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El servicio de aseo hoy se presta bajo el esquema de áreas de servicio exclusivo (ASE) como efecto de la autorización que diera la CRA en 2017 con base en la cual la UAESP adjudicara en 2018 los contratos a las 5 empresas encargadas de hacerlo en las 5 áreas en las que se dividió la ciudad entonces para tales efectos.
Los motivos que dan lugar a las ASE corresponden a que con ellas se logre extender la cobertura del servicio a los usuarios de menores ingresos. Hoy se cumple con eso porque la exclusividad otorgada a los contratistas les permitió operativa y económicamente aceptar, asumir y cumplir esa obligación. Sin embargo, una vez vencidos los actuales contratos el 11 de febrero de 2026, dicha extensión no se halla asegurada y los usuarios de menores ingresos, en especial, seguramente aquellos ubicados en zonas rurales, de difícil acceso y dispersas, quedarán sin servicio.
El Alcalde Mayor de Bogotá dando cumplimiento a su deber legal de asegurar la prestación del servicio de aseo a todos los capitalinos, por conducto de la UAESP, conformó un equipo profesional interdisciplinario con la mayor experticia en el tema para estudiar, analizar y definir la viabilidad o no de continuar con ASE al vencimiento de los actuales contratos. De tres aspectos se ocupó ese equipo: (i) conceptual - jurídico, (ii) plan operativo y (iii) modelo económico y financiero.
Quien escribe esta nota en 2024 apoyó a la Unidad en la tarea de definir el primer aspecto. Los otros dos estuvieron y están a cargo de otros profesionales quienes concluyeron que las exigencias conceptuales y jurídicas definidas encuentran fundamento y soporte en los estudios operativo, económico y financiero que ellos efectuaron, siendo recomendable y necesario contar con ASE para los siguientes 8 años posteriores al 11 de febrero de 2026.
La directora de la UAESP el día 30 de septiembre de 2024 -hace 6 meses- radicó ante la CRA la solicitud de verificación de motivos que una vez se logre le permita adelantar la contratación de quienes presten el servicio a partir del 12 de febrero próximo. La actuación administrativa en la CRA inició formalmente el día 26 de noviembre de 2024 y debe ser resuelta en el término legal máximo de 5 meses -hasta el 26 de abril de 2025-.
Sin embargo, además de los acostumbrados -generalmente infundados- ataques políticos y personales en contra de los funcionarios y de los asesores de la UAESP -entre ellos al suscrito- cuando se busca contratar el servicio de aseo, en esta oportunidad se puso en marcha una nefasta estrategia que denota el inocultable propósito de obstaculizar y dilatar a como dé lugar la adopción de un pronunciamiento oportuno por parte de la CRA.
El 20 de enero pasado se radicaron en la comisión sendos escritos de recusación en contra de las expertas comisionadas Nelly Mogollón y Ruth María Quevedo, con la aparente pretensión de apartarlas de la actuación, pero que en realidad de cara a lo inane de las razones en las que aquellas se soportaron, lo que parece buscaban era obstaculizar y dilatar el avance normal de la actuación administrativa. Propósito que cumplieron porque la CRA debió suspender la actuación por 47 días para que se tramitaran y decidieran las infundadas recusaciones que finalmente la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) desestimó de manera acertada. Ahora el término máximo para el pronunciamiento de la CRA es el próximo 12 de junio.
En el caso de la experta Mogollón, por ejemplo, llegaron al extremo abusivo y con cierta temeridad a afirmar que existe una grave enemistad entre la experta comisionada y el autor de esta nota, lo que de plano debo decir que no corresponde a la verdad. Por las expertas Mogollón y Quevedo solo tengo la mayor consideración y respeto personal, profesional e institucional como servidoras públicas que se desenvuelven en una de las áreas de práctica que como abogado me ocupo. Por lo demás, quien hace la solicitud es la UAESP y no quienes fungieron en 2024 como apoyo.
Espero que la CRA se pronuncie pronto y favorablemente, evitando que sin querer resulte haciéndole eco a quienes buscan sabotear el adelantamiento oportuno de una licitación que permitirá asegurar una vez más la extensión de la cobertura del servicio a los usuarios de menores ingresos y que podrá servir para corregir las gruesas falencias de las que padecen los actuales contratos.
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