Opinión: El homicidio en Bogotá

Entre enero y junio los homicidios crecieron en 15 de las 20 localidades. El suroccidente y el centro de la ciudad son los más afectados, siendo Bosa con 26 casos y Kennedy con 25 los de mayores aumentos.

Foto: pixabay

Las crisis de seguridad en las ciudades se exacerban cuando están acompañadas de asesinatos indiscriminados, máxima expresión de vulnerabilidad e inseguridad de los ciudadanos. Durante el primer semestre del año 2021 se registraron 658 homicidios en Bogotá, 15,2% más que en el mismo periodo en el año anterior. Dado que el 2020 es un año atípico, la comparación con los primeros seis meses de 2019 indica que hubo 14,5% más casos. El aumento de los homicidios por dos años consecutivos no deja duda de que en Bogotá está ocurriendo un deterioro de la calidad de vida con un impacto directo en las condiciones generales de seguridad.

La semana anterior es una muestra de esto. Apenas 48 horas atrás la Policía Metropolitana enfrentó el asesinato de su tercer funcionario en 2021, el Patrullero Luis Ocampo. El viernes un individuo fue ejecutado por sus acompañantes en un automóvil. Días atrás un peatón fue golpeado con una piedra para atracarlo y terminó muerto. También, un conductor en la autopista norte fue herido de muerte en lo que parece un intento de hurto.

Entre enero y junio los homicidios crecieron en 15 de las 20 localidades. El suroccidente y el centro de la ciudad son los más afectados, siendo Bosa con 26 casos y Kennedy con 25 los de mayores aumentos. 371 personas con edades entre 20 y 34 años perdieron la vida. En 391 casos los homicidios fueron con armas de fuego y en 206 con armas blancas. Casi el 35% de los asesinatos ocurrieron entre la noche y la madrugada de la franja semanal comprendida entre jueves y domingo.

Este complejo panorama ha causado un aumento en las voces que se preguntan sobre las razones que han llevado al incremento de delitos con violencia y la ocurrencia de actos de violencia extrema que terminan en la muerte de ciudadanos.

Una de las más relevantes es la incapacidad estatal de castigar el peor de los delitos. De acuerdo con un indicador reportado por la Fiscalía General de la Nación en 2018, solo 28 de cada 100 homicidios son esclarecidos. Aunque no ha sido actualizado públicamente, este indicador no debe ser muy diferente en la actualidad dado que no ha habido un cambio ni en las capacidades para investigar ni en la gestión judicial. La poca probabilidad de castigo es una invitación tácita a matar.

Otra es la falta de comprensión del delito y de sus dinámicas. Disminuir los homicidios será un imposible mientras no se transformen las condiciones territoriales, criminales y sociales que le dan lugar a su ocurrencia. En este sentido, tal vez la acción más importante es el desmantelamiento de las organizaciones de narcotráfico y microtráfico que financian y dotan de armas a organizaciones delincuenciales, incrementado su peligrosidad y letalidad. Debilitar este fenómeno que afecta a la nación entera es la única forma de disminuir los homicidios a corto y mediano plazo.

También está la falta de uso estratégico de la información para cerrar espacios urbanos funcionales a los homicidas. La persistencia por años de dos localidades en el centro geográfico de la ciudad como espacios de alta incidencia de homicidio es ejemplo de esto. Algo inexplicable dado que están contiguas al epicentro del poder ejecutivo y judicial de la nación, que demandan los más altos estándares de seguridad.

En ese sentido, la revitalización de herramientas de análisis de zonas calientes permitiría el reconocimiento de las dinámicas propias del delito en la malla urbana, ofreciendo victorias tempranas y cerrando espacios para los homicidios del futuro.

Otros factores clave son la cantidad de armas en poder de la delincuencia, la debilidad de capacidades de vigilancia y control en la noche y la madrugada, así como la indocumentación y débil integración social de las personas migrantes, que las hace altamente vulnerables al homicidio -como victimas y victimarios-. Todas estas deben ser resueltas a través de una estrategia integral de seguridad, más amplia e interagencial que una contra el homicidio exclusivamente.

Finalmente, pero no menos importante, están las escasas capacidades sociales de resolución de conflictos y convivencia pacifica, que son una fuente de asesinatos nada despreciable. Parte de la respuesta a este desafío se fundamenta en una mayor provisión de servicios comunitarios esenciales y el fortalecimiento de la justicia no formal.

Continuar enfrentando el homicidio en función de sí mismo conducirá a la ciudad a un aumento de más de 100 casos en 2021, extendiendo su deterioro al tercer año de mandato de esta alcaldía. Disminuirlo solo será el resultado de la aplicación de una estrategia integral de seguridad dirigida al desmonte del entramado de actores, factores y condiciones que lo causa.