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El anuncio del presidente electo Abelardo De La Espriella de crear una gerencia especial para Bogotá, con un equipo experto dedicado a servir de enlace permanente entre el Gobierno nacional y el Distrito, constituye una gran noticia y, por tanto, una oportunidad que la capital no puede desaprovechar. Más que un gesto de transición reconoce que la relación entre la Nación y Bogotá posee una vital trascendencia y arrastra un déficit de coordinación que ha aplazado u obstruido decisiones determinantes para millones de colombianos.
Precisamente por ello, esa gerencia debería trascender este gobierno y consolidarse como un canal institucional que haga efectivo el régimen especial que la Constitución le reconoce a Bogotá como capital de la República y de Cundinamarca. No se trata de recentralizar la ciudad ni mucho menos de subordinarla al Ejecutivo nacional, sino de dotar de eficacia real a una autonomía que, sin interlocución permanente y eficaz con la Nación, se queda en el papel.
La nueva figura no es una simple ventanilla administrativa. De su concepción y riguroso diseño dependerá cómo se financien y viabilicen proyectos estancados desde hace años: seguridad ciudadana, transporte masivo, movilidad, infraestructura, servicios públicos como el agua y el saneamiento, y la gestión ambiental. También condicionará el tono de la relación entre la capital y el Gobierno nacional durante los próximos cuatro años.
Sin embargo, el debate corre el riesgo de partir de una premisa equivocada: confundir la coordinación Nación-Distrito con una amenaza a la autonomía territorial. El régimen especial de Bogotá -su Concejo, su personería, su contraloría distrital- no se debilita porque exista un interlocutor permanente en la Presidencia; se fortalece cuando esa autonomía cuenta con un canal eficaz para resolver lo que excede su capacidad fiscal y de gestión con todos los organismos distritales.
Con seguridad, lo que espera el presidente electo con esta gerencia es reforzar ese régimen especial que la Bogotá de todos requiere. Su apuesta parte de una premisa clara: la capital de los colombianos merece un Gobierno nacional cercano a ella, a las sedes del poder público que alberga, al mayor centro económico del país y a los millones de ciudadanos de todas las regiones que allí confluyen. Cumplir esa premisa no es un favor a Bogotá: es la condición para que el régimen especial que la Constitución le reconoce cumpla, por fin, su propósito sin obstáculos puestos desde la nación.
Lo que sí merece especial discusión es el diseño institucional de esa gerencia. Para que resulte legítima y no se perciba como un arreglo entre dos gobiernos afines, debe articularse también con el Concejo de Bogotá y con los órganos de control distritales. Solo así trascenderá el ciclo de un gobierno y se convertirá en política de Estado. Existen, además, interrogantes que merecen examen riguroso: si tendrá presupuesto propio, respaldo normativo que garantice su continuidad, y articulación con instancias regionales ya existentes, como la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
A veces, la mejor descentralización no consiste en ceder nuevas competencias, sino en garantizar que las que ya existen operen con eficacia. La gerencia especial para Bogotá no debería leerse como una concesión política de un gobierno entrante, sino como la oportunidad de convertir el régimen especial de la capital en una herramienta real para resolver, por fin, los problemas de seguridad, infraestructura, movilidad, servicios públicos y ambiente que la aquejan desde hace décadas.
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