Cuando hablamos del fenómeno de El Niño pensamos en embalses, incendios forestales, racionamiento de agua y cortes de energía. Rara vez pensamos en las niñas y los niños que dejan de jugar en el parque por calor, llovizna repentina y cambios recurrentes de temperatura; estudian en escuelas con restricciones de agua o ve afectada su salud, alimentación y bienestar. La crisis climática no es un desafío exclusivo del campo ambiental, es una de las mayores amenazas para el ejercicio efectivo de los derechos de la niñez. Bogotá y Cundinamarca tienen hoy la oportunidad —y la responsabilidad— de demostrar que adaptarse al cambio climático también significa proteger a quienes vivirán más tiempo con sus consecuencias.
Cuando el clima empieza a limitar derechos
Laura tiene once años y vive en Ciudad Bolívar. Hasta hace unos meses, salir a jugar al parque después del colegio era parte de su rutina. Hoy, cuando el calor se intensifica y la calidad del aire empeora, su mamá prefiere que permanezca en casa. En el colegio disminuyeron las actividades deportivas al aire libre y aprendieron a ahorrar agua como parte de la vida cotidiana. Laura no sabe qué es una anomalía climática. Solo sabe que el clima cambió. Y con él, también cambió su infancia.
Su historia podría repetirse en Soacha, Girardot, La Mesa, Fusagasugá, Sibaté o en cualquiera de los municipios donde las altas temperaturas, la disminución de las lluvias o la creciente variabilidad climática ya hacen parte de la vida cotidiana. En algunos territorios la preocupación es la escasez de agua; en otros, las inundaciones o los movimientos en masa. Aunque las manifestaciones son distintas, el resultado es el mismo: niñas, niños y adolescentes que ven transformada su forma de aprender, jugar y habitar el territorio.
Porque el fenómeno de El Niño no solo modifica las condiciones del clima; transforma la vida cotidiana de millones de niñas, niños y adolescentes.
Con frecuencia hablamos del cambio climático en términos de temperaturas récord, incendios forestales o niveles de los embalses. Son indicadores importantes, pero insuficientes. El verdadero impacto debería medirse también en aquello que ocurre en la vida diaria de la infancia: cuando una escuela enfrenta restricciones de agua, una ola de calor obliga a suspender actividades deportivas, un parque deja de ser un lugar seguro para jugar, una familia pierde su vivienda por una inundación o debe abandonar temporalmente su territorio para proteger su vida.
La crisis climática también tiene rostro de niñez
El más reciente informe de UNICEF sobre la niñez y la crisis climática advierte una realidad que ya no admite indiferencia: prácticamente todas las niñas y los niños del mundo están expuestos al menos a una amenaza climática importante y cerca de la mitad enfrenta simultáneamente tres o más riesgos asociados al clima. En América Latina y el Caribe, nueve de cada diez niñas y niños están expuestos al menos a dos amenazas climáticas y ambientales; 55 millones enfrentan escasez de agua, 45 millones viven expuestos a olas de calor y 5,9 millones podrían caer en pobreza extrema hacia 2030 como consecuencia de los efectos del cambio climático.
Bogotá y Cundinamarca concentran cerca de 2,6 millones de niñas, niños y adolescentes, alrededor del 19 % de la población infantil del país. Lo que ocurra en estos dos territorios tendrá un impacto directo sobre casi uno de cada cinco niños colombianos.
La región enfrenta riesgos crecientes asociados a olas de calor, incendios forestales, sequías, inundaciones y movimientos en masa. Pero no se trata únicamente de amenazas ambientales. Son riesgos que comprometen el acceso al agua, la continuidad educativa, la seguridad alimentaria, la salud física y mental y las oportunidades de desarrollo de la infancia.
En Cundinamarca estos riesgos adquieren características particulares. El departamento alberga ecosistemas estratégicos como los páramos de Sumapaz, Chingaza, Guerrero y Rabanal, fundamentales para el abastecimiento de agua de millones de personas. Al mismo tiempo, provincias como Alto Magdalena, Tequendama, Gualivá y Magdalena Centro enfrentan con mayor frecuencia sequías, incendios forestales y presión sobre las fuentes hídricas, mientras otras zonas presentan alta exposición a inundaciones y movimientos en masa. La variabilidad climática no afecta por igual a todos los territorios, pero en todos termina condicionando el ejercicio de los derechos de la niñez.
Las niñas y los niños son quienes menos contribuyen al cambio climático y quienes vivirán durante más tiempo sus consecuencias. Sin embargo, las políticas de adaptación continúan privilegiando la infraestructura y la atención de emergencias, mientras la protección de sus derechos sigue ocupando un lugar secundario.
Hablar hoy del fenómeno de El Niño también significa preguntarnos si nuestras escuelas están preparadas para enfrentar temperaturas extremas, si los barrios cuentan con espacios públicos resilientes, si los municipios disponen de planes de adaptación que incorporen las necesidades de la niñez, y si estamos garantizando que cada niña, niño y adolescente pueda seguir aprendiendo, creciendo y disfrutando de su territorio, incluso cuando el clima cambia.
