemos la responsabilidad y el desafío de pasar de construir casas, apartamento o edificios; a construir vivienda con equipamientos, vías, servicios públicos, andenes y parques, conectada con el resto de la ciudad.
La informalidad no desaparecerá de nuestra ciudad totalmente, menos de la noche a la mañana. Pero entre más y mejor vivienda ofrezcamos, a precios razonables, para que las personas vivan dignamente, le haremos más difícil el camino a los que se lucran jugando con el sueño de una casa propia.
