La corrupción, entendida como “el uso del poder encomendado para obtener beneficios privados” (TI) es un fenómeno que afecta por igual en diversos grados a todos los países y sectores sean públicos o privados, que ocasiona sobrecostos en los bienes y servicios, constituyéndose en una especie de impuesto privado que pagan en mayor grado los pobres.
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La literatura académica la clasifica de varias maneras, que, en el caso de salud, para efectos de este análisis, se divide en dos grandes grupos: la derivada de las decisiones del médico para con sus pacientes, y la originada en la contratación de bienes y servicios.
La primera, poco discutida en Colombia por ser un tema tabú del que el gremio evita hablar, pero sí investigada y sancionada severamente en otros países. Parte de la interpretación laxa que hacen algunos médicos sobre el diagnóstico y tratamiento del paciente, con lo que terminan ordenando costosas tecnologías de marcas específicas, en ocasiones cuestionables, por las que reciben desde pagos directos hasta dádivas como financiar viajes a eventos académicos.
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La segunda, mucho más conocida en Colombia, en especial en el sector público, pero que ocurre por igual en el privado, nace de la contratación de personas, y la compra de bienes y servicios. Estos contratos terminan siendo direccionados, con los cuales administradores y políticos tejen redes clientelares o reciben coimas que engrosan su patrimonio personal o financian campañas políticas.
Es un tema poco investigado en Colombia por el temor de los actores a denunciarla ante la amenaza de que si lo hacen serán castigados severamente, no volviendo a ser contratados. No obstante, mediciones indirectas basadas en montos conocidos de los pocos casos denunciados, como el carrusel de contratos en Bogotá, esta podría oscilar entre el 5 y el 10% de los recursos de salud.
Significa que se pierden en sobrecostos entre $4 a $8 billones al año, con los que podrían construirse hasta 40 hospitales de mediana complejidad en ciudades intermedias que hoy carecen de ello. Es decir, sin corrupción en salud en Colombia, hace mucho rato que se hubiesen corregido las desigualdades en materia de infraestructura entre las zonas urbanas y rurales.
Aunque el actual gobierno ha sido vehemente denunciándola, es poco, por no decir que nada lo que ha hecho para combatirla. Por el contrario, las cifras de las EPS intervenidas y del programa de salud del magisterio, muestran que los sobrecostos y las quejas por mal servicio se han duplicado, señal inequívoca de su dudoso manejo. Esto sugiere que a este gobierno parecería importarle más el apoderarse de sus beneficios que enfrentarla, mostrando que el único cambio en materia de corrupción ha sido el de su dueño.
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Desafortunadamente, ningún gobierno ha tomado en serio este fenómeno, históricamente visto como el precio a pagar por la mal llamada “gobernabilidad”, entregándole el control de las instituciones de salud a grupos políticos que terminan desangrándolas. Esperemos que el próximo presidente se atreva a hacerlo.
