La Organización Panamericana de la Salud define las Sustancias Psicoactivas –SPA– como “compuestos naturales o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y comportamiento”.
Estas se clasifican en recreativas (ej. alcohol), farmacológicas (ej. opiáceos), de uso general (ej. pegantes) e ilícitas (ej. cocaína), todas afectadas por regulaciones para controlar y fiscalizar su uso dado el impacto perjudicial que tienen tanto en la salud física como mental de sus consumidores.
De acuerdo con el Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá 2022, realizado por la Secretaría Distrital de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desde 2016 aumentó el consumo de SPA en la capital, siendo el tabaco la única que disminuyó entre 8 observadas.
Según el estudio, en Bogotá 531.000 personas requieren ayuda para disminuir el consumo de alcohol, sustancia estrechamente relacionada con riñas, violencia intrafamiliar y violencia sexual.
Asimismo, el 19,3% de los encuestados consumió sustancias ilícitas al menos una vez en su vida: marihuana (14,9%), cocaína (4,74%) y éxtasis (3,3%). La mayoría entre 18 y 24 años, con tasas preocupantes de abuso y dependencia entre 12 y 17 años.
Dado lo anterior, abordar el debate público sobre las SPA únicamente desde el enfoque del derecho a consumir, la inutilidad de aplicar la ley y la potencial rentabilidad de la legalización es, por decir lo menos, un ejercicio inmenso de ignorancia e irresponsabilidad.
Instalar la falsa premisa de que con la legalización de ciertas sustancias se superan automáticamente los retos que imponen las SPA en términos de salud pública, seguridad, convivencia y desarrollo económico es apostarle a un peor futuro que el presente que vivimos.
El estudio de mortalidad asociada al consumo de sustancias psicoactivas 2013-2020 realizado por el Ministerio de Justicia relaciona la muerte de 1.294 ciudadanos con consumos de SPA: 81% alcohol, 12% cocaína y 6% marihuana.
De otra parte, la observación de la distribución territorial de los expendios de drogas, aparejada con la de hurtos y homicidios, ofrece claves sobre su efecto potenciador de crimen y violencia. La grave situación en el centro y la franja sur de la ciudad así lo demuestran.
El incremento en la muerte de personas en la ciudad-región por alcohol adulterado demuestra que más que un problema de legalidad o ilegalidad, lo que el Estado y la Sociedad enfrentan es la incapacidad manifiesta de hacer cumplir las reglas. Aunque impopular, es evidente que no habrá legalización que disminuya el crimen mientras las instituciones no sean reguladoras creíbles.
Dado lo anterior, no es alarmista señalar que el tono que ha adquirido la conversación pública sobre este desafío nos lleva directo al despeñadero. Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre.
El proceso de reformulación de la política pública del Distrito sobre oferta y consumo de SPA debe fundamentarse en una combinación de acciones preventivas, de aplicación de la ley y de atención de consumidores y victimas, si pretende mitigar riesgos y daños a los ciudadanos.
En lo preventivo, es urgente identificar las relaciones entre los mercados locales de SPA con estructuras de crimen, violencia intrafamiliar, violencia sexual, deserción escolar, desempleo y déficit de servicios para el cuidado, desarrollo e integración social de niños, niñas y adolescentes. Información necesaria para estructurar estrategias preventivas realistas.
Estas estrategias solo serán exitosas si las instituciones distritales, policiales y judiciales ejecutan acciones masivas y sostenidas para el desmantelamiento de redes de microtráfico, la clausura definitiva de expendios de drogas ilícitas y el control creíble de la venta de SPA a menores de edad. En 2022 en Bogotá se incautaron 20,8 toneladas de droga, 27,6 menos que en 2015 cuando la producción nacional era dos veces menor.
También es necesaria una oferta amplia y descentralizada de servicios para la atención de personas con atención fallida en salud mental, consumos problemáticos, víctimas del abuso de SPA y reintegración social.
Frente a la tradicional falta de recursos para estas acciones, Bogotá tiene el deber de ser ejemplo nacional disponiendo un porcentaje importante de sus ingresos por alcohol y tabaco para generar capacidades preventivas y paliativas con urgencia.
No cabe duda de que, sin importar el carácter legal o ilegal, el impacto de las SPA en la salud física y mental de los ciudadanos, así como en la convivencia y seguridad ciudadana, está siendo catastrófico.
Por tal razón, antes que avanzar hacia la legalización como respuesta mágica a un problema de sociedad, es necesario aprender de las limitaciones que se evidencian tanto en el control de tabaco y alcohol como en las políticas locales contra estupefacientes, y reconocer que es imposible renunciar a la lucha contra el crimen que se deriva del comercio de estas.
Si bien es necesario reflexionar sobre la libertad individual de quienes consumen SPA, esta no podrá ejercerse si no se mitigan los riesgos e impactos que su ejercicio causa en consumidores y no consumidores.