María tenía tres años cuando Colombia aprobó la Constitución de 1991. No recuerda el debate de la Asamblea Nacional Constituyente ni las páginas del nuevo texto constitucional. Lo que recuerda es otra cosa: el largo camino hasta la escuela, las tardes en las que su madre la dejaba al cuidado de los vecinos mientras trabajaba y la sensación de que la infancia era una etapa que había que superar pronto para ayudar en casa. En aquellos años, pocas personas hablaban de los derechos de los niños y mucho menos de las niñas. Se les protegía cuando era posible, pero rara vez se les reconocía como ciudadanos y mucho menos como sujetos de interés superior.
Treinta y cinco años después, María ve crecer a su hija en un país distinto al que ella conoció. No en un país sin desigualdades ni violencias, sino en uno donde la infancia ocupa un lugar diferente en la Constitución, en las leyes y en las políticas públicas. Hoy existen mayores oportunidades para acceder a la educación, a la alimentación escolar, a la atención en la primera infancia y a mecanismos de protección frente a la violencia. Sin embargo, la calidad de esas oportunidades sigue dependiendo, muchas veces, del territorio donde se nace y de las condiciones de cada familia. El cambio más profundo, entonces, no está solo en los programas que existen, sino en la manera como Colombia entiende a su niñez: desde 1991, las niñas, los niños y los adolescentes dejaron de ser vistos únicamente como personas a quienes había que proteger para convertirse en ciudadanos con derechos, cuya garantía es una obligación del Estado, la familia y la sociedad.
Ese cambio transformó la manera de entender la infancia en Colombia. La educación dejó de verse únicamente como acceso a la escuela para convertirse en un derecho fundamental; la protección integral dejó de ser una respuesta asistencial para convertirse en una responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y la sociedad; la participación infantil empezó a ganar espacio, su voz y sentir tomaron lugar en lo cotidiano; y, con el paso de los años, nuevas normas fortalecieron la atención a la primera infancia, el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, la protección frente a las violencias y el reconocimiento del derecho a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente sano, seguro y amigable.
La Constitución no resolvió todos los problemas. Ningún texto constitucional podría hacerlo. Pero cambió la pregunta. Antes bastaba con preguntarse ¿qué necesitaban las niñas y los niños?. Desde 1991 la pregunta es otra: ¿qué estamos obligados a garantizar para que puedan desarrollar plenamente sus capacidades y vivir con dignidad?
Los avances son innegables. Hoy existe un marco constitucional y legal que protege la educación, la salud, la nutrición, la participación, la identidad, la protección frente a cualquier forma de violencia y el desarrollo integral desde la primera infancia. Colombia cuenta con instituciones, políticas públicas y programas que hace tres décadas eran impensables. Miles de niñas y niños han visto ampliadas sus oportunidades gracias a ese cambio de paradigma.
Pero la historia de María también recuerda que las constituciones no transforman la realidad por sí solas. Treinta y cinco años después, los avances conviven con desafíos que siguen marcando la vida de miles de niñas, niños y adolescentes. Aunque Bogotá logró reducir la pobreza multidimensional del 5,4 % al 2,2 % en 2025 y más de 252.000 personas salieron de esa condición, el acceso oportuno a la salud continúa siendo la principal privación que explica la pobreza que persiste en la ciudad. Las violencias siguen siendo una de las mayores deudas con la niñez: durante 2025, 32.970 niñas, niños y adolescentes fueron identificados como víctimas de violencia intrafamiliar y de género en Bogotá, lo que representa el 64,9 % de los casos registrados. A ello se suma un desafío que crecerá en las próximas décadas: Bogotá es la segunda ciudad más vulnerable al cambio climático en Colombia, con un 30 % de su área urbana expuesta a amenaza de inundación y millones de habitantes ubicados en zonas de riesgo por fenómenos asociados al clima. Estos datos recuerdan que la promesa constitucional sigue siendo una tarea en construcción, especialmente para quienes nacen y crecen en contextos de mayor vulnerabilidad.
Quizá por eso el aniversario número treinta y cinco de la Constitución no debería celebrarse únicamente como una fecha histórica. Debería ser una invitación a renovar un compromiso. Cada generación tiene la responsabilidad de hacer realidad las promesas que recibió de la anterior.
María sabe que su hija tiene más derechos que los que ella tuvo a su edad. Esa es, sin duda, una de las mayores conquistas de la Constitución de 1991. El desafío ahora es que esos derechos no dependan del lugar donde una niña nazca, de los ingresos de su familia o de la suerte que tenga en la vida.
Porque el verdadero legado de una Constitución no se mide por el número de artículos que contiene ni por los años que cumple. Se mide por la posibilidad de que cada niña y cada niño crezcan protegidos, participen, aprendan, sueñen y desarrollen plenamente sus capacidades y talentos. Treinta y cinco años después, esa sigue siendo la promesa más importante de la Constitución de 1991. Y también la tarea más urgente de Colombia.
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Por Zullybeth Mora Cubillos
