Opinión: Cuando la vivienda llega, pero la ciudad no

Avance de las obras del Metro de Bogotá en "junio 2025", a la altura de la Av. Caracas.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En días recientes, la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 054 de 2025 y con ello puso en marcha el programa Obras por Impuestos. La norma permite que personas naturales y jurídicas paguen sus obligaciones tributarias distritales ejecutando directamente proyectos de alto impacto social y urbano; en vez de consignar dinero en el banco, el pago se materializa en obras que mejoran la vida de los bogotanos.

La lógica detrás del programa es sencilla: el contribuyente deja de girarle recursos al Distrito y, en su lugar, diseña, contrata y entrega la obra que la ciudad necesita (colegios, parques, vías, jardines infantiles). A cambio, recibe un Título para la Renovación del Territorio Distrital (TRTD) equivalente al valor del impuesto, que luego puede usar para saldar su obligación o negociar en el mercado. El mecanismo contempla dos modalidades convenio directo y fiducia; la primera entrará en operación en las próximas semanas, mientras la segunda aguarda su reglamentación específica. La apuesta es clara: acelerar la inversión pública, sumar capacidad técnica privada al servicio de la ciudad y cerrar brechas de infraestructura con velocidad.

Y ahí es donde Bogotá tiene hoy una oportunidad enorme. En los últimos años, la ciudad ha avanzado notablemente en la aprobación de planes parciales de desarrollo y renovación urbana. Gracias a ese impulso, se ha habilitado suelo para construir más de 150.000 viviendas nueva. Es decir, miles de familias ya habitan, o están por habitar, zonas que antes eran de baja densidad. Pero hay un problema estructural: la ciudad no llegó junto con la vivienda. Llegaron los edificios, llegaron los apartamentos, pero no ha terminado de llegar toda la infraestructura pública: ni parques, ni jardines, ni vías, ni colegios, ni equipamientos. El desarrollo urbano quedó a medias.

Todo plan parcial debe contemplar tres componentes: i) una porción del suelo es urbanizado por los desarrolladores para vivienda; ii) una porción del suelo es cedida al Distrito y iii) en ese suelo cedido la alcaldía debe construir colegios, jardines, equipamientos públicos, parques, vías, andenes y demás infraestructura pública. Sin embargo, hoy hay más de 50 hectáreas de suelo público cedido por planes parciales que están vacías. Lotes públicos que están esperando que la alcaldía invierta en ellos. La vivienda llegó antes que la ciudad.

No se trata de una falta de voluntad. Lo que hay es un rezago financiero e institucional. A las entidades distritales les cuesta viabilizar proyectos para estos lotes: hay escasez de recursos, cuellos de botella técnicos y muchas veces baja prioridad en la agenda sectorial. En otras palabras, el Distrito tiene suelo, pero no tiene cómo provecharlo. Y ese es el vacío que el mecanismo de Obras por Impuestos puede cerrar con precisión quirúrgica.

¿Qué tal si desde ya se prioriza, en los manuales operativos del programa, la intervención de esos lotes de cesión pública como proyectos elegibles para el pago de impuestos? ¿Qué tal si se permite que constructores, urbanizadores u otros privados estructuren proyectos integrales de espacio público, parques, jardines, vías peatonales o ciclorrutas en esos terrenos? Es perfectamente viable desde el punto de vista jurídico y deseable desde el punto de vista urbano y fiscal.

Pero para lograrlo, se requieren tres decisiones estratégicas:

1. Priorización clara: Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal (CONFIS) autorice cupos anuales para este tipo de proyectos. Esto los hace visibles y competitivos frente a otros sectores.
2. Viabilidad técnica rápida: Que entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, las alcaldías locales, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) o la Secretaría de Educación asuman con liderazgo la estructuración y validación técnica de proyectos de espacio público en lotes de cesión.
3. Flexibilidad operativa: Que el Manual Operativo del mecanismo (MOMOI) establezca criterios claros para permitir que los desarrolladores estructuren y ejecuten estos proyectos directamente. Y que en los casos cuando la inversión supere el monto propuesto por los privados, el distrito pueda entrar a cofinanciar la obra.

Esta ruta ayudaría a superar el rezago histórico de muchos barrios y a acelerar la construcción de ciudad en donde ya viven miles de personas. Y es que, para ser claros, barrios sin parque, sin andenes dignos, sin jardines o sin colegios, no es ciudad: es apenas un cascarón. En vez de barrios a medias, hagamos barrios completos.

La ciudad debe llegar con la vivienda. Esa debe ser la consigna de la planeación moderna. Y Bogotá, que ya dio un paso audaz al reglamentar este instrumento, puede ser pionera si decide usarlo para transformar vacíos urbanos en espacios públicos vivos. Porque los impuestos no solo deben recaudarse: también deben construir ciudad.

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