En la rendición de cuentas, el alcalde Galán sorprendió con una afirmación que sugiere, a mi entender, la existencia de una indebida presión por parte del Gobierno Nacional al Gobierno Distrital. A ello se sumaría una no menos grave aceptación de dicha presión, así como la omisión de denuncia oportuna por parte del alcalde, circunstancia que se agrava por el hecho de haber al parecer accedido a ella.
Esto afirmó el Galán: “… el año pasado, 2025, hay que decir no fue, digamos, aceptada la solicitud que hicimos, como gobierno, para la verificación del cumplimiento de los criterios para tener áreas de servicio exclusivo en Bogotá. Lo negaron. Es posible que haya habido falencias; también es cierto que el Gobierno Nacional nos dijo a nosotros que no hay ninguna posibilidad de que permitamos que Bogotá haga un nuevo esquema de aseo con el esquema tarifario viejo. Bogotá tiene que tener el nuevo esquema tarifario que la Nación va a definir, que la CRA va a definir. Eso me lo dijo a mí el Presidente de la República. Pues bien, a la fecha, hoy estamos a 18 de marzo, 17 de marzo, no lo han expedido. No se ha expedido ese marco tarifario…”.
Ante lo dicho, la CRA se pronunció en la red social X así: “Es pertinente aclarar que el Distrito, en su autonomía, decidió esperar a presentar una nueva solicitud de ASE hasta la expedición del nuevo marco tarifario, pudiendo hacerlo con el vigente” y “se exhortó a su administración a ejecutar acciones destinadas a que en la tarifa se reflejen los menores costos generados por la ampliación del plazo de las ASE y el no cobro de inversiones que ya fueron remuneradas vía tarifa por parte de los ciudadanos”.
Lo anterior pone en evidencia que la fotografía publicada en medios entonces -en la que aparecen el procurador delegado Samuel Arrieta; las expertas comisionadas de la CRA, Ruth Quevedo -hoy viceministra de Agua- y Nelly Mogollón; y el director de la UAESP, Armando Ojeda-, que da cuenta del anuncio sobre el acuerdo respecto de la prórroga de los contratos de aseo para “garantizar” las acciones afirmativas en favor de los recicladores de oficio, parece haber respondido a un propósito distinto. En todo caso, aquella “armonía institucional” duró solo unas pocas semanas.
La realidad es que los contratos de aseo suscritos en 2018 por la UAESP sin incluir ninguna acción afirmativa en favor de los recicladores y prorrogados en 2026, paradójicamente, so pretexto de garantizar esas acciones afirmativas, solo produjeron como efecto jurídico cierto y concreto que los prestadores del servicio de aseo de residuos no aprovechables puedan continuar un tiempo más -1 año, 9 meses y 18 días- sin que ningún otro prestador pueda competirles, bien sea en una licitación pública o en el libre mercado que debió entrar a operar el 12 de febrero pasado, como lo demandan de manera inequívoca la Constitución Política y la Ley 142 de 1994.
Ninguna de las cláusulas de las prórrogas prevé la incorporación de acciones afirmativas, como tampoco lo hicieron los contratos originales; menos aún contemplan la reducción de tarifas que la CRA echa de menos. Por el contrario, lo que se advierte en aquellas es la existencia de una cláusula que prevé la terminación anticipada de los contratos una vez se expida por la CRA y entre en vigencia el nuevo marco tarifario de aseo.
La ausencia de dicha regulación ha servido de sustento para esta maniobra que entonces apoyaran unos recicladores, la PGN, la CRA y la UAESP, pero que ahora parece reprochar el alcalde y frente a la cual la propia CRA -contrariando lo dicho por el Presidente- señala hoy que su expedición no constituye un requisito necesario previo para que la UAESP solicite el establecimiento de las ASE con base en el marco tarifario vigente, como en efecto así es. Entre tanto, la población recicladora de oficio de la calle continúa en condiciones de vulnerabilidad.
La realidad no podría ser más absurda y macondiana, al punto de que la Corte Constitucional habría terminado, consciente o ingenuamente —en ambos casos reprochable—, al servicio de intereses muy distantes de los que impone el orden constitucional.
Por su parte, el alcalde Galán no parece estar rodeado de colaboradores que le aporten rigor jurídico y apego a la verdad en esta materia o, si cuenta con ellos, no los escucha o los desatiende.
Ello deja en evidencia, además, que la exigencia de renuncia a la entonces directora de la UAESP, Consuelo Ordóñez, no parece haber obedecido a la no aprobación de las ASE como se dijo —porque, según el propio alcalde, él sabía que no serían aprobadas—, sino probablemente a motivos distintos.
Surge entonces una pregunta inevitable para el alcalde Galán: ¿respondió esa decisión a presiones del Gobierno Nacional o de la CRA y usted accedió a ellas?
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