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En Colombia, las normas de habilitación de los prestadores de servicios de salud se presentan como un avance incuestionable hacia la calidad y la seguridad del paciente. Inspiradas en estándares internacionales, buscan homologar prácticas, talento humano, infraestructuras y procesos a referentes de países con sistemas robustos y abundancia de recursos. El problema no está en la intención, sino en la desconexión entre la norma y la realidad del territorio donde debe aplicarse.
En amplias zonas del país, especialmente en ciudades pequeñas e intermedias y aún en zonas periféricas de grandes ciudades como Bogotá, la atención en salud no es escasa por falta de oferentes, sino por exceso de requisitos. Exigencias diseñadas para hospitales de alta complejidad en países desarrollados se aplican localmente sin matices a centros de baja complejidad, puestos de salud y consultorios que podrían resolver una parte significativa de la demanda. El resultado es predecible porque servicios potencialmente seguros quedan inhabilitados y los pacientes deben desplazarse largas distancias o, en muchos casos, simplemente no reciben atención.
Esta rigidez normativa no solo reduce el acceso; también podría distorsionar la competencia y elevar innecesariamente los costos del sistema. Al imponer infraestructuras, dotaciones y perfiles profesionales sobredimensionados para el nivel de complejidad requerido, se encarece la prestación sin que ello se traduzca en mejores resultados en salud. El gasto aumenta, pero el valor agregado se vuelve marginal.
Al elevar artificialmente las barreras de entrada, se termina favoreciendo a los grandes prestadores ya instalados y limitando a actores pequeños, locales o independientes. En la práctica, la habilitación dejaría de ser un instrumento de calidad para convertirse en un mecanismo de control del mercado. No es casual que muchas de estas exigencias cuenten con el respaldo activo de ciertos gremios
médicos y asociaciones profesionales que, bajo el discurso de la excelencia, terminan blindando posiciones dominantes.
Un ejemplo ilustrativo es la progresiva limitación del alcance del médico general. A pesar de estar formalmente capacitado para realizar múltiples procedimientos diagnósticos y terapéuticos, la regulación ha ido restringiendo su campo de acción. Intervenciones que podría realizar con seguridad quedan reservadas a especialistas, no por razones clínicas, sino normativas. Esto en municipios apartados y aún en centros urbanos equivale a demorar o negar el servicio y a encarecerlo artificialmente.
El supuesto implícito de estas normas es que más requisitos siempre implican mejor calidad. Sin embargo, la calidad también depende de la pertinencia, la oportunidad y la capacidad resolutiva. Un sistema que cumple estándares formales, pero no atiende a tiempo no es un sistema de calidad, sino uno administrativamente impecable pero ineficiente para atender la demanda de servicios.
Revisar críticamente las normas de habilitación no significa renunciar a la seguridad del paciente. Implica reconocer que la calidad también se mide por el acceso efectivo y oportuno con un uso racional de los recursos. Persistir en una regulación que restringe la oferta y encarece la atención no es rigor técnico; es una forma sofisticada de encarecimiento y exclusión que el sistema no puede seguir soportando.
