En Bogotá llevamos 15 días en racionamiento de agua y seguramente durará todo el año. Los indicadores presentados por la Alcaldía muestran que el nivel del sistema Chingaza ha venido subiendo de a pocos, principalmente, en los últimos días en los que -afortunadamente- volvió la lluvia. Por su parte, si bien el consumo diario ha bajado con respecto a hace dos semanas éste, a decir verdad, no ha sido tan significativo. Ni un solo día hemos llegado a los 15m3/s que se ha establecido como meta. Pareciera que aún hay que hacer un mayor esfuerzo para que la ciudadanía entienda la dimensión del problema y que haya un cambio de hábitos.
En este marco, al inicio de esta semana el alcalde Carlos Fernando Galán se reunió con el ministro de Minas Andrés Camacho. La reunión fue presentada por ambos como “muy productiva” y acordaron “tener mejor articulación”; adelantar campañas de ahorro de energía, y como casi siempre, iniciar una “mesa de trabajo”. En esta mesa analizarán los retos energéticos; buscarán incorporar en el Plan de Desarrollo Distrital algunas herramientas que ayuden a la política de transición energética del Gobierno Nacional, y coordinarán algunas medidas para el buen uso del agua y la energía.
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Ojalá en esa “mesa técnica” se tengan resultados concretos y humildemente me atrevo a sugerir que Bogotá incluya dentro de los temas la discusión frente a la reforma de la ley de servicios públicos del Gobierno Nacional. Hace unas semanas se filtró un documento borrador de la reforma. Si bien rápidamente la Superintendencia de Servicios Públicos salió con un comunicado mencionando que los textos que se han conocido “están en construcción”, sin duda, éstos muestran el camino que está pensando el Gobierno frente a un cambio en el modelo de prestación de servicios públicos en el país.
Los esquemas regulatorios son el mejor ejercicio para explicar la relación inherente entre derecho y política. A los abogados de las entidades les ponen la tarea de escribir en términos jurídicos un modelo, una visión o una forma de pensar política (en su acepción más pura) frente a cómo debe funcionar, reglamentarse, controlarse cualquiera de los asuntos sociales o de mercado.
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El proyecto de reforma a la ley de servicios públicos por supuesto, no es la excepción, y claro que tiene impresa una huella muy propia del Gobierno Nacional. Este tiene una reglamentación muy extensa frente a los prestadores de servicios, la inclusión de las comunidades como prestadoras o generadoras propias de servicios, la política de transición energética, el manejo de residuos, entre otros. El presidente de la República tiene toda la razón en afirmar que es inaudito que en el país todavía existan millones de colombianos que no tienen resueltas las necesidades mínimas de agua y saneamiento básico.
El proyecto, o al menos el borrador que se conoce, está muy centrado en la oferta, la búsqueda de ampliar la cobertura e incentivos o planes para la transición energética, lo cual está bien, pero su discusión técnica y detallada frente a los riesgos y errores da para mucho más que una columna. Sin embargo, volviendo a la mesa técnica entre el Distrito y MinMinas vale la pena que Bogotá ponga, al menos, dos temas en el debate.
El primero de ellos es la posible vulneración al principio de la autonomía territorial. La Constitución expresamente señaló que eran los municipios quienes deben prestar los servicios públicos. El proyecto tiene varios aspectos que contrarían esta decisión. Por ejemplo, el Gobierno Nacional se arroga competencias para “constituir prestadores de naturaleza oficial”; contratar o adelantar mecanismos con “comunidades organizadas”, o crear sociedades de economía mixta para la operación de la gestión del agua.
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Puede ser que Bogotá, por ahora, no se sienta amenazada por estas reglamentaciones, ya que cuenta con unas empresas potentes que prestan un excelente servicio en términos generales. Sin embargo, no deja de ser un potencial peligro para sus funciones en el futuro.
Bogotá, tiene toda la autoridad moral, para liderar ese capítulo de la reforma proponiendo sanciones o incentivos concretos para propiedades horizontales o el sector industrial que hace un uso desproporcionado del agua. No es posible que en la crisis en la que estamos veamos al alcalde, literalmente, pidiendo el favor a los edificios para que no usen los tanques de reserva o que la mayor sanción posible por lavar fachadas, andenes, etc., sea una multa del Código de Convivencia que escasamente podría llegar a un salario mínimo.
Sin duda, este tema tiene que ser uno de los ejes centrales de la agenda pública durante los próximos años. Sólo hasta que efectivamente nos toca en la puerta de la casa, como lo ha hecho en las últimas semanas a los bogotanos, es que muchos dimensionamos (y me incluyo) la magnitud del problema que -aunque algunos crean exageración- puede poner en peligro nuestra propia existencia.
Postdata. Un buena y una mala del proyecto: (i) Muy malo, la creación de la tarifa a los prestadores de servicios públicos a favor de unas entidades tan cuestionadas como las contralorías territoriales y (ii) muy bueno, las obligaciones para que los municipios adelanten la actualización catastral.
