Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Lo primero que debe entenderse es que las condiciones para la prestación del servicio de aseo, así como las tarifas que deben aplicar los prestadores —incluidos quienes realizan actividades de aprovechamiento de residuos— son definidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) con una vigencia de cinco años. Durante este periodo, dichas condiciones no pueden ser modificadas por la misma CRA, salvo en casos excepcionales de advertirse errores graves en los cálculos efectuados.
En contexto: Libre competencia en la recolección de basuras: los retos que enfrentará Bogotá
La regulación vigente en materia de aseo data de 2015 —es decir, hace ya una década—. Por esta razón, desde 2020 la CRA inició el proceso de actualización normativa, publicando un documento con las bases para una nueva regulación. Desde entonces y hasta hace poco más de dos meses, la entidad ha elaborado y divulgado una serie de estudios técnicos sobre las distintas actividades que conforman el servicio de aseo. Como parte de este proceso, a finales de julio del presente año, publicó en su página web, para participación ciudadana y por un periodo de tres meses, el proyecto de resolución que contiene la propuesta de nueva regulación tarifaria, basada en dichas bases y estudios.
Lo que a la CRA le tomó casi cinco años de elaboración y aprobación, ahora pretende que la ciudadanía lo estudie, analice y comente en apenas tres meses. Si bien es cierto que la normativa vigente establece ese plazo como mínimo para la participación ciudadana, también lo es que corresponde a la CRA —cuyo cuerpo colegiado es presidido por la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio— definir un plazo razonable que debe ser mayor para garantizar una participación informada, real y efectiva.
Hasta el momento, lo que se percibe es una intención clara de la entidad de cumplir formalmente con este requisito, pero sin propiciar un proceso participativo genuino, abierto y real. Todo apunta a que se busca aprobar a la ligera una regulación tarifaria que carece del rigor técnico y jurídico necesario.
De la revisión de los documentos publicados por la CRA en el marco del proceso de participación ciudadana, se evidencian dos aspectos preocupantes. Por un lado, la falta de coherencia y articulación entre el documento de bases, los estudios técnicos, sus conclusiones, la propuesta de resolución y el resumen ejecutivo. Por otro, aún más grave, la ausencia de publicación de soportes técnicos fundamentales —como los modelos económicos utilizados— que sustenten tanto las conclusiones como el contenido normativo propuesto. La CRA ha justificado esta omisión alegando una supuesta reserva legal que, en realidad, no existe, lo que pone en entredicho la transparencia del proceso y, finalmente, su legalidad.
Se evidencian inconsistencias tan graves como el hecho de que la tarifa del servicio de aprovechamiento —el que se aplica a los residuos separados en la fuente por los usuarios y que son posteriormente vendidos por los recicladores a la industria para su reincorporación en procesos productivos— resulte más alta que la tarifa del servicio ordinario de disposición de residuos no aprovechables. Esta distorsión tarifaria, en la práctica, se traduce en un subsidio indirecto e ilegal a la industria a través de la tarifa del servicio, cuando en realidad es esta la que debe asumir el costo total del material recuperado que utiliza como materia prima.
Es deber de la Procuraduría General de la Nación mantenerse informada y actuar de manera oportuna y preventiva frente a esta situación. Lo mismo aplica para los gobernadores y alcaldes, ya que serán los habitantes de sus territorios quienes deberán enfrentar las consecuencias de un nuevo marco regulatorio tarifario del servicio de aseo que, lejos de mejorar el sistema, amenaza con deteriorar la calidad de la prestación y no contribuye de manera efectiva a la formalización de los recicladores en situación de vulnerabilidad.
La actuación de la CRA en este caso parece haber respondido más a intereses demagógicos y a la construcción de una narrativa sobre las tarifas del servicio de aseo, que al cumplimiento del rigor técnico y jurídico que le impone la ley como entidad reguladora de un servicio público esencial. La aparente simulación de participación ciudadana, lejos de fortalecer la legitimidad del proceso, lo desvirtúa. Este proceder es, como mínimo, reprochable en el ámbito disciplinario.
