Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Dos proyectos de ley recientemente aprobados evidencian una realidad preocupante: los 17 representantes bogotanos en la Cámara parecen más concentrados en apoyar o criticar al gobierno nacional que en cuidar los intereses concretos de la ciudad que los eligió. El resultado: pérdidas millonarias para la capital y riesgos innecesarios en sus ciclorrutas.
En contexto: Nuevo temor para la movilidad: patinetas y bicis eléctricas por las ciclorrutas
El primer jalón de orejas corresponde a la reforma al Fondo de Pasivos de las Entidades Territoriales (FONPET), promovida intensamente por los gobernadores. Este fondo, creado inicialmente para cubrir los pasivos pensionales anteriores a 1993, administra hoy $62 billones de pesos provenientes de distintas fuentes. Cada municipio y departamento tiene allí su propia subcuenta donde maneja sus recursos, pero esta semana el FONPET fue protagonista de una reforma que amenaza gravemente las finanzas municipales, especialmente las de Bogotá.
Concretamente, el numeral 4 del artículo 3 de la reforma establece que el 10% de los ingresos corrientes de libre destinación de todos los municipios del país deberá usarse obligatoriamente para cubrir los pasivos pensionales registrados en el FONPET. Aunque pueda parecer un cambio técnico, esta modificación implica un golpe directo y duro a las finanzas locales: $3,6 billones de pesos menos para los municipios colombianos, de los cuales Bogotá pierde $1,2 billones.
No es una cifra menor. Significa que la capital dejará de invertir una cantidad enorme de recursos en infraestructura, educación, seguridad y movilidad porque de ahora en adelante tiene que dirigir esta plata a un fondo que históricamente ha tenido otras fuentes de financiación. Lo sorprendente es que esta decisión se aprobó casi por unanimidad, mientras los representantes de Bogotá, encargados precisamente de alertar sobre estos riesgos, miraban hacia otro lado.
Aquí emerge una reflexión clave: la descentralización no puede avanzar beneficiando a unas entidades territoriales a costa de otras. Los gobernadores celebran hoy una victoria pírrica que termina dañando a los municipios y especialmente a Bogotá. La verdadera autonomía territorial se fortalece cuando todos los niveles territoriales ganan, no cuando unos pierden para que otros se beneficien. Este modelo, lejos de construir una descentralización real, profundiza inequidades y genera tensiones territoriales innecesarias.
El segundo jalón de orejas proviene de otro proyecto que evidencia nuevamente la falta de atención hacia Bogotá: la regulación de vehículos eléctricos ligeros, como patinetas y motos eléctricas de hasta 1.000 W. Estos vehículos podrán circular ahora sin requisitos básicos de seguridad, matrícula, licencia o SOAT por las ciclorrutas bogotanas, algo que podría parecer moderno y ambientalista, pero en realidad es un grave error técnico y urbanístico.
Las ciclorrutas fueron concebidas para bicicletas: vehículos ligeros que transitan a velocidades moderadas y seguras. Ahora, por esta decisión del Congreso, deberán soportar vehículos eléctricos más pesados, más rápidos (algunos superando los 30 km/h), sin regulación ni controles mínimos. El riesgo no es teórico: habrá más accidentes, mayor inseguridad para peatones y ciclistas, y se desvirtúa por completo el propósito original de estos espacios.
Mientras estos cruciales debates ocurrían, la bancada bogotana estaba distraída, atrapada en debates nacionales sobre si el presidente Petro gobierna bien o mal, olvidando la misión esencial por la cual fueron elegidos: proteger los intereses cotidianos y reales de Bogotá.
No se trata de renunciar a posiciones políticas ni dejar de fiscalizar al gobierno nacional. Se trata de ejercer una política responsable, informada y consciente de lo local. Para eso precisamente existen las UTL (Unidades de Trabajo Legislativo) y los equipos de apoyo de cada representante. Ellos debieron advertir oportunamente estas implicaciones negativas, evitando que estas decisiones pasaran desapercibidas hasta que ya era demasiado tarde.
Este doble error legislativo deja claro algo fundamental: los representantes de Bogotá deben proteger los intereses de la ciudad, independientemente del partido político que gobierne a nivel nacional.
El jalón de orejas no es menor: esta semana Bogotá perdió recursos equivalentes a casi todo el presupuesto del Ministerio de Agricultura y comprometió la seguridad e integridad de sus espacios públicos. Es hora de que los representantes recuerden que su deber primordial es defender a la ciudad por encima de cualquier disputa partidista o personal.
Bogotá merece representantes que legislen mirando hacia la ciudad, no hacia las trincheras políticas. Que esta sea la última vez que decisiones vitales para Bogotá se tomen tan a la ligera.
Por Felipe Jiménez Ángel
