Después de un año relativamente tranquilo por la renuncia calculada de una facción política a hacer uso de las vías de hecho y la presión en las calles como herramienta electoral, este enero confirma que 2023 será un año de tensiones comunitarias y riesgos de seguridad aumentados por cuenta de la protesta social.
Para algunos este planteamiento puede resultar errado, bajo el entendido de que con la fuerza que bloqueó al país durante los últimos dos años en el poder se superaría la conflictividad en las calles, dado que quienes pasaban a la oposición no tienen doctrina ni practica de la movilización popular.
Sin embargo, hechos recientes obligan a los ciudadanos a prepararse para enfrentar un deterioro creciente de la convivencia y una vida cotidiana conflictiva gracias a la efectividad que ha demostrado la protesta convertida en “coerción social” para gestionar intereses particulares en Bogotá y el país. Para la muestra varios botones.
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A finales de 2022, los propietarios y usuarios de motocicletas consiguieron reducciones en el SOAT, así como el relajamiento de la autoridad y normas que regulan el tránsito después de haber paralizado la ciudad y amenazado con su bloqueo indefinido. Amenaza que se mantiene vigente en caso de incumplimientos y -seamos sinceros- cuando otra necesidad o interés les surja. Queda probado que poner a gobernantes y comunidad contra las cuerdas es altamente rentable.
Iniciando 2023 se ejecutó la primera convocatoria del año a una “colatón” –evasión del pago del transporte– en protesta por el alto costo, mal servicio, inseguridad y la mala calidad de las estaciones de Transmilenio, factores críticos causados por tres años de ataques sistemáticos de los mismos convocantes de esta protesta.
Y aunque no es explícito, pero de fácil deducción, también para presionar la liberación de miembros de la autodenominada Primera Línea encarcelados por violencia y destrucción, con quienes políticos de la coalición de gobierno tienen un compromiso adquirido por su adhesión operativa en la precampaña de 2021.
En paralelo, algunos líderes taxistas debutaron en su temporada 2023 de chantaje. La mezcla entre movilidad caótica y autoridad civil-policial debilitada les crea la oportunidad de apostar al caos, escondidos tras máscaras reivindicativas que esconden intereses electorales. Grupos de presión y políticos locales pescando votos en detrimento de los ciudadanos.
El bloqueo de los accesos al aeropuerto por más de seis horas, la convocatoria a un paro suspendido horas antes de su inicio y la creación de una mesa de trabajo con el gobierno local para exigir lo divino y lo humano, hacen parte de un método que busca pescar influencias, votos e incidencia política a costa de la estabilidad de la ciudad y bajo la amenaza constante al ciudadano.
Para acabar de completar, el presidente de la República se ha decantado por gestionar en las calles los asuntos que no logra resolver en el marco de las instituciones, legitimando los anteriores hechos y dando impulso a la radicalización de los conflictos locales y nacionales con efectos incalculables en la seguridad y la estabilidad urbana.
La lucha cuerpo a cuerpo que plantea el gobierno en las calles para imponer su agenda de gobierno tiene un altísimo potencial de derivar en destrucción y violencia, desarrollando escenarios funcionales para que el crimen local siga fortaleciéndose. Malas noticias para los habitantes, economía y espacio urbanos de Bogotá, la ciudad con mayores impactos probables.
No siendo suficiente lo anterior, mientras se consolida la “ley de la selva”, están siendo demandados ante la Corte Constitucional artículos de la ley de seguridad ciudadana que buscan proteger los derechos de los ciudadanos, de vándalos y criminales que se escudan detrás de la protesta social.
En específico, se busca legalizar la posesión de bienes públicos y privados bajo el entendido que son un medio de movilización y protesta, un asunto que la sentencia C-223 de 2017 califica como grave y sujeto de implicaciones penales cuando constituye daño contra otro ciudadano, como lo demuestra un estudio de ProBogotá Región sobre las principales subreglas constitucionales del derecho a la protesta y las limitaciones que surgen de estas.
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El ambiente que impulsa el gobierno, el debilitamiento jurídico de la protección de derechos individuales, el comportamiento agresivo de los grupos de presión y la capacidad de acción adquirida por primeras líneas y grupos de esa especie no deja duda sobre el reto que impone la protesta social en el futuro inmediato para la ciudad.
Por tal razón, la administración distrital debe proteger a los bogotanos de la instrumentalización de la protesta y actuar siempre con criterios enfocados en la protección de los derechos de todos los ciudadanos, la dinámica económica, el ambiente social y el espacio urbano.
Por su parte, los ciudadanos deben rechazar activamente al uso abusivo del derecho a la protesta y exigir a los gobernantes la protección efectiva de sus derechos. Asociaciones zonales, juntas administradoras de propiedad y juntas comunales deben crear mecanismos de documentación y denuncia de daños públicos y privados, coacciones y amenazas, para obligar a los funcionarios a cumplir su mandato de protección a los ciudadanos, su integridad, su propiedad y su honra.
De no actuar en ese sentido, la ciudad quedará contra las cuerdas. Sometida al control de colectivos ilegales y a merced de los caprichos de grupos de presión y políticos que transitan el límite de la legalidad.
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