Las recientes decisiones de las EPS Sura y Compensar de retirarse del sistema de salud, junto con la intervención de Sanitas y Famisanar por parte de la Superintendencia de Salud, dejan la salud de los bogotanos prácticamente en manos del sector público y bajo el control de políticos afines al gobierno nacional.
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Las consecuencias de estas medidas comenzarán a sentirse inmediatamente, con una tendencia a empeorarse en el mediano y largo plazo, en especial entre la población más pobre y vulnerable. Estos ciudadanos verán limitado el acceso a los servicios de salud, en especial en entidades privadas, sumado a que por ello habrá un deterioro en su calidad, oportunidad, integralidad y continuidad.
Estas decisiones hacen parte de los postulados de la reforma de salud del actual gobierno, basadas en caducas teorías para justificar su estatización, que paradójicamente pretenden mejorar los servicios a los menos favorecidos, pero que terminarán produciendo un efecto contrario. No hay que ser adivino para predecirlo, basta con recordar la historia.
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Es volver al decaído Seguro Social y al Hospital San Pedro Claver de los años 80, pero mucho peor por su mayor escala, cuando la salud era un privilegio de unos pocos que podían pagar por ella; y un suplicio para la mayoría, quienes ahora sí, deberán acudir a su virtud de “pacientes” para poder soportar la larga fila, a menos de que tuviesen un padrino político que les ayudara. Es el regreso a la salud como una dádiva, y no como un derecho fundamental, convertida en una mercancía que se cambia por favores electorales.
Estas decisiones acentuarán la segmentación de la población, por un lado, entre los que no tienen capacidad de pago, quienes se verán obligados a acudir a las instituciones públicas que hoy cuentan con no más del 20% de los servicios en la ciudad; y el resto, a pagar de su bolsillo a clínicas o seguros de salud, para poder acceder a servicios privados si quieren obtener mayor calidad y oportunidad.
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Es la contradicción de una ideología que contrapone la glorificación de lo público con la animadversión y el debilitamiento de lo privado; pero que, en la práctica, termina creando las condiciones propicias para el crecimiento de este último ante el deterioro del sector público, que, convertido en monopolio, con sus ingresos asegurados independiente de la calidad y cantidad de los servicios que preste, no tendrá los incentivos que lo obligaban a mejorar y ofrecer una buena atención.
Es la torpe respuesta del gobierno ante la negativa del Congreso a aprobar una reforma carente de claridad sobre sus supuestas bondades, que decidió implementar por la fuerza, sin importarle sus consecuencias para los pacientes más pobres y vulnerables. Es el resultado de obligar, por deficiente financiación, al retiro de las EPS consideradas como las mejores, nivelando por lo bajo las condiciones de acceso y calidad del servicio, mientras la gente padece sus consecuencias, que parecerían no importarles.
