Datos del Gaula de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, revelaron que del total de casos de extorsión en Colombia, cerca del 69% se hace desde centros carcelarios y penitenciarios.
Así, la extorsión que sumó más de 11mil denuncias en 2025, es una preocupación mayúscula para la ciudadanía; si bien este delito se volvió famoso en los 80s y 90s por ser un mecanismo de financiamiento de grupos armados al margen de la Ley; para los 2000 fue adoptado por bandas delincuenciales, que sin ser grupos armados, empezaron a cobrar “vacunas” por prestar en barrios y veredas, supuestos servicios de vigilancia, rondas de cuidado y garantía de condiciones de comercio ante otros delincuentes.
En la actualidad, se volvió común que luego de hechos mediáticos como ataques, atentados o presencia de grupos armados, se disparen en menos de 72 horas hasta un 49% las llamadas extorsivas que usan nombres como ELN, Disidencias, Clan del Golfo o Tren de Aragua, sin que lo sean, pero generando el miedo suficiente para que las víctimas accedan a las pretensiones delincuenciales.
En este punto se entrelazan cuatro grandes problemas: 1. La crisis del INPEC; 2. La imposibilidad del Estado en controlar a los delincuentes al interior de las cárceles; 3. La mina de oro que encontraron en la extorsión telefónica y 4. La venta de simcard sin ningún tipo de control en las calles del país.
Los problemas enunciados, crearon un producto colombiano: los call centers del crimen, estructuras con cientos de líneas de celular activas desde las cárceles, que realizan llamadas 24 horas para robar datos, engañar para acceder a claves de tarjetas, cuentas y trasferencias o hacerse pasar por grupos armados y propiciar desembolsos de dinero.
Pero ¿cómo una persona tras las rejas puede hacer llamadas, no tener quién les controle y además acceder a detalles personales de las víctimas? la respuesta es simple: las simcard con minutos de bienvenida se compran sin control desde 2000 pesos y a las bases de datos de 5.000 personas con nombres, cédulas, dirección, teléfono celular, cuenta de banco, nombre de su cónyuge e hijos y la empresa donde trabaja se accede desde 20.000 pesos.
Lastimosamente la Ley de Habeas Data se quedó en formularios y formatos que pocos leen y en donde las personas aceptan entregar sus datos, para que sin ningún reparo dicha información rote de mano en mano, correo en correo y hasta por mensajería de celular, sin que nadie vigile, regule o
actúe de manera preventiva. De ahí que la suplantación de identidad, los préstamos hechos por delincuentes a nombre de otras personas y los interminables mensajes de texto para ofertas que no se han pedido, sean el pan de cada día de las y los colombianos.
Mientras tanto y delante de todos, los delincuentes, hacen su fiesta con la venta de datos personales y la extorsión con el arma del miedo
Por Andrés Nieto Ramírez
