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Durante la última década, cada nuevo proceso electoral contó con mejores condiciones de seguridad gracias al incremento sostenido del despliegue de la fuerza pública en el territorio, un cuidadoso, anticipativo y milimétrico proceso de planeación electoral y el temor del gobierno nacional a ser señalado de no garantizar la democracia.
Todos los elementos anteriores, a primera vista, se muestran debilitados en estas elecciones regionales y locales.
Así lo demuestran los Mapas de Riesgo Electoral y el panorama de seguridad para las elecciones de autoridades locales de 2023 publicados por la Misión de Observación Electoral (MOE), que concluye que el riesgo de seguridad para las elecciones en Colombia volvió a intensificarse poniendo en riesgo la vida y libertades de candidatos y electores.
Fenómenos como la intimidación a votantes, amenazas a candidatos, secuestros y homicidios selectivos “adornan” un proceso electoral en el cual la estabilidad territorial y el imperio de la ley son puestos en entredicho.
Asimismo, la vigencia de la democracia. El aumento de la trashumancia o “trasteo de votos”, el constreñimiento a candidatos y partidos, los vetos territoriales o la cada vez más normalizada financiación criminal son muestra de esto.
De acuerdo con la MOE, para estas elecciones 312 municipios enfrentan riesgos como los anteriormente enlistados; 150 de estos calificados como con riesgo extremo, 100 más de los identificados para las elecciones regionales en 2019. Cincuenta y siete (57) más si se compara con las elecciones de 2022.
La situación es tan preocupante que un área como Bogotá-Cundinamarca, caracterizada por ser una de las de mayor estabilidad en la nación registra alertas de riesgo extremo.
En términos estrictamente electorales, en Bogotá, la MOE enciende sus alarmas por cuenta de casos de hiperconcentración de la representación partidista, hurto de documentos, trashumancia de votantes y una débil pedagogía electoral, factores que esta sugiere como riesgos de fraude o incidencia indebida en los resultados.
De los 1.075 puestos de votación de la ciudad, 160 mesas reportan algún riesgo: 13 en riesgo extremo, 43 en riesgo alto y 104 en riesgo medio.
Con referencia a la seguridad del proceso electoral, la Defensoría del Pueblo a través de su Alerta Temprana 030-23 del pasado agosto, señaló que en la capital existen áreas que enfrentan riesgo extremo, en específico la franja sur de la ciudad. El resto de la capital es calificado como con riesgo alto.
Esta calificación es el resultado del registro de al menos 35 hechos de conductas vulneradoras contra personas intervinientes en procesos electorales y líderes sociales, amenazas contra la libertad de prensa y estigmatización por militancias políticas.
Además, por los antecedentes de violencia y terrorismo en localidades como Ciudad Bolívar, Usme y Bosa, durante los tres años anteriores que sugieren presencia de organizaciones con capacidad de ejercer intimidación y violencia. Una escena ya vista con la distribución de panfletos con amenazas en localidades como Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Kennedy.
Punto aparte merece la instrumentalización de la protesta ciudadana para el ejercicio del constreñimiento y la generación de miedo entre los ciudadanos. Una práctica antidemocrática que en esta ciudad cuenta con experimentados ejecutores.
En Cundinamarca también existe riesgo. El más evidente es el que propone el terrorista “mordisco” sobre la franja suroriental del departamento y el Sumapaz, un área crítica.
Visto lo anterior y ante el deterioro sostenido del contexto de seguridad, el desprecio a la ley y la sensación de desconfianza ciudadana, es necesario reiterar algunos asuntos frente a los que ciudadanos e instituciones deben reaccionar urgentemente para proteger la democracia.
Estas elecciones no deberían ser recordadas como las primeras en la historia reciente, sin un programa de veedurías internacionales e independientes, robustas y variadas. Estas son fundamentales para la confiabilidad de la gestión electoral del gobierno y para la construcción de un ambiente de paz social en los días electorales.
Junto a lo anterior, el gobierno nacional tiene la obligación urgente de recomponer un proceso de gestión electoral que ha estado reconocido por ser poco confiable.
La alcaldía debe garantizar una ciudad funcional para el ejercicio del voto en todos sus rincones. En tal sentido, ya debe estar diseñando un plan de gestión de la seguridad urbana con énfasis en transporte y control territorial, para anticiparse a los riesgos que afecten la elección, incluida la instrumentalización de la protesta.
Los ciudadanos tenemos que denunciar todo aquello que afecte la seguridad o los derechos políticos antes, durante y después de la jornada electoral. Incluso si fueron hurtados sus documentos, informando en el puesto de votación para evitar su suplantación. Y en general, entender su rol como elector el próximo 29 de octubre.
Finalmente, los partidos y movimientos tienen la obligación y el deber moral de no instrumentalizar la violencia y la presión sobre los ciudadanos para fines electorales, a menos que su interés sea atizar una hoguera cuyos tizones empiezan a estar rojos.
Futuros alcaldes, concejales y ediles, la promesa de seguridad para Bogotá- Cundinamarca inicia respetando los derechos de electores y contendores antes y durante la jornada electoral.
Cuando los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto sin intimidación ni violencia, se fomenta la confianza en las instituciones democráticas y se construye un ambiente general de seguridad.
