En la actualidad existen evidencias claras y contundentes del profundo deterioro en el sistema de salud de Bogotá. Este colapso obedece, sin lugar a dudas, al manejo errático y desacertado que el Gobierno Nacional le ha dado al sector, inmerso en un retroceso sin antecedentes como consecuencia de decisiones equivocadas en materia de reforma y financiamiento.
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Las consecuencias son evidentes: el acceso a los servicios de salud se ha visto severamente afectado, especialmente para las personas más vulnerables, quienes cada día enfrentan mayores dificultades para obtener sus medicamentos o ser atendidas en servicios especializados indispensables para continuar sus tratamientos e incluso preservar sus vidas.
Uno de los indicadores más claros de esta crisis es el aumento en las peticiones, quejas y reclamos (PQRD) relacionados con la salud. Según la Superintendencia del ramo, estas crecieron en Bogotá un 54 % entre 2021 y 2024, pasando de 226.242 a 347.826. Como era previsible, esto ha derivado en una explosión de acciones de tutela por servicios negados. De acuerdo con cifras de la Corte Constitucional, estas pasaron de 9.336 en 2022 a 25.739 en 2024, lo que representa un aumento del 176 %.
Se trata de una situación nunca antes vista en los últimos 50 años, que refleja con crudeza la gravedad del problema. Pese a ello, el Gobierno Nacional ha hecho poco o nada para remediarlo. Por el contrario, ha optado por dilatar las soluciones ordenadas por la Corte Constitucional y por deslegitimar a quienes denuncian esta crisis, que ya alcanza proporciones humanitarias.
Tanto en las PQRD como en las tutelas, más de la mitad de los casos obedecen a la demora o no entrega de medicamentos y a la dificultad para acceder a citas médicas. Estos dos ítems presentan un aumento del 242 % entre 2021 y 2024. El origen del problema es claro: la falta de financiación oportuna y suficiente, agravada por la constante amenaza del Gobierno de intervenir o liquidar las EPS. Como era de esperarse, esta incertidumbre ha llevado a que prestadores de servicios y proveedores de medicamentos limiten su operación, al no contar con pagos adecuados ni previsibles.
La afectación en el financiamiento de las EPS que concentran la mayoría de los afiliados en Bogotá ha sido tan grave que varias de ellas han optado por retirarse o han sido intervenidas por el Gobierno. Esta medida ha resultado peor como lo demuestran las cifras que señalan que estas medidas han empeorado el servicio.
Si bien es cierto que la mayor parte de esta crisis recae en el Gobierno Nacional, también es necesaria una reacción más decidida por parte de las autoridades distritales. Bogotá cuenta con liderazgos sólidos y creíbles que deben asumir un papel más activo en la mitigación de esta emergencia y en la búsqueda de soluciones de fondo.
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