El derecho a jugar también está en riesgo
La evidencia es contundente: una inundación no representa únicamente el ingreso de agua a una vivienda; significa clases suspendidas, pérdida de útiles escolares, enfermedades, interrupción de tratamientos médicos y afectaciones emocionales. De la misma manera, una sequía no es solo ausencia de lluvia; es agua racionada en una escuela, inseguridad alimentaria y familias que reorganizan su vida cotidiana para acceder a un recurso básico.
Sin embargo, existe un impacto del que hablamos muy poco: el derecho a jugar.
El juego no es un lujo. Es un derecho y una condición indispensable para el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social. Es jugando como niñas, niños y adolescentes fortalecen su salud mental, construyen amistades, aprenden a convivir y descubren el mundo. Pero cuando las olas de calor suspenden las actividades deportivas, la contaminación del aire limita el uso de los parques o una inundación convierte una cancha en un lugar inseguro, ese derecho también se restringe. Cada recreo suspendido, cada tarde sin parque y cada salida escolar cancelada representan oportunidades perdidas para el desarrollo integral de la infancia.
Anticipar también es proteger
Frente a esta realidad, la adaptación al cambio climático no puede comenzar cuando llega la emergencia. Debe traducirse en decisiones que reduzcan la vulnerabilidad antes de que ocurra el desastre. Anticipar no significa predecir el futuro con exactitud, sino prepararnos para proteger la vida cuando los riesgos son conocidos y pueden gestionarse.
Eso significa proteger ecosistemas estratégicos como los páramos de Chingaza y Sumapaz, restaurar las cuencas abastecedoras del río Bogotá y de los sistemas hídricos regionales, recuperar humedales, fortalecer los sistemas de alerta temprana en los municipios más expuestos, planificar el territorio con criterios de prevención e invertir en escuelas resilientes capaces de responder a un clima cada vez más extremo. En otras palabras, comprender que la gestión integral del riesgo también es una política de protección de la infancia.
Bogotá y Cundinamarca tienen hoy una oportunidad estratégica para demostrar que la adaptación climática puede construirse desde un enfoque de derechos. Los dos territorios concentran cerca de una quinta parte de la población infantil del país y las decisiones que adopten marcarán el presente y el futuro de millones de niñas, niños y adolescentes.
Los dos territorios comparten mucho más que una frontera administrativa. Comparten fuentes de agua, ecosistemas, dinámicas de movilidad y el futuro de cerca de una quinta parte de las niñas, niños y adolescentes del país. Proteger esa generación frente a la crisis climática exige entender que la adaptación ya no puede planearse por separado. Requiere una visión regional capaz de poner la vida y los derechos de la niñez en el centro de cada decisión.
Por eso, proteger los derechos de la niñez exige pensar el territorio como una sola región y asumir que el futuro de millones de niñas y niños dependerá de la capacidad de cuidar los ecosistemas que hoy sostienen su presente.
La Constitución Política reconoció hace más de tres décadas el derecho a un ambiente sano y estableció la prevalencia de los derechos de la niñez. Hoy esos dos mandatos son inseparables. Garantizar un ambiente sano también significa garantizar agua segura, escuelas resilientes, parques habitables y territorios capaces de anticiparse a los riesgos antes de que se conviertan en desastres.
El verdadero indicador
El fenómeno de El Niño pasará. Las decisiones que tomemos hoy, en cambio, permanecerán durante décadas y definirán la capacidad de una generación para ejercer plenamente sus derechos en un clima cada vez más incierto.
Dentro de algunos años podremos medir la recuperación de los embalses, las hectáreas restauradas o los incendios evitados. Pero habrá una pregunta mucho más importante: ¿qué hicimos para garantizar que las niñas, los niños y los adolescentes siguieran ejerciendo sus derechos mientras el clima cambiaba?
Porque el verdadero indicador del éxito de una política climática no será únicamente su capacidad para responder a una emergencia. Será la posibilidad de que cada niña, niño y adolescente pueda seguir aprendiendo, jugando, respirando un aire limpio y creciendo en entornos seguros y protectores.
El cambio climático no solo transforma los ecosistemas. También transforma la manera de ser niño.
Por eso, la gestión integral del riesgo debe entenderse como una política para proteger la vida y garantizar derechos. Cada inversión en prevención, cada ecosistema restaurado, cada cuenca protegida, cada escuela fortalecida y cada espacio público resiliente representan también una inversión en equidad, bienestar y futuro. Anticiparse al riesgo no es solo evitar pérdidas; es crear las condiciones para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse plenamente, incluso en un clima cambiante.
Porque anticipar es proteger. Y comprender la gestión integral del riesgo como una política para garantizar derechos será siempre la forma más inteligente de proteger la vida y minimizar costos.
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Por Zullybeth Mora Cubillos
