El sábado anterior una usuaria de una red social preguntaba a quienes interactuaban con ella si alguien tenía un análisis serio sobre las causales de que el Día de la Madre fuera “el día más violento del año”.
Una pregunta surgida de una conversación general ambientada por autoridades y medios de comunicación, que al estilo de la previa de un partido cada año anuncian que el día más violento del año se avecina, dando contexto al desastre por adelantado o en el mejor de los casos abriendo espacio a una ganancia ocasional.
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Superado el “día más violento” de 2023, la Policía Nacional informó sobre una reducción del 43 % en los homicidios, así como caídas en lesiones personales, violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito con y sin víctimas.
Un resultado positivo que lastimosamente tiene poco de sostenible en el tiempo, dado que la disminución de la violencia social tiene poco de acción policial y sí mucho de gestión de la convivencia con énfasis en la prevención y la anticipación de hechos violentos. Una acción que recae en servicios sociales y de justicia local.
En esta fecha los eventos trágicos surgen de riesgos emanados de individuos desadaptados o enajenados, ambientes caóticos en hogares o comunidades, comportamientos antisociales normalizados, consumo desmesurado de sustancias psicoactivas, entre los más comunes.
Ejemplo de esto es el terrible asesinato de Érika Aponte. Perpetración de violencia homicida como cierre de un ciclo de violencia intrafamiliar persistente que ni los servicios sociales ni de justicia local pudieron neutralizar a través de acciones de protección efectivas.
Una derrota de la estrategia de cuidado de la ciudad, dado que como lo ha demostrado la administración distrital después de la tragedia, había suficiente información que proyectaba la probabilidad de ocurrencia de un acto de violencia extrema, que en efecto se materializó.
Uno de los determinantes del fracaso en la protección las víctimas de violencia social, incluida la violencia homicida contra mujeres en el marco de conflictividad intrafamiliar, es la debilidad de las capacidades y servicios que pueden anticiparse a los hechos para proteger a las víctimas.
Para hacerse una idea de la debilidad institucional con la que la ciudad enfrenta la frágil convivencia ciudadana adobada de violencia intrafamiliar y sexual, solo hay que pensar en las apenas 38 comisarías de familia que atienden una ciudad de 8 millones de habitantes.
Unidades de servicios sociales y primera instancia de la resolución de conflictos ciudadanos que se caracterizan por no contar con equipos técnicos, personal de apoyo, implementos o suministros. No obstante, la responsabilidad no recae sobre los gobernantes exclusivamente. En este asunto estamos involucrados todos los ciudadanos.
También hay picos de violencia los días del padre, “Halloween”, velitas, navidad y año nuevo. Asimismo, en fiestas patronales, festejos por triunfos –futbol, reinados, etc.– nacionales o locales. Sin que sea necesaria la ocurrencia de una festividad, todos los domingos ofrecen riesgo especial a las personas en sus familias y comunidades.
La violencia social se reproduce en hogares y comunidades, entre familiares, amigos y ciudadanos como resultado del abandono progresivo de un acuerdo común sobre mínimos aceptables de comportamiento, aceptando el ejercicio de la violencia como herramienta común para resolver problemas o materializar intereses.
Además, refleja una sociedad sin herramientas para la resolución de conflictos, conciencia sobre los derechos ajenos, intolerante a la diferencia, incapaz de gestionar la frustración, en la que prevalece la ley del más fuerte con una disponibilidad amplia y no controlada de armas de todo tipo.
Todos los anteriores son elementos agravados por una epidemia de salud mental incrementada por la fusión entre los efectos del Covid-19 y el estrés postraumático general que ha impuesto la violencia criminal por más de cinco décadas.
Por tal razón, resulta clave que la próxima administración local de Bogotá diseñe una estrategia contra la violencia social que abarque el incremento acelerado de las capacidades de los servicios para su anticipación y prevención, así como la construcción de una línea base de los factores que la desencadenan.
Asimismo, es necesaria una política pública de salud mental que responda a una pandemia tan grande y visible como un elefante metido en una nevera, respecto a la cual todos hacemos esfuerzos por ignorar.
Lo anterior con el fin de mitigar el impacto actual de esta y no dar más espera al inicio de la construcción de una sociedad futura donde la violencia y el abuso a los derechos ajenos sean comportamientos inaceptables sobre los cuales la sociedad no está dispuesta a negociar.
Solo después de la superación de la violencia social podremos avanzar en la construcción de una paz social que respalde la terminación del reciclaje del crimen, el rebrote de la ilegalidad y el ejercicio masivo de la violencia.
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