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Cuando se habla de salud pública, la mayoría piensa en vacunas, hospitales o campañas de prevención. Sin embargo, una de las intervenciones más efectivas para salvar vidas ocurre mucho antes de que llegue un paciente a una sala de urgencias, al garantizar que los hospitales permanezcan en pie cuando ocurre un desastre.
Los terremotos son fenómenos naturales; las tragedias humanas no siempre lo son. La ingeniería sísmica ha repetido durante décadas una verdad incuestionable: los terremotos no matan; los edificios que colapsan sí. Por ello, las normas de sismo resistencia constituyen una de las políticas de salud pública más costo-efectivas que puede adoptar un Estado. Su finalidad no consiste en evitar los sismos, sino en impedir que estos se conviertan en catástrofes humanas.
La reciente tragedia ocurrida en Venezuela volvió a demostrarlo. Más allá de la magnitud del movimiento telúrico, numerosos especialistas han señalado que la vulnerabilidad de muchas edificaciones y el deterioro de las capacidades institucionales, amplificaron las consecuencias del desastre. La prevención, una vez más, demostró ser mucho más importante que la respuesta posterior.
Bogotá, principal centro hospitalario del país, alberga dos ejemplos que deberían preocupar a cualquier autoridad sanitaria.
El primero corresponde a la torre central del Complejo Hospitalario San Juan de Dios. El estudio de vulnerabilidad sísmica elaborado por la Universidad de los Andes concluyó que, aunque técnicamente era posible realizar un reforzamiento estructural, la alternativa más conveniente desde el punto de vista técnico, económico y de seguridad era su demolición y la construcción de una nueva edificación.
Precisamente por esa razón, en 2019 se elaboró un contrato para demoler la torre y levantar un nuevo hospital. Sin embargo, tras la adquisición del complejo por parte del Gobierno Nacional durante la administración del presidente Gustavo Petro, este fue terminado sin que, hasta la fecha, se haya materializado una solución definitiva. Ahora, cuando restan pocos días para concluir el actual gobierno, nuevamente se anuncia la reapertura del hospital, reproduciendo una situación similar a la ocurrida en 2015, cuando siendo alcalde de Bogotá también se planteó reactivar el complejo pese a las advertencias existentes sobre la vulnerabilidad sísmica de esa infraestructura.
El segundo caso corresponde al Hospital Simón Bolívar. Desde la década de 1990, los estudios técnicos concluyeron que la torre principal presentaba condiciones de vulnerabilidad tales que la solución más recomendable era su demolición. Los expertos descartaron el reforzamiento estructural por dos razones, las limitaciones físicas del lote y la imposibilidad de intervenir una edificación que requería ser desocupada completamente. Con ese propósito, en 2018 el Distrito estructuró un proyecto para su reemplazo y adquirió un nuevo terreno cercano donde se proyecta construir un hospital moderno que reemplace al actual, tarea que reactivó el actual alcalde luego del archivo por su predecesora.
Estos dos casos ilustran que la seguridad estructural de los hospitales no puede quedar subordinada a decisiones políticas, coyunturas electorales o intereses simbólicos. Los hospitales son infraestructura crítica. Deben seguir funcionando precisamente cuando toda la ciudad los necesita. Si colapsan durante un terremoto, no solo ocasionan la muerte de pacientes y trabajadores de la salud, sino que eliminan la capacidad del sistema para atender miles de lesionados.
La prevención rara vez produce titulares, pero salva muchas más vidas que cualquier operación de rescate. En salud pública, pocas decisiones son tan trascendentales como escuchar a tiempo la evidencia técnica y actuar antes de que la naturaleza pase la factura.
