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En estos días se inauguró con bombos y platillos el Centro Felicidad de Chapinero-CEFE. Una obra que varias administraciones ayudaron a sacar adelante. Ese predio fue adquirido durante el Gobierno del hoy presidente Gustavo Petro, pero -por supuesto- éste tenía pensado otra idea (que no logró concretar) en este lote ubicado en uno de los sitios más caros de la ciudad. Luego, el alcalde Enrique Peñalosa hizo la contratación del CEFE y si bien sacar un contrato público en nuestro complejo sistema administrativo es una tarea difícil lograr que la obra se realice muchas veces es una odisea.
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Durante la administración de la alcaldesa Claudia López se lograron sortear todo tipo de dificultades, incumplimientos del contratista, sobrecostos y, en fin, la macondiana realidad nuestra. En estos meses de la administración del alcalde Galán se trabajó en finiquitar todos los detalles y finalmente se abrió al público. Es realmente un sitio impresionante -no sólo arquitectónicamente- sino sobre todo en términos de prestación de servicios en una zona de la ciudad en la que quienes viven cerca no están acostumbrados a disfrutarla, porque su esparcimiento suele hacerse en otros espacios de encuentro social.
El motivo ameritaba el nivel de inauguración realizado. Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de mensajes señalando que éste era el perfecto ejemplo de que cuando se “construye sobre los construido”, “gana la ciudad, ganamos todos”. Éste se ha vuelto un lugar común. Por supuesto que la obras hay que terminarlas, así se cambien los gobiernos. A nadie se le habría pasado por la cabeza que el alcalde parara la obra de este CEFE con cerca del 90% de construcción. Hasta detrimento patrimonial sería una actuación semejante.
Sólo por citar otro ejemplo. El cable aéreo de San Cristóbal está contratado en la administración anterior y su obra se ejecutará en este gobierno. Sería impensable que se detuviera y no importa quien la contrató o quien la construyó, lo importante será que más de 600.000 personas de la localidad serán beneficiadas. El Metro de Bogotá pareciera (esperamos) que se convertirá en otro buen ejemplo. Ojalá el alcalde Galán termine la licitación y adjudicación de la línea 2 y deje listos para el siguiente gobierno los estudios de factibilidad de la línea 3.
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Maravillosos ejemplos, pero ¿qué hacemos con otras obras en las que no se construye sobre lo construido? La administración Galán, que repite varias veces la importancia de esta práctica, tiene al menos dos proyectos fundamentales para la ciudad absolutamente embolatados. Desde muy temprano en su administración se dio a la tarea de suspender y parar definitivamente la construcción de la carrera séptima de la calle 100 hacia el sur. En idéntico sentido, se hizo con la Ciudadela del Cuidado de Suba, la cual fue modificada para priorizar -supuestamente- la construcción de la ALO Norte.
Es cierto que el que gana gobierna y no se pude esperar que esté de acuerdo con todo lo que venía, o que no haga cambios o incluso, que no quiera dejar su propio legado. Todo lo anterior, es absolutamente legítimo. Sin embargo, si se va a parar, suspender o “destruir sobre lo construido”, se esperaría que hubiese un nuevo plan concreto que solucione de igual, o de mejor manera, los problemas de los ciudadanos.
Empecemos por el tema de la carrera séptima. Esta es una obra que está pendiente hace casi dos décadas. El entonces alcalde Lucho Garzón, por allá en 2008, resolvió solamente intervenirla hasta la calle 32. La alcaldesa Claudia López dejó contratado el tramo de la calle 100 hacía el norte y dejó andando la licitación hacía el sur de la misma. Sin embargo, la nueva administración la paró por completo y ha dejado entender que, al menos, por estos próximos 4 años no se hará nada ahí. El argumento hacía afuera es que la ciudad está llena de obras y que no puede con otra más. Y como no hay plan, seguiremos con el trancón.
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Por su parte, con la ciudadela educativa y del cuidado de Suba la destrucción fue aún más clara. Aunque jurídicamente se tenga una conciliación, el contrato que ya estaba adjudicado para la construcción de parte de esta, especialmente para los componentes de vivienda y espacio público, se revocó. El Plan de Desarrolló modificó el POT para priorizar en esa zona una vía sobre cualquier otro equipamiento. Ya veremos que dicen los jueces que estudian la demanda.
La administración Galán ha insistido que hará el multicampus. Sin embargo, este -anticipo yo- no pasará. En gran medida depende del Gobierno Nacional y el propio presidente Petro ha dejado varias veces claro que considera que se cambió totalmente el proyecto y por lo tanto no tendrá ningún apoyo. Además, no se puede dejar de lado, que tampoco existen -ni existirán en lo próximos años- los recursos para la construcción de la ALO Norte. Así que Suba seguirá embotellada, con déficit de vivienda, de espacio público y de cobertura educativa.
¿Qué hacemos? Es muy posible que lleguen nuevos gobiernos y no pase nada. ¿Será que es momento que sean directamente los ciudadanos quienes tomen una decisión para que se vuelva obligatoria? Los mecanismos de participación ciudadana, en su esencia, se crearon para este tipo de situaciones. Otra de las pocas cosas que se ha mantenido en el tiempo en Bogotá es justamente, una decisión tomada mediante plebiscito por los propios bogotanos: el día sin carro. Así que experiencia ya hay.
Dirán que estos son problemas de técnicos, que los ciudadanos no entienden y que no se puede volver cada decisión de la ciudad un asunto populista. Así tuviesen razón, Bogotá necesita decisiones, por lo que abrir el debate sobre el uso de mecanismos de participación es necesario. Así dejaríamos de destruir sobre lo construido y, de paso, nos ahorraríamos millones en recursos públicos desperdiciados por la falta de continuidad de los proyectos de ciudad.