La salud pública es en principio una disciplina técnica que busca intervenir factores determinantes de la salud mediante políticas y programas orientados a prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover el bienestar colectivo. Sin embargo, su desarrollo acontece en un contexto social y político atravesado por intereses, valores y visiones ideológicas.
La “ideologización” es la influencia de doctrinas políticas, creencias morales o marcos de justicia social en las decisiones sobre prioridades y estrategias sanitarias. Su uso ha generado un intenso debate, porque podría considerarse tanto una herramienta de transformación social como una amenaza para la legitimidad y efectividad de las políticas de salud.
Ayuda a visibilizar que los problemas de salud también responden a determinantes sociales, económicos y culturales, y no solo a los biológicos. Nancy Krieger, epidemióloga social estadounidense, señala que las desigualdades en mortalidad y morbilidad están vinculadas a la pobreza, discriminación, racismo o género. Insiste en que la salud pública es inseparable de la justicia social, resaltando la necesidad de posicionar agendas de equidad, redistribución de recursos y derechos humanos.
Igualmente hay peligros significativos. Jessica Flanigan, filósofa estadounidense, sostiene que adoptar una posición ideológica en la salud pública encara el riesgo de perder legitimidad científica y convertirse en un vehículo de imposición moral. En lugar de focalizarse en intervenciones demostradamente eficaces para reducir la morbilidad y mortalidad, el énfasis se desplaza hacia agendas políticas sin un impacto palpable en salud que pueden generar desconfianza ciudadana y polarización.
La ideología también puede derivar en paternalismo que fácilmente se vuelve autoritarismo. Bajo la justificación de proteger el bienestar colectivo, los gobiernos pueden restringir libertades individuales
de manera desproporcionada, como ha ocurrido con políticas de control de sustancias psicoactivas, restricciones de movilidad o imposiciones en temas de salud reproductiva. Si estas medidas se perciben como pretensiones ideológicas, su legitimidad se debilita y la población puede resistirse a cumplirlas reduciendo su efectividad.
Además, su instrumentalización partidista sobre presupuestos, programas de prevención o acceso a servicios de salud puede llevar a decisiones basadas en intereses electorales y no en necesidades de salud pública. Esto se evidenció en algunos casos durante la pandemia de COVID-19, donde la atención estuvo condicionada por afinidades ideológicas con graves consecuencias en mortalidad y confianza institucional.
El reto consiste en encontrar un equilibrio que reconozca la dimensión política de la salud, pero sin caer en los extremos de la imposición ideológica o su uso como arma de lucha política, que articule evidencia científica con principios éticos que garanticen tanto el rigor técnico como la equidad y el respeto a los derechos individuales.
Cuando la ideología sustituye la evidencia científica por fines partidistas, se transforma en herramienta para acceder o conservar el poder con graves consecuencias, como lo hace este gobierno o como lo hizo cuando estuvo en la alcaldía de Bogotá. Destruyeron sistemáticamente la legitimidad del sector salud y la confianza de la gente en este, daño que tardará décadas en recuperarse. Hoy son víctimas de su propio invento que ni siquiera atinan como enfrentar.